Este miércoles fue aprobado en el Senado de la República de Chile un proyecto para modificar la legislación que rige la estructura de la educación superior.

La iniciativa fue aceptada de manera unánime en el Senado con un total de 34 votos a favor. Inclusive la oposición al Gobierno de Michelle Bachelet se ha pronunciado a favor del proyecto de ley.

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“Ellos están aceptando la gratuidad, y eso significa que están aceptando que la educación es un derecho, que tiene que haber igualdad de acceso, que no depende de la billetera de cada uno, no es que salimos todos a competir”, afirmó el senador por el Partido Socialista de Chile, Carlos Montes.

A pesar del avance con respecto a las leyes anteriores, esto aún no consigue que la educación en Chile alcance un rango universal para la gratuidad de la educación.

La iniciativa  otorga gratuidad para el 60 por ciento del estudiantado, tanto universitario como de carreras técnico profesional. Está contemplado, además, que el beneficio no deba renovarse de manera anual, sino que se mantenga de manera permanente.

Aún así, la sanción de esta ley podría reivindicar parte de la larga tradición de lucha que han tenido los movimientos estudiantiles en Chile por la gratuidad universal de la educación. 

A pesar de la expectativa que ha generado la aprobación de la ley, parte del movimiento estudiantil chileno ha rechazado la propuesta porque esta no acaba con la percepción de la educación como un negocio en vez de como un derecho. 

Ya en julio del presente año la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) había resaltado su posición en un comunicado en el cual resumieron sus posturas a propósito de la ley. 

“Nuevamente nos encontramos con esbozos de una reforma alejada de las demandas históricas del Movimiento Estudiantil, dejando de lado reivindicaciones como el fin al lucro, la condonación de la deuda efectiva, la democratización de los planteles educativos, la necesidad de construir una educación pluricultural, por decir algunos”, subraya el documento. 

La ley aún no ha terminado el camino hasta su sanción definitiva, el 28 de diciembre se harán nuevamente indicaciones por parte del Ejecutivo y de los senadores de la Comisión de Educación respecto a los dispuesto en ella, esperando que pueda ser aprobada a principios de 2018, y en vigencia para finales de año.  

El sistema educativo en Chile

El modelo educativo de Chile ha estado vinculado a la organización de la economía nacional. Las disposiciones normativas en cuanto a la Educación Superior han estado los últimos 44 años bajo el paradigma del neoliberalismo.

En 1970 el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presidente Salvador Allende, proponía una democratización de la educación, enmarcada en el desarrollo de los principios y valores de una nueva sociedad con orientación al socialismo.

Con la irrupción del golpe militar perpetrado por Augusto Pinochet en 1973, Chile vio una reducción en la inversión en el sector educativo, y en un estancamiento en cuanto al desarrollo de proyectos en materia de educación.

A partir de los años 80, la participación del Estado en el sector de la educación se redujo de manera agresiva, dando paso a la privatización de la educación y a la proliferación de particulares que concebían al sector de la educación como un área comercial adicional en la cual invertir sus capitales.

En marzo de 1990 esto se consolida con la Ley n° 18.962, según la cual se establece que el derecho a la educación debe ser garantizado preferiblemente por los padres quien aspire a estudiar y no por el Estado.

Bachelet reforma la ley en materia de educación en 2009

Esta ley se mantuvo vigente hasta el primer gobierno de Michelle Bachelet, siendo reemplazada en 2009 por la Ley n° 20.370.

Este cambio en la legislación sobre materia de educación fue el resultado de las movilizaciones estudiantiles realizadas en abril de 2006, en las cuales se exigía una transformación en el sistema educativo chileno.

Esta reforma no cumplió con las expectativas del movimiento estudiantil chileno que busca la democratización del derecho a partir de la gratuidad universal de la educación y una reforma profunda en el sistema de acceso.

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A pesar de que se pretendió establecer que a través de la reforma se alcanzaba la exigencia de una educación gratuita, el Estado apenas aportaba un 30 por ciento del total de la matrícula a un número reducido de estudiantes.

La razón por la cual la reforma derivó en un fracaso para las exigencias del movimiento estudiantil, fue que la discusión pasó de los estudiantes y se centró en las propuestas del capital privado.