La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que las llamadas telefónicas cargadas de amenazas contra el presidente Mauricio Macri no quedarán impunes. 

En referencia a las amenazas que recibió Macri la semana pasada, Bullrich indicó que las medidas que se tomen, como la prisión, serán parte de una  política de Estado.

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Por el hecho, la policía argentina detuvo a dos individuos, sospechosos de realizar amenazas contra el mandatario suramericano, en las que le advertían que iban a colocar un artefacto explosivo en su domicilio. 

Autoridades de ese país informaron que un tercer sospechoso se encuentra prófugo en el país vecino, Uruguay. 

La ministra argentina especificó, en una reciente rueda de prensa, que "ningún caso donde hay una amenaza, una intimidación" quedará impune y explicó que la medida parte de una política de Estado. 

"Todo aquel que quiera utilizar el 911 -número de emergencias de la Policía argentina- de una manera errada, que quiera amenazar, que quiera intimidar, este Gobierno ha tomado una decisión de no hacer más lo que hemos visto que se hacía, que era ir ahí y luego nadie hacía más nada", insistió Bullrich.

La titular de la cartera de Seguridad declaró a medios locales que se aplicará un orden al 911 de ese país, debido a que los sospechosos realizaron 9 mil llamadas. 

"Es una locura. Habrá que buscar un sistema de alerta para que cuando se llama mucho de un mismo teléfono, se pueda saber", insistió. 

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Persecución política

El pasado 4 de agosto el Gobierno argentino falló en el intento de arrestar a la líder de la asociación argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tras ser declarada en "rebeldía" por no presentarse ante la justicia de ese país. 

Por este motivo, ciertos de argentinos salieron a las calles para apoyar a la octogenaria dirigente, con fuertes críticas al Gobierno de Macri.