La Fiscalía peruana solicitó este martes a una corte judicial el arresto del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Los cargos que enfrenta el mandatario son el tráfico de influencias y el lavado de activos por la recepción de 20 millones de dólares en sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Odebrecht es la firma constructora brasileña que se encuentra en el centro de los escándalos por corrupción en 12 países del todo el mundo. La compañía fue encontrada culpable de sobornar a funcionarios para obtener la adjudicación de grandes proyectos de construcción e infraestructura en Brasil. Allí accedió a pagar 3,5 mil millones de dólares en multas.

La medida de prisión preventiva fue confirmada vía Twitter por el poder judicial y por la fiscalía de Perú.

Este lunes la fiscalía anunció que iniciaría la investigación formal en contra del exmandatario. El sábado 4 la policía peruana allanó la vivienda de Toledo en Lima durante la madrugada. Durante el allanamiento encontraron documentos confirmando cuentas por 11 millones de dólares.

El fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro, también formalizó la investigación en contra de Josef Maiman, un empresario y amigo de Toledo. El exdirectivo de Odebrecht Latinvest, Jorge Barata, quien confesó el pago de los sobornos ante la fiscalía de Brasil y Perú, también está siendo investigado en Perú.

El juez de la causa, Richard Concepción, tendrá 48 horas para decidir sobre la solicitud de la fiscalía. De ser afirmativo el fallo, el expresidente Toledo podría pasar hasta 18 meses en prisión preventiva mientras la fiscalía concluye la investigación. El presunto soborno habría sido realizado para obtener el proyecto de construcción de la vía Interoceánica que une el sur de Perú con el oeste de Brasil.

El anuncio ha causado indignación entre la población peruana quienes manifestaron sentirse “decepcionados” de la clase política ante el prospecto de que todos sus expresidentes con vida terminen en prisión por corrupción. En Perú, Odebrecht pagó sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, lo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Toledo negó haber recibido dineros de la constructora, denunció que Barata “miente” y que se trata de una persecución política de parte de sus “enemigos”.

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