El único testigo del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, Gustavo Castro, aseguró que en el asesinato de la líder indígena el pasado 3 de marzo, están involucrados representantes de la empresa DESA, del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

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Castro, que es un activista mexicano, relató en una entrevista para teleSUR que horas antes de la muerte de Cáceres estuvo platicando de las amenazas que ella recibió durante las semanas previas, intimidaciones y fuertes amenazas por parte del personal y también, presuntamente, de sicarios contratados por la empresa DESA. 

"A medianoche se oyó el portazo muy fuerte en la puerta de su casa e inmediatamente en mi cuarto entra uno de los sicarios y, paralelamente, también a su habitación entra otra persona. Todo fue muy rápido, 30 segundos quizás, en donde simultáneamente la asesinan a ella y a mi me disparan", relató.

Aseguró que a Berta la tenían bien localizada. "Estaban esperando a que estuviera sola, entonces yo creo que les sorprendió ver a otra persona ahí, y no sabían qué hacer, así que simplemente me dispararon y salieron corriendo", explicó.

El activista mexicano detalló que el disparo solo le rozó la oreja, por lo que salió ileso del ataque. "Logré ver la cara de uno de los sujetos  que me disparó, pensó que estaba muerto, pero no, ahí me convierto en el principal testigo, en el testigo protegido", detalló.

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Castro explicó que durante los meses previos al asesinato, Cáceres estuvo siendo hostigada por la multinacional de energía, por sus intereses en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al cual ella se opuso vehementemente.

Sostuvo que en Honduras existe un vacío constitucional para proteger los derechos humanos de los activistas, por lo que en la última década han sido asesinados más de 100 ambientalistas en ese país.

Después del asesinato, la familia de Cáceres señaló de inmediato a DESA. El 31 de marzo, el Ministerio Público de Honduras anunció en un comunicado de prensa que había incautado armas y documentos de la oficina de DESA y cuestionado a varios empleados.

Impunidad 

"Durante la última década han habido más de 100 asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. Y todos estos conflictos también vinculan mucho al ejército, a la policía. Es parte de la realidad de Honduras. En este caso muy específico, ella decía que la culpable era la empresa. La empresa era la que tenía un enfrentamiento muy fuerte, muy directo con ella", explicó Gustavo Castro.

El activista, tras su experiencia en el país centroamericano, aseguró que "en Honduras hay un vacío constitucional para proteger los derechos humanos". 

"El gobierno quiso tenerme físicamente bajo su control. No tiene ley de víctimas. Tampoco hay reglamentos ni protocolos, ni presupuesto para los defensores de derechos humanos. No hay tampoco un reglamento para los testigos protegidos", concluyó.

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