El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, calificó hoy de “disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de los artículos 75 y 99 de la Constitución Nacional", la medida de solicitar una investigación en contra de la presidenta Cristina Fernández tras la firma del Memorando de Entendimiento con Irán en 2013 por el atentado a la mutual judía en 1994.

De acuerdo con el fiscal Alberto Nisman, la firma del memorando viola "atribuciones del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo". Nisman considera que la acción de la presidenta forma parte de un complot judicial con ayuda de “grupos de inteligencia internacional”.

Por su parte, Capitanich manifestó que la denuncia responde a una "estrategia de carácter corporativo con algunos miembros y sectores del poder judicial con grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos con objeto no solo de hostigar al Gobierno de Argentina sino de pretender su desestabilización permanente en una clara actitud golpista".

Defendió a la presidenta Fernández al afirmar que "ha sido históricamente una férrea defensora para el esclarecimiento de este hecho doloroso para la historia argentina".

Esta sentencia también fue interpuesta para el canciller, Héctor Timerman y alcanza al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D'Elia, Fernando Esteche, personal de la secretaría de Inteligencia de la Presidencia argentina, el exfiscal federal y exjuez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní Jorge "Yussuf" Khalil.

El jurista Nisman alegó que la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante telefonía en conversaciones del Gobierno argentino.

En contexto

El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) causó 85 muertos y 300 heridos el 18 de julio de 1994, dos años después de que una bomba explotara frente a la embajada de Israel en Buenos Aires y provocara 29 víctimas mortales.