La presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, señaló este lunes que el proceso de juicio político actual es un golpe contra la democracia brasileña y advirtió que "nunca va a tirar la toalla".

En una entrevista concedida a un periodista brasileño, la jefa de Estado, separada temporalmente de su cargo, indicó que no tiene "la mínima intención de renunciar, no les haré ese regalo".

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Rousseff dijo que el juicio político es porque muchos, como por ejemplo el senador Romero Jucá (PMDB-RR), quieren detener la investigación del Lava Jato, como se conoce el caso de corrupción en la estatal petrolera Petrobras. 

La mandataria explicó por qué el proceso actual no es más que un golpe de Estado: "soy una víctima de un juicio fraudulento, cuyo objetivo es hacer una elección indirecta"; señalando que sus predecesores también se comprometieron al llamado impuesto de pedaleo. "O es un crimen para todos o para nadie ", enfatizó.

Rousseff también señaló que Michel Temer no solo la ha traicionado a ella, sino también a los votantes. "Temer no fue elegido para hacer lo que está haciendo. Fue elegido con mi programa de gobierno", enfatizó la mandataria.

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Asimismo, reafirmó que en cuanto a los escándalos de corrupción no tiene ningún tipo de responsabilidad. "No tenemos ninguna responsabilidad si un empleado de Petrobras decidió ser corrupto", alegó. 

Por otra parte, Rousseff defendió a su par y expresidente Lula da Silva, al acentuar que cualquier detención hacia él sería "imprudente".

En contexto

Michel Temer es acusado de golpista y de entablar un Gobierno ilegítimo, tras una gran conspiración que concluyó con la aprobación de un proceso judicial que apartó a la mandataria constitucional Dilma Rousseff de sus funciones el pasado 12 de mayo.

Desde que Temer asumió la jefatura de Estado, de forma provisional, su mandato ha estado marcado por políticas de privatizaciones y recortes, algo que aumenta el descontento popular.

Si Rousseff es declarada inocente ella podrá retomar sus funciones. Si Rousseff es considerada culpable, ella será destituida e inhabilitada por ocho años y el Gobierno de Temer podría mantenerse en el poder hasta fines de 2018 o convocarse a elecciones anticipadas.

El pasado miércoles 9 de agosto el Senado aceptó la acusación sobre irregularidades fiscales en el presupuesto 2015. Mientras defensores y detractores del juicio político se enfrentaban, en al menos 16 ciudades se realizaban manifestaciones en reclamo a la salida de Temer.