La justicia chilena condenó a prisión a 10 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El juez  Miguel Vázquez Plaza, quien sigue casos de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago (capital), maneja el caso del secuestro y desaparición del diputado por el Partido Comunista, Bernardo Araya Zuleta y su esposa, María Flores Barraza, en 1976.

Según investigaciones Araya Zuleta fue detenido por la DINA junto a su esposa, tres nietos y un hermano. Posteriormente sus familiares fueron liberados, mientras que él y su esposa fueron desaparecidos.

Manuel Contreras fue sentenciado a 13 años prisión (acumula condenas por más de 500) al igual que Pedro Espinoza y Ricardo Lawrence; mientras que  Eduardo Cabezas, Jorge Díaz y Pedro Bitterlich cumplirán 10 años y un día de cárcel.

Por su parte Orlando Altamirano, Orlando Torrejón, Clara Barros y Guillermo Díaz recibieron condena de cinco años de reclusión en calidad de cómplices del crimen.

A su vez el Estado chileno deberá pagar 790 millones de pesos chilenos (1,2 millones de dólares) a los familiares de las víctimas.

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