Los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunciaron que el Estado está manipulando la investigación del asesinato de la líder social, Berta Cáceres, quien era coordinadora general de la organización.

En un comunicado, señalaron que el objetivo es criminalizar al Copinh y ocultar la verdad del crimen, por lo que exigen que en la investigación se incluyan expertos independientes e internacionales.

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Específicamente, piden que Honduras firme un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que envíe una comisión de expertos al país. 

Diversos atropellos antes y después del crimen

Entre los atropellos denunciados por la organización, está la negación de la solicitud presentada por la familia de que la autopsia fuese realizada con la presencia de forenses independientes, más el decomiso, sin justificación, del vehículo de la organización, así como los zapatos de Tomás Gómez, coordinador del consejo.

“Es claro que el Estado Hondureño, el mismo Estado que criminalizó a Berta Cáceres, el mismo que dio orden de captura a Berta, que la persiguió, amenazó, tiene responsabilidad por su asesinato, no se puede investigar a sí mismo”, expresaron en el comunicado. 

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Otra de las irregularidades que mencionaron fue que las autoridades detuvieron por 48 horas a Aureliano Molina Villanueva, miembro base de la organización, a pesar de que testigos afirmaron que él estaba a dos horas del lugar donde fue asesinada la líder indígena.

En este sentido, señalan que estas acciones reflejan que el Estado tiene la intención de seguir criminalizando y difamando.

“Sabemos con certeza que el asesinato de Berta Cáceres fue un crimen político, con el motivo de silenciar a una lideresa nacional en la lucha contra el modelo neoliberal de destrucción y muerte que impone el estado Hondureño”, manifestaron en el texto.

También denunciaron que el día que ocurrió el crimen, los testigos vieron a sicarios de la empresa DESA en un carro hablando mal de Cáceres, justo en el desvío que conduce a La Esperanza.

Anteriormente, el 20 de febrero, durante una movilización del consejo, en contra de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el vicealcalde de San Francisco de Ojuera, quien está colaborando con la mencionada empresa, sentenció de muerte a la líder indígena. Y el 16 del mismo mes unos hombres armados persiguieron a Berta.

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“Si la Fiscalía quiere investigar la muerte de Berta Cáceres, que decomisen e investiguen los vehículos relacionados con DESA y sus sicarios, específicamente el Ford 150 de color azul, en que se movilizaron los sicarios de DESA el mismo día del asesinato de Berta”, señalaron.

Advirtieron que la seguridad del testigo del asesinato, el mexicano Gustavo Castro Soto, está en riesgo y exigieron el fin de la criminalización contra el Copinh y todos sus integrantes, así como terminar con los asesinatos y la persecución contra todos los luchadores del pueblo hondureño.

En contexto: 

La líder indígena y coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, fue asesinada en la madrugada del jueves, por parte de sujetos desconocidos en el interior de su vivienda, ubicada en el sector La Esperanza, departamento del Intibucá del sur-occidente del país.

Berta Cáceres había denunciado una semana antes de su muerte el asesinato de cuatro dirigentes indígenas de la comunidad lenca.

Fue una de las fundadoras en 1993 del Copinh, y por su lucha en defensa de los recursos naturales, en el occidente de Honduras en 2015,  fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman.