El ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, informó este miércoles que desde 2013 se han abierto 592 expedientes por bebés robados, “es un auténtico drama personal y social”, por lo que reiteró el compromiso del gobierno en colaborar con las asociaciones de afectados para facilitar a las víctimas la máxima información.

Estas estadísticas han sido posibles desde que el Gobierno puso en marcha un servicio de información sobre la materia en el que participan los ministerios de Interior, Justicia y Sanidad y la Fiscalía General del Estado.

Los casos que abarcan esta cifra, incluye el de los niños que fueron arrebatados a familias republicanas para ser educados por familias afines al franquismo durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75) y las cientos de denuncias de desaparecidos en 1990.

Catalá informó sobre esta situación en el Congreso español, donde recordó que la Fiscalía del Estado trabaja para evitar la prescripción de este tipo de delitos, dando facilidades para ordenar exhumaciones de recién nacidos y practicar pruebas de ADN.

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De estos casi 600 casos, algunos son investigados, otros han sido archivados por ausencia de datos. Los recién nacidos eran sustraídos en clínicas de toda España y a los padres se les decía que habían muerto al nacer o a las pocas horas.

Los bebés eran entregados a otras parejas previa falsificación de los documentos necesarios, tanto el certificado de defunción, como la nueva inscripción de nacimiento con otra identidad y otros padres, que pagaban por ello.

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