Tras confirmarse el abandono del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de la alianza de Gobierno, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, inició el proceso para reformar el Gobierno y llenar el vacío que dejarían los representantes del ahora partido opositor.

El ministro del jefe de la Oficina de Presidente, Jaques Wagner, usó el término de un "nuevo gobierno" y señaló que se abre una "buena" oportunidad para que Dilma dé inicio a una nueva etapa con otros aliados en los espacios dejados por el PMDB.

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El Partido del Movimiento Democrático Brasileño es el segundo partido en la Cámara de Diputados, con 66 miembros, 19 senadores, gobierna siete estados y ocupa seis ministerios.

Wagner sostiene que ahora el Gobierno de Dilma se abre a nuevos espacios y socios políticos que podrían garantizar la permanencia de la actual mandataria hasta el final de su mandato en el 2018.

Voceros de la presidencia informaron que las conversaciones con las formaciones políticas son adelantadas por el expresidente Lula da Silva.

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Representantes del PT y del Gobierno indicaron que la entrada de otras fuerzas políticas llevaría a conseguir al menos 80 votos necesarios para impedir el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. La cantidad para paralizar el procedimiento es de 172. 

Dilma Rousseff tiene hasta este viernes para reunir los votos necesarios para impedir el juicio político. 

El falso juicio a Dilma Rousseff

En el artículo del politólogo Igor Fuser 10 cosas que todo Brasil necesita saber publicado en la web de teleSUR se explican las causas reales del juicio político contra la presidenta de Brasil. Fuser indica que el pedido de destitución de Rousseff no tiene nada que ver con la operación Lava Jato, ni con ninguna otra iniciativa de combate a la corrupción.

Según Fuser, las acusaciones de la derecha y políticos de oposición giran en torno a un "maquillaje fiscal", el cual es un procedimiento de gestión del presupuesto público de rutina que fue usado por los gobiernos de Cardozo y Lula da Silva sin ningún inconveniente.

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"Dilma Rousseff, simplemente, puso dinero de la Caixa Económica Federal en programas sociales, para poder cerrar las cuentas y, al año siguiente, devolvió el dinero a la Caixa. No obtuvo ningún beneficio personal",  afirmó Igor Fuser.

En el artículo, el politólogo brasileño calificó de "Golpe de Estado" el juicio político a Dilma Rouseff y aseguró que los principales impulsores (Eduardo Cuhna y Aecio Neves) de las acciones contra la mandataria están siendo investigados por casos reales de corrupción.

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