Los avances en la protección de adultos mayores en América Latina no han sido significativos en algunos países. Si bien algunos gobiernos han integrado en sus planes el otorgamiento de beneficios para los abuelos, otros han reducido el presupuesto.

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi 700 millones de personas mayores de 60 años viven en el mundo, sin embargo, esta cifra pudiera aumentar a 1.400 millones para el 2030.

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Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reseñó que el 16,7 por ciento de la población del mundo estará representada para el año 2030 por personas de edad.

Entre los países que han beneficiado al adulto mayor se encuentra Venezuela. Esta nación ha implementado misiones sociales para el pueblo y, en especial, para las personas de la tercera edad. Así lo refleja la Misión Amor Mayor, una pensión mensual y digna para los abuelos.

Estos beneficios económicos son exclusivamente para aquellos adultos mayores que viven en hogares pobres, donde sus ingresos mensuales son por debajo del salario mínimo nacional. Cabe mencionar que esta mensualidad también se le asignan a personas con discapacidades diferentes o con enfermedades que no les permitan valerse por sí solas. 

Actualmente más de 3.283.034 venezolanos reciben mensualmente su pensión, según informa el Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS).

Asimismo, la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC), prometió garantizar a las personas de tercera edad, un espacio directo a la participación y al debate.

Argentina

Por su parte, Argentina ha desmejorado los beneficios para los adultos mayores luego que Mauricio Macri bajara el ingreso como parte de su política de recorte económico. 

A raíz de estas medidas, diversas manifestaciones se levantaron en contra, agudizando un descontento social por la que consideran una mala gestión del ejecutivo, enjuiciando a Macri por dejar a un lado a las personas de edad.

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Uno de los sucesos más significativos dentro de reclamo ocurrió el 29 de junio, en la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), cuando un hombre de 90 años, llamado Rodolfo Oscar Estivill, se suicidó disparándose en la cabeza, mientras se encontraba en el lugar. Antes de quitarse la vida, confesó que no podía seguir viviendo con tantos problemas económicos.

Brasil

El presidente no electo de la nación amazónica, Michel Temer, ha generado mucha polémica por sus reformas. Entre ellas se encuentra la reforma de las pensiones, situación que ha generado numerosas manifestaciones por parte de sindicatos y movimientos sociales brasileños, quienes no han dudado en expresar su rechazo, mermando aún más la popularidad del mandatario. 

La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) enviada por Temer al Congreso fue aprobada y establece, entre otros aspectos, que tanto hombres como mujeres y trabajadores urbanos o rurales podrán retirarse solo después de cumplir 65 años de edad, teniendo 25 años de contribución.

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Además, elimina las jubilaciones especiales para sectores como educación y agrícola, desvinculando los beneficios de la jubilación del salario mínimo, que -recordó el dirigente nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST,) João Pedro Stedile- en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff casi se triplicó.

Chile

Históricas y masivas marchas familiares realizaron los ciudadanos de Chile durante 2016 y parte de 2017, para exigir un nuevo sistema provisional de pensiones y en contra de la AFP, el actual sistema de capitalización individual. Incluso realizaron un plebiscito ciudadano, preguntando: ¿Qué sistema de pensiones quiere para el país?

Muchas de las actuales pensiones en Chile, llegan incluso a ser menos de la mitad del sueldo mínimo. En Chile, cada persona ahorra su propia jubilación. No hay ayuda del empleador ni del Estado. Sus ahorros son, además, administrados por empresas privadas, las que no permiten el retiro total del dinero, sólo la entrega mensual del mismo.

La ciudadanía exige un nuevo sistema de pensiones, que sea solidario, es decir, que el dinero del ahorro salgan del empleado, el empleador y el Estado; y que este no sea administrado por los  privados agrupados en las AFP. 

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Uruguay

En septiembre de 2016, Uruguay adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA, siendo el primer país de Sudamérica en hacerlo.

"Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad" dicta el documento que Uruguay deberá velar y aplicar. 

A partir de eso, el país elaboró su Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, proyecto estatal que establece "los lineamientos que articulan las acciones dirigidas a promover y proteger el ejercicio de derechos de todas las personas mayores". 

Uruguay es el país con la tasa más alta de adultos mayores en Sudamérica.