Cinco claves de la disputa entre Bolivia y Chile por el Silala
Chile presenta este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, su memoria de la disputa con Bolivia sobre si el Silala es un río internacional cuyas aguas deben compartir ambos países.
Río internacional o manantial, son las dos opciones que se disputan los Gobiernos de Chile y Bolivia, bajo la mediación de la CIJ de La Haya, para determinar el uso de las aguas del Silala.
El 6 de junio de 2016 el Gobierno de Michelle Bachelet, entabló una demanda para determinar que el Silala es un río internacional y que la nación chilena tiene derechos sobre su torrente.
Un día después, la Cancillería boliviana anunció que iba a contrademandar para dejar establecido que el Silala es un manantial y pertenece a cada uno de los ciudadanos del Estado Plurinacional.
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Planteamiento histórico chileno
El Gobierno austral defiende que el Silala es un "río internacional transfronterizo" y se basa en el Tratado de 1904 firmado con Bolivia, del cual se desprende un mapa que presuntamente resolvió las fronteras entre ambas naciones.
"Este mapa es decidor y es un antecedente muy importante para nosotros, porque Chile siempre ha defendido la integridad del Tratado de 1904 que fijó las fronteras de manera definitiva entre ambos países", sostuvo el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, en marzo pasado.
Planteamiento histórico boliviano
Bolivia mantiene que las aguas del Silala son manantiales o vertientes que afloran de manera natural y que alcanzan territorio extranjero, por las obras de canalización realizada a principios del siglo XX por empresas chilenas.
Al respecto, el autor boliviano Rodrigo Fernández argumenta: "Por los diversos estudios e investigaciones realizados por especialistas en el campo, se puede concluir que las aguas del Silala son manantiales y que, por consiguiente, no configuran, en sentido estricto, un río".
Concesión de 1908
Para 1908 la Prefectura de Potosí entregó la concesión del uso de aguas del Silala a la empresa anglo-chilena The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited, para abastecer el funcionamiento del ferrocarril en el tramo entre Antofagasta (norte de Chile) y Oruro (oeste de Bolivia).
El contrato establecía que la empresa solo podía usar la venia otorgada, para potenciar las locomotoras de vapor, sin embargo, una vez los ciudadanos comenzaron a utilizar locomotoras de diesel, la compañía vendió las aguas a consumidores chilenos de ciudades cercanas.
Así lo refirió el historiador Castulo Martínez entrevistado en el semanario Hora 25 en 1999, donde agregó: "El contrato de concesión de 1908 a favor de esta empresa debió quedar sin efecto, pero una vez más la inteligencia de la geopolítica de mi país se movió para anticiparse a los hechos y contando con el silencio cómplice de las autoridades bolivianas, comenzó el robo indiscriminados de las aguas".
Fin de la concesión
El 14 de mayo de 1997 la Prefactura del Departamento de Potosí decretó la revocatoria y anulación de la concesión de las aguas del Silala, en pro del uso local.
"Ya no existían las motivaciones condicionantes reales como normativas que dieron lugar a la concesión, por lo que no se justifica mantener subsistente la concesión de las augas que formaron las vertientes del Silala", expone la Prefactura mediante la resolución N° 71/97.
Dos años después, las autoridades bolivianas decidieron convocar a una licitación pública nacional, donde solo participaran empresas nacionales, para así otorgar la concesión del uso y aprovechamiento de las aguas del Silala.
Deuda histórica
Dentro de las reuniones que han sostenido diversas delegaciones de ambas naciones desde entonces, el Gobierno boliviano considera como fundamental que Chile "reconozca la deuda millonaria" con el pueblo boliviano al haber usado las aguas por más de 100 años.
De hecho, en 2006 ambos países logran un acuerdo, que luego fue inhabilitado y repudiado por organizaciones populares de Potosí, al no incluir el pago de la "deuda histórica".
En 2010 se retomaron los intentos de diálogo al respecto, sin embargo la comisión chilena se mostró disconforme con el pedido y rechazó firmar el acta de la reunión, porque se planteaba "definir el monto y la forma de erogación por parte de Chile".