La jueza federal María Servini de Cubría procesó con prisión preventiva por el delito de intimidación pública a uno de los hombres que amenazó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, por medio de Twitter.  De acuerdo con las disposiciones del artículo 41 de la ley 26.734, por ese hecho la pena mínima es de dos años, y máxima podría ser de seis años, al doble.

Se trata de Miguel de P, quien fue acusado además de comerter actos de terrorismo, luego de haber escrito una serie de tuits en idioma árabe desde la cuenta @HassanAbujaaf, con amenazas hacia el mandatario, edificios comerciales, el subterráneo de Buenos Aires, transporte público y otros blancos.

La jueza fijó un embargo de 20 mil pesos para Miguel de P.  y su sobrino Walter O., también implicado en el hecho, aunque este no recibió prisión preventiva.

Luego de obtener la información por parte de Twitter del sitio desde donde se había hecho la publicación, las autoridades argentinas allanaron la vivienda en donde encontraron a los dos hombres y la computadora usada.

Al ser interrogado sobre las publicaciones, Miguel de P. asumió la responsabilidad y aludió que se trataba de una broma. Asimismo, dijo que utilizó la conexión a Internet de su sobrino y lo eximió del hecho. Sin embargo, Servini declaró que “no puede negarse la intervención de Walter en los hechos denunciados, puesto que fue desde su domicilio particular de donde se enviaran muchos de los mensajes intimidatorios”.  

Explicó que había creado la cuenta de Twitter para “ganar gente que lo siga y que la gente comente, que sea algo de humor”.

Además, la jueza señaló que “el proceder de Miguel mantiene una perfecta entidad para intimidar al público en general, crear miedo y causar daño y más aún, si se pondera premeditación, reiteración y difusión en tan corto espacio de tiempo”. 

Otros hechos

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, informó este viernes que hubo una amenaza de bomba contra la Casa Rosada, sede de Gobierno de esa nación.

La funcionaria detalló que los autores exigían un millón de dólares para no cometer la explosión y aseguró que la “situación de fuerte agresión” contra el Gobierno de Macri es hecha por “sectores políticos que no aceptan que la alternativa es buena en democracia”.

En declaraciones este lunes, la ministra advirtió que "ningún caso donde hay una amenaza, una intimidación" quedará impune y explicó que la medida parte de una política de Estado. 

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En contexto

Desde la llegada al poder del Gobierno de Mauricio Macri, dirigentes sociales, líderes políticos y defensores de los derechos humanos han denunciado persecución judicial de su parte. 

Entre ellas se encuentran la líder indígena y diputada del Parlasur, Milagro Sala, quien inició este viernes una huelga de hambre a más de 200 días de su detención acusada de incitación de una protesta de cooperativistas de vivienda frente a la casa de gobierno de Jujuy.

Aunque en esa causa fue excarcelada nunca recuperó la libertad porque a partir de ese momento fueron apareciendo y acumulando causas penales en su contra. 

También, entre este grupo está la activista Hebe de Bonafini, contra quien el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi emitió una orden de detención por no presentarse a declarar por la causa de "Sueños Compartidos".

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Por otro lado, está la expresidenta Cristina Fernández, quien ha denunciado en múltiples ocasiones que el Poder Judicial de su país es utilizado por factores políticos para perseguirla a ella y a la familia Kirchner, en base a acusaciones falsas e irresponsables.