La Contraloría General de Ecuador notificó este lunes sobre la destitución con multa para la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint; y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero.

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De acuerdo con el contralor General del Estado, Pablo Celi, supuestamente se incumplieron las recomendaciones de la Contraloría al CNE, alegando que los consejeros permitieron que los movimientos políticos "mantengan su personería jurídica, incumpliendo requisitos constitucionales y legales". 

Celi precisó con anterioridad que el incumplimiento de las recomendaciones “compromete a los miembros del CNE que, con su voto, han posibilitado resoluciones para que los movimientos continúen inscritos”.

Según el informe, también se da cuenta de la predeterminación de sanción de multa y destitución para la directora Nacional de Asesoría Jurídica, Dayana Torres Chamorro, por "permitir informes recomendando mantener su derecho de inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas". 

Por su parte, el expresidente de la nación, Rafael Correa, rechazó el comunicado y pidió que se priorice el tema de la pandemia, "en medio de tragedias que vive la patria y la descomposición moral nunca vista, se consuma el fraude electoral. A siete meses de los comicios, “contralor” Celi “destituye” a mayoría del CNE por no aceptar ilegal eliminación de partidos", agregó.

De acuerdo con un informe presentado el pasado 19 de junio por la Contraloría, el CNE "deberá eliminarlos por no haber cumplido con la entrega de las firmas correspondientes al 1,5 por ciento del padrón electoral, requisito necesario para su inscripción y participación en las elecciones".

Sin embargo, el contralor pretende iniciar el proceso de destitución de los funcionarios del CNE haciendo caso omiso a la Constitución y el Código de la Democracia que dicta quienes son las autoridades que están por encima del órgano electoral.

Un comunicado emitido este lunes por la Contraloría sobre el caso plantea como fecha del caso el 1 de agosto de 2020, lo que constituye un error de forma en el afán por ejecutar la destitución de los miembros del CNE.

Hasta el momento la presidenta del ente electoral no se ha pronunciado, aunque, según el órgano contralor, los integrantes del CNE tienen 30 días para hacer los descargos respectivos.