Grecia espera llegar a un acuerdo con sus acreedores de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que salve al país de la suspensión de pagos el 18 de junio, durante la reunión de la eurozona, aseguraron dos ministros este viernes.

"Espero que llegue muy pronto (un acuerdo), el 18 de junio, cuando se reúna el Eurogrupo", dijo el ministro de Estado Alekos Flamburaris, colaborador cercano del primer ministro, Alexis Tsipras, a la televisión estatal ERT.

Mientras tanto, el titular de Defensa, Panos Kamenos, aseguró en una entrevista con el canal Mega que el acuerdo "llegará el 18 de junio o nunca".

El plan de ayuda vigente de la UE y el FMI a Atenas expira a finales de junio y, de no llegar a un acuerdo que asegure nuevos préstamos, el país se quedaría sin financiación para hacer frente a inminente suspensión de pagos.

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Los diálogos de los últimos cinco meses se han atascado por la negativa del gobierno de Alexis Tsipras de ceder a las exigencias de sus acreedores sobre objetivos presupuestarios, reformas estructurales y subida de impuestos.

Sin embargo, la presión aumenta sobre Atenas, después de que el FMI afirmara el jueves que abandonaría las negociaciones y Bruselas advirtiera al país que debe dejar de "jugar" con la posibilidad de la quiebra y de una eventual salida del país de la zona euro.

En Contexto

Grecia negoció con sus acreedores una extensión de nueve meses de su programa de asistencia que incluye nuevas financiaciones para el país, indicó el miércoles una fuente gubernamental.

"Hablamos de una extensión de nueve meses, hasta marzo de 2016, del programa" actual de reformas impuesto al país por sus acreedores, lo que supone volver a colocar al país bajo asistencia financiera, afirmó esta fuente citada por la agencia AFP.

Pero Grecia reclamó que se desbloqueen "financiamientos que permitan relanzar la economía griega y no sólo cubrir los vencimientos" que debe saldar, señaló

Toda la situación actual del país heleno responde al rescate por 240 mil millones de euros otorgados en 2011 por dos instituciones de la UE y el FMI, a cambio del cual el Ejecutivo anterior debió implementar fuertes medidas de austeridad que provocaron gran descontento social.