Detienen a exministro de Finanzas brasileño
Además del exministro de Finanzas, la Policía Federal detuvo a sus dos ayudantes superiores, Juscelino Dourado y Branislav Kontic, en el Despacho de Hacienda de la Casa Civil.
El exministro de Finanzas de Brasil, Antonio Palocci, fue detenido este lunes a tempranas horas de la mañana en la ciudad de Sao Paulo, por la Policía Federal en una nueva operación anticorrupción del caso Lava Jato, asociada a la estatal Petrobras.
Hasta el momento no se conocen los cargos formulados contra Palocci, cuyo arresto sigue al ordenado la semana pasada contra el exministro de Hacienda Guido Mantega, que fue puesto en libertad finalmente por el delicado estado de salud de su esposa.
Detienen a Palocci, ex ministro del PT
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) 26 de septiembre de 2016
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Según las acusaciones de la Policía contra el exministro, las investigaciones están relacionadas con el Consorcio de la estatal Odebrecht, y supuestos nexos para beneficiar a grupos económicos de los empresarios.
Esta nueva fase de investigaciones ocurre a siete días de las elecciones regionales que se celebrarán el próximo domingo en 5 mil 568 ciudades de todo el país suramericano.
Primero Mantega. Ahora Palocci. El camino es evidente: la justicia brasileña va directo por @LulapeloBrasil. ¿Lo quieren fuera de 2018? https://t.co/1EUzlQ9ltW
— Juan Manuel Karg (@jmkarg) 26 de septiembre de 2016
En este contexto, existen 45 órdenes de captura en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Bahía, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espirito Santo y en el Distrito Federal, según la policía. Asimismo, hay 27 búsquedas y capturas temporales entre las que se encuentra la del exministro Palocci.
Además del exministro de Finanzas, la policía también detuvo a sus dos ayudantes superiores, Juscelino Dourado y Branislav Kontic, en el Despacho de Hacienda de la Casa Civil.
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Persecución a líderes sociales
El expresidente de Brasil Luis Inácio Lula Da Silva ha denunciado que enfrenta una campaña de desprestigio y persecución al igual que sus dirigentes por parte de sectores opositores que buscan empañar los logros sociales de su Gobierno y el de Dilma Rousseff.
Los abogados del exmandatario brasileño consideran que tanto Lula como su familia sufren represalias tras la denuncia que presentó a través de un informe ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a finales del mes julio por los abusos cometidos durante la investigación por el caso de Petrobras.
En el comunicado, Lula niega las acusaciones pero no se opone a ser investigado “de una manera justa y abierta”.
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En este sentido, Lula denunció que “esta nueva detención es un claro ejemplo de una represalia más por parte del actual Gobierno”, además de llamar a declarar a su esposa e hijo “sin ninguna justificación razonable”. De igual forma, condena la campaña de propaganda opresiva que llevan a cabo los medios de comunicación.
Por último, la defensa del líder social brasileño señala que se trata de una "reacción autoritaria de los operadores de la operación Lava Jato", que confirma que Lula “es víctima de una verdadera caza judicial, que se vale de la complicidad de los medios de comunicación para esconder los abusos y promover un juicio por parte de los medios".
En contexto
Palocci fue ministro de Finanzas durante la administración del expresidente Luis Inácio Lula da Silva (2003-2006) y fue ministro de la Presidencia en 2011 durante el Gobierno de Rousseff, destituida mediante un golpe parlamentario con fachada de Juicio Político.
La semana pasada, otro exministro de Finanzas brasileño, Guido Mantega, fue también arrestado por el caso Petrobras. Mantega fue ministro entre 2006 y 2015 y sirvió tanto al expresidente Lula como a Rousseff.
El expresidente Lula Da Silva, estabilizó la economía brasileña y la hizo crecer en un promedio de 4,1 por ciento anual. Canceló toda la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y redujo la tasa de desempleo que estaba en 10,5 por ciento en diciembre de 2002 al 5,7 por ciento en noviembre de 2010.
Lava Jato (lavadero de autos) consistía en que empresas sobornaban a altos funcionarios de Petrobras y otros cargos públicos para conseguir contratos "sobrefacturados" multimillonarios con la petrolera estatal.