La Cámara de Diputados de Argentina podría convertir este miércoles en ley el proyecto que penaliza la corrupción empresarial, luego que dos comisiones aprobaran los cambios del Senado.

En una sesión especial, los legisladores debatirán si cualquier persona jurídica de procedencia nacional o extranjera podrá ser penalizada por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o transnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de cuentas. 

En septiembre el Senado argentino introdujo una serie de modificaciones al proyecto original de corrupción, que fue avalado por las comisiones de Legislación Penal y Legislación General de la Cámara de diputados. 

 
De ser aprobado el proyecto de ley, los ilícitos podrán ser juzgados si no han pasado seis meses de haber cometido el delito. Además se limitará a los delitos contra la administración pública, al ser exigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

En estos momentos en Argentina solo rigen las penas contra personas naturales y no jurídicas, lo que significa que una empresa vinculada a corrupción puede seguir operativa sin ninguna consecuencia.

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El proyecto determina que, entre las penas, se encuentran multas que multiplican de dos a cinco veces la ganancia obtenida de forma irregular, la suspensión total o parcial de las actividades aproximadamente por diez años y la prohibición para intervenir cualquier licitación del Estado. 

El caso de la empresa brasileña Odebrecht es investigada en Argentina por tres causas judiciales, tanto por corrupción como por sobornos con intención de cubrir obras públicas.