La violencia en Honduras sigue cobrando la vida de líderes ambientalistas, pese a los 23 años de lucha del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de ese país (Copinh), que ha tenido resultados positivos a favor del medio ambiente. Hace seis meses ocurrió uno de los asesinatos con mayor trascendencia internacional: Berta Cáceres. 

La impunidad es uno de los motivos que los especialistas atribuyen al descontrol de la inseguridad. Explican que la herencia del golpe de Estado (de hace siete años contra Manuel Zelaya) influye en la falta de justicia ante crímenes de activistas sociales y comunitarios, tales como Berta Cáceres, Nelson García y Yaneth Urquía. 

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Los asesinatos de líderes, que han dedicado su vida a evitar que las transnacionales operen en ríos, lagos, suelos y lugares sagrados para la población indígena, sigue pasando sin que se llegue a un acto de justicia para los culpables, explican integrantes de la Copinh.

Cáceres se dedicó durante más de 20 años a luchar por los derechos de los pueblos, la justicia social y la correcta administración de los recursos naturales.

"El sentido de pertenencia de la líder asesinada se oponía a los intereses de las empresas que trabajan en las mineras sin la mínima consideración al ecosistema, pero su lucha tuvo consecuencia, y ella, trajo resultado: Su muerte", aseguran voceros del Copinh. 

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La lucha del Copinh, sobre todo de Cáceres, impidió que la represa Agua Zarca perjudicara las actividades agrícolas, privatizara ríos y ocasionara desplazamientos, situación que le dejó una estela de enemigos "poderosos", de quienes recibió constantes amenazas y todas ignoradas por el Estado. 

Pero el caso de Berta no es el único, explican líderes del Copinh y , agregan "tal es el caso de Antonio Luna López y Jeannette Kawas Fernández. Ambos crímenes quedaron impunes, porque nunca se detuvo a ninguna persona".