Defensoría del Pueblo sigue el paro agrario en Colombia
La Defensoría del Pueblo colombiana desplegó a un grupo de funcionarios para acompañar las marchas y concentraciones que iniciaron el pasado lunes por el paro agrario en el territorio.
La institución conformó dos direcciones nacionales, seis defensorías delegadas y 36 regionales en todo el país.
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Los seguimientos se realizarán en zonas donde se han reportado concentraciones masivas de campesinos, es decir, en 20 departamentos como: Chocó, Risaralda, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Arauca, entre otros.
En el trabajo que también desempeñarán está incluido el impacto en las comunidades ajenas a la movilización en aspectos como los servicios públicos, seguridad alimentaria, asistencia en salud y protección de sus bienes.
Más de 600 protestas sociales en Colombia en 2016
La Defensoría señaló que en lo que va de año se han presentado 615 episodios de protestas sociales en Colombia, de las cuales 146 se han registrado durante el último mes en el Valle del Cauca, Santander, Antioquia, Atlántico y Guajira.
El 33 por ciento fueron movilizaciones, 27 por ciento plantones, 19 por ciento bloqueos, 9 por ciento cese de actividades y solo el 3 por ciento terminaron en disturbios.
En contexto
Los campesinos, indígenas y trabajadores del campo iniciaron el pasado lunes un paro agrario ante la falta de cumplimiento -a tres años- de lo acordado en los diálogos de paz en esta materia.
El secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Juvenal Arrieta, informó que miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) reprimieron la protesta de los indígenas en la vía Cali Buenaventura, en Valle del Cauca.
El martes reportaron la muerte de una persona tras ser atropellada por una tanqueta castrense, dos heridos por arma de fuego y cuatro desaparecidos a manos de representantes de la fuerza pública.
La movilización pacífica es denominada Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y busca enviar un mensaje de rechazo al modelo económico capitalista y de libre comercio impulsado por el Gobierno, que afecta a los sectores más desfavorecidos.