Bajo los cargos de "mal desempeño en sus funciones" y una masacre sobre sus hombres (Curuguaty), Fernando Lugo, quien asumió la presidencia de Paraguay el 20 de abril de 2008, se vio obligado a dejar el cargo como mandatario de esa nación el 22 de junio de 2012 por un juicio político calificado de exprés e impulsado por la oposición.

"Hubo un golpe de Estado parlamentario en el que los argumentos para un juicio político no tienen ningún valor y fueron rebatidos ampliamente por los defensores", denunció para el 2012 el Presidente Constitucional de Paraguay, Fernando Lugo.

"Han destituido a la democracia del Paraguay".

Lugo fue apartado del cargo a pedido de la Cámara de Diputados (instancia acusadora). Por mayoría (76 votos contra 1), la Cámara Baja aprobó el libelo acusatorio para someterlo a juicio político.

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Federico Franco, quien era el vicepresidente de Lugo, fue el que asumió ilegalmente la presidencia de la República tras el golpe parlamentario.

Franco, abrió una línea de Gobierno que sería profundizada por el actual mandatario, Horacio Cartes, con el creciente endeudamiento a través de los “bonos soberanos” y la acelerada liberación de productos transgénicos sin seguir los protocolos establecidos en la ley. Su gestión terminó como una de las más impopulares de la llamada “transición democrática” y que estuvo sumida por múltiples escándalos de corrupción.

Todavía las secuelas de golpe se siguen manifestando con un gobierno que ha acumulado poderes inconstitucionales y que continúa el patrón represivo contra los grupos organizados.

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Luego de estar en silencio, Fernando Lugo volvió a la política en el año 2013 y ocupa actualmente un lugar en el Senado por el partido Frente Guasú, hasta el 2018.

El golpe de estado parlamentario a Lugo formo parte de la nueva estrategia impulsada por Estados Unidos para el restablecimiento de la derecha neoliberal en la región, al igual que el juicio parlmentario en Brasil y que llevo a la destitución de Dilma Rousseff.