La organización Constituyente de Exiliados y Perseguidos por el Estado colombiano emitió este miércoles una misiva al Alto Comisionados de Derechos Humanos (Oacdh) para expresar su preocupación por los "atropellos en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)".

El conjunto constituyente manifestó a la Oacdh su desconcierto ante la sentencia C-17 de la Corte Constitucional que declara exequible el acto Legislativo 001 de 2017, que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como por la aprobación de varios artículos del proyecto de ley estatuaria sobre la Jurisdicción Especial de Paz, que consideran una flagrante violación al acuerdo final.

El JEP es figura jurídica del acuerdo firmado que busca brindar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas del conflicto político, social y armado en Colombia.

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Entre los artículos más criticados destacó el relacionado con los delitos sexuales, debido a que el legislativo aprobó que estos sean sacados de la JEP y tratados por la justicia ordinaria. Asimismo, resaltaron el hecho de que la sentencia impida a aquellos que hayan ejercido como defensores de derechos humanos participar como magistrados.

Para la organización, el giro que ha dado la Corte y el Senado los deja sin la posibilidad de acceder a la justicia, pues el sistema solo recae en una de las partes del conflicto, el grupo insurgente. 

Consideran la sentencia contraria a la Constitución y que afecta las garantías de no injerencia por otras jurisdicciones que son propias de cualquier sistema de justicia transicional pactado.

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También la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) opinó sobre lo que consideran el empeño de congresistas y otros actores constitucionales de dañar la JEP. Para ellos, existen aspectos que hacen trizas el acuerdo de paz, pues muchas de las partes declaradas inexequibles violan la autonomía de la JEP. 

Se suman además las declaraciones emitidas este jueves por la candidata a vicepresidenta por el partido de izquierda Unión Patriótica (UP), Imelda Daza, que resaltó que el acuerdo de paz "supuso importantes avances en el papel, pero muy pocos en la práctica".

Daza explicó que el Gobierno no ha cumplido con lo pactado en relación con los exinsurgentes, pues un año después aún no está operativa la Jurisdicción Especial de Paz.

Además, señaló que los auxilios económicos para los excombatientes "se van cumpliendo a regañadientes", así como lo relacionado con la seguridad personal, ya que en este año varios exinsurgentes han sido asesinados.

"El balance del primer año de la paz es bastante pobre desde esa perspectiva", señaló.