Este viernes, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó una querella contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont y contra la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa por incurrir en presunta desobediencia, prevaricación y malversación. Este último delito implica penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. 

Ante estas acusaciones e intentos por detener los comicios soberanistas, Carles Puigdemont aseguró que "no suspenderán la democracia en Cataluña, ni ningún consejo de ministros ni ningún tribunal desprestigiado". 

Asimismo, añadió que "ante el tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia". 

La acusación señala que los miembros del Gobierno catalán habrían incurrido en delitos al firmar el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 1-O "violando frontalmente" los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) sobre la inconstitucionalidad de esa consulta.

Para la Fiscalía, el delito de malversación de fondos públicos, el más grave de los tres, "ha iniciado su ejecución, pues se ha puesto en marcha un procedimiento que va a generar un importante gasto público, estando orientado a llevar a cabo actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del Tribunal Constitucional (...)".

Además, la Fiscalía ha pedido el cierre de las páginas webs a través de las que se está impulsando y dando "una apariencia de cobertura legal" al referéndum de independencia.

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