Más de 50 familiares de personas que han sido secuestradas o desaparecidas de manera forzosa, bien sea por el conflicto armado en Colombia, por diferencias políticas, o motivos puntuales de delito común, exigen al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos acelerar las investigaciones concernientes, para ubicar el destino de sus seres queridos.

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Personas procedentes de Bogotá, Cundinamarca, El Meta, Guaviare, Casanare y Huila expusieron la impunidad de sus casos ante funcionarios de la Fiscalía General, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Defensa, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, el Instituto de Medicina Legal y otras entidades que conforman la Comisión de Búsqueda, a la que acusan de no haber cumplido hasta el momento con los resultados esperados para dar con el paradero de los desaparecidos.

Asimismo denuncian que existen fallas en la entrega de los restos, los que en muchas ocasiones se hacen de manera indigna, en cajas de cartón o en bolsas, sin información de cómo fue el secuestro y la muerte.

Las víctimas declararon que las entregas se hacen sin certificaciones de ADN, por lo que tienen dudas de la verdadera identidad de los restos.

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También denunciaron que en muchas ocasiones durante la entrega, sobre todo cuando se hacen de manera colectiva, no se informan cuáles fueron las diligencias para la búsqueda de las personas, ni materiales adicionales que permitan dar certeza de identificación.

Mas del 50% de los restos encontrados en fosas comunes, que se encuentran en bóvedas o en Medicina Legal, llevan ya muchos años esperando la actividad de las entidades estatales para su identificación. 

Contexto:

El pasado 8 de febrero, en un comunicado leído en La Habana (Cuba), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) rechazaron la acusación presentada por el procurador colombiano Alejandro Ordóñez, de su supuesta participación en la desaparición de 2 mil 760 personas.

El vocero de las FARC-EP, el delegado Marcos León Calarcá, leyó el texto e indicó que "tanto Ordóñez, como otros funcionarios, se han dedicado a desarrollar una estrategia orientada, no a buscar, sino a construir pruebas falsas, que coloquen a la insurgencia en el banquillo de los acusados, como autoras de crímenes de guerra y de lesa humanidad".