Con el nombramiento del economista Ilan Goldfajn como presidente del Banco Central de Brasil, queda en evidencia la intención del presidente interino de esta nación, Michel Temer, de entregar las riendas de este país a empresarios y banqueros.

En un reportaje especial transmitido durante el programa Impacto Económico de teleSUR, en el cual se analizó el recién nombrado gabinete del mandatario encargado de la nación, se conoció que parte del nuevo tren ministerial es encabezado por figuras de la política económica vinculada a los Estados Unidos.

Goldfajn, es una muestra de ello. Su largo currículo incluye su actuación como jefe y socio de Itaú Unibanco, la entidad más poderosa del país, además de haber trabajado entre 1996 y 1999 en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ser consultor de esta institución.

>> Senado de Brasil iniciará debates para definir calendario de impeachment contra Rousseff

Su designación ha puesto sobre aviso a la población pues delata el claro propósito de la reestructuración del gabinete: Cambiar completamente la forma de Gobierno popular por uno de mayor beneficio para el sector empresarial.

A la nueva composición del Estado se suma Henrique Meirelles, expresidente del Banco de Boston, relacionado con Wall Street, como nuevo ministro de Finanzas; además del José Serra, quien se coloca al frente de la cartera de Relaciones Exteriores.

>> Brasileños cacerolearon a Temer durante su primera entrevista televisada

La lista la engrosan Geddel Vieira Lima, ministro jefe de la Secretaría de Gobierno, y Blairo Maggi, ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, este último, conocido terrateniente, catalogado como el Rey de la Soja y señalado por la tala de la Amazonia.

Maggi promueve un proyecto de ley que busca minimizar las licencias ambientales necesarias para acometer obras.

Temer prometió un gobierno para el reimpulso de la economía y de castigo para los responsables en el caso de corrupción "Lava Jato", por el cual se investiga a dos de sus ministros.

No obstante, la prensa local señala que su gestión apunta a la reducción de beneficios, mayor participación extranjera, disminución de la inversión social, entre otros planteamientos de "Un puente por el futuro", un plan económico que dejaría atrás el modelo de énfasis social usado desde 2003.

Dicho proyecto contempla una revisión a "Mi casa y mi vida", la misión de vivienda que en una primera etapa construyó un millón de casas y que en una segunda etapa prevé 2,5 millones.

Asimismo, promueve eliminar la gratuidad de algunas universidades federales y la indexación de sueldos y beneficios, además de conceder más espacio al sector privado en la explotación del petróleo.