La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció que el asesinato de más de un centenar de miembros de la antigua insurgencia constituye "una clara violación" del acuerdo de paz firmado con el Gobierno colombiano y pidió ayuda internacional para poder participar con garantías en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo.

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El Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección de la FARC, se reunió de emergencia para analizar la grave situación de seguridad que afecta al conjunto de la militancia, y que ha cobrado la vida de 133 exinsurgentes.

Así como de 34 de sus familiares y once más desaparecidos, que se suman a los más de 600 compatriotas asesinados por su papel de liderazgo en sus comunidades, además de las constantes amenazas que circulan en los territorios y el desplazamiento de miles de compatriotas, indicó la declaración.

Los líderes de la FARC, que estuvieron reunidos el viernes y el sábado en Bogotá, indicaron en una declaración que "estos asesinatos sistemáticos constituyen una clara violación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".

Sostuvieron que "por lo tanto, son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos".

La reunión del Consejo Nacional de los Comunes fue convocada de emergencia esta semana por el presidente del partido, Rodrigo Londoño, "Timochenko", para analizar "la grave situación de seguridad" de quienes dejaron las armas y se acogieron al acuerdo de paz de noviembre de 2016.

El partido político consideró "inaceptables" las explicaciones que han recibido del Gobierno así como los informes publicados por la Fiscalía General de la Nación "en los que se presentan frías cifras sobre presuntos responsables, sin que se vea un claro compromiso por parte del Estado para garantizar la vida de todos los colombianos".

El pasado 13 de junio, la Fiscalía de Colombia afirmó haber esclarecido el 51.78 por ciento de los crímenes contra integrantes de la antigua guerrilla.

Sin embargo, la FARC asegura que no ve "la intención de poner en marcha las políticas, los mecanismos y las medidas acordadas dentro del Plan Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política" que hace parte del acuerdo de paz.

"Por el contrario, lo que hemos conocido es la intención de poner en marcha planes y medidas que desconocen lo pactado, como es el denominado Plan de Acción Oportuna (PAO)", nombre de una estrategia de seguridad presentada a finales del año pasado por el presidente colombiano, Iván Duque.

La FARC tacha igualmente de "inaceptable la campaña de estigmatización" en contra de ese partido que, según denuncia, se lleva a cabo "desde la bancada del partido de gobierno, Centro Democrático, y el propio presidente".