La Fiscalía brasileña presentó este lunes varios cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por delitos de corrupción relacionados con supuestos contratos de una obra de infraestructura en Angola.

El organismo lo señaló de ser el "comandante máximo" de los crímenes de corrupción y lavado de dinero de la operación Lava Jato, aunque hasta ahora no ha sido formalmente inculpado por su supuesta relación con esa red.

La Policía Federal denunció al exmandatario por sospechas de haber beneficiado a un sobrino en millonarios contratos con Angola, y que Lula supuestamente aceptó el lujoso departamento a cambio de beneficiar a la constructora OAS con contratos de Petrobras.

>> Lula descarta que caso Petrobras afecte resultados del PT

Según la Fiscalía, fueron desviados "de forma disimulada" valores que con la corrección monetaria actual llegan a los treinta millones de reales (unos 9,3 millones de dólares).

>> Defensa de Lula: denuncia por corrupción es un espectáculo deplorable

El Ministerio Público Federal envió este lunes una acción penal a un total de 11 personas por los delitos de corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Figuran además del expresidente Lula, el empresario Marcelo Odebrecht, quien acusó a Michel Temer de ser uno de los beneficiados de la red de corrupción dentro de la estatal, el sobrino de la primera esposa de Lula da Silva, Taiguara Rodrigues dos Santos y ocho personas más.

Por otra parte, el organismo también presentó cargos contra la esposa del exmandatario, Marisa Letícia Rocco, e investiga la propiedad de una vivienda en la playa que Lula niega poseer.

En contexto

Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil pese a los señalamientos de corrupción contra el Partido de los Trabajadores (PT), es acusado directamente por los fiscales federales con relación a su presunta participación en el esquema de sobornos en la petrolera contratada por el Estado.

El 26 de agosto la Policía Federal de Brasil presentó cargos contra Lula da Silva por lavado de dinero y falsificación sobre la adquisición de un apartamento.

Las pruebas debían ser analizadas por la Fiscalía de Brasil en un plazo de 90 días para determinar si se abría un proceso contra Lula y los otros acusados. 

Los abogados del líder del PT consideran que tanto él como su familia sufren una persecución tras la denuncia presentada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por abusos cometidos durante la investigación del caso Petrobras. 

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha criticado en reiteradas ocasiones que  las demandas por corrupción interpuesta contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva tienen el objetivo de evitar que el líder sindical se mida en las elecciones presidenciales de 2018.