Durante el año 2014, Venezuela fue escenario de una gran ola de manifestaciones violentas por parte de grupos de extrema derecha, que buscaban derrocar al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro, y que ocasionaron la muerte de 43 personas y graves lesiones en otras cientos.

El 22 de enero de 2013, la exdiputada venezolana, María Corina Machado y el dirigente de ultra derecha, Leopoldo López, anunciaron un plan desestabilizador denominado "La Salida", que se constituiría por medio de incesantes protestas en las calles.

Ante este escenario, el resto de la dividida oposición venezolana decidió hacer silencio y evitó condenar directamente el caos que suponía esta violenta iniciativa.

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El llamado consistía en que a partir del 23 de enero del 2014, el sector opositor radical se lanzara a las calles de toda Venezuela para rechazar el mandato y las políticas de Maduro.

“Vamos a prender las calles de Venezuela, todos los rincones, los mercados, las escuelas, las universidades y las plazas”, fueron las palabras de la exdiputada Machado, quien vendió a sus seguidores la falsa matriz de que el mandatario venezolano no había obtenido la mayoría electoral y que su mandato era ilegítimo.

Con el firme objetivo de derrocar al Gobierno de Maduro, a través de un golpe suave, los dirigentes de ultraderecha exhortaron a ese sector venezolano a asumir el protagonismo de "La Salida" y a no abandonar las calles hasta lograr su objetivo.

Desde ese momento, y hasta el mes de junio de 2014,  se desencadenó en el país suramericano una gran cantidad de "manifestaciones" que no eran más que acciones vandálicas, como el cierre arbitrario de calles, quema de diferentes objetos (basura, carros, edificios, etc.), agresiones con artículos contundentes, alambres dispuestos a la altura del cuello, disparos, ataques a sedes gubernamentales, lanzamientos de gases tóxicos y otras modalidades.

Estos hechos acabaron con la vida de 43 personas sin distinción de ideología política y otras cientos resultaron heridas.

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Leopoldo López, el principal promotor de la violencia, decidió entregarse a la justicia el 18 de febrero de 2014 y desde entonces ha sido presentado por la derecha como una "víctima", con el fin de silenciar y tergiversar la verdad.

López fue llevado a juicio por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio, proceso legal en el que se le condenó a 13 años y 9 meses de cárcel.

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Tras los cuatro meses de intensas protestas, los cuerpos de seguridad de ese país lograron controlar la situación bajo los parámetros de la Constitución y con estricto respeto a los derechos humanos. Los vinculados a estos actos fueron encarcelados y enjuiciados por su responsabilidad en la comisión de los delitos.