Entre denuncias de represión se cumplen 30 días del paro minero en Colombia
El paro minero en los municipios de Segovia y Remedios del departamento de Antioquia, Colombia han puesto en evidencia la política represiva por parte del Estado colombiano hacia las movilizaciones sociales.
El pasado 21 de julio dio inicio el paro minero indefinido en la región del nordeste de Antioquia, el presidente de la Mesa Minera de los municipios de Segovia y Remedios, los mineros rechazan la política impulsada desde el Gobierno que favorece a las grandes empresas mineras en detrimento de la minería artesanal o ancestral.
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La acción gubernamental que agudizó el conflicto fue la emisión del decreto 1102 que “ya está aprobado y tiene bloqueada toda la comercialización del oro”.
El presidente de la Mesa Minera de Remedios y Segovia (MMRS), Elióber Castañeda declaró que debido a la reciente legislación los pequeños mineros no pueden vender el oro “ porque el comprador consigna sus remesas y cuando van a retirar sus dineros, el área bancaria se los retiene”.
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Según un comunicado de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño y la Mesa Minera de Segovia y Remedios, son varias las razones por las cuales están inconformes, entre ellas la imposición de un contrato de operación injusto, un proyecto de ley que busca erradicar los mineros ancestrales y la falta de implementación de medidas necesarias, adecuadas y proporcionales para la formalización de los entables y comercializadores de oro.
En el texto también busca informar a la comunidad nacional e internacional sobre los abusos y extralimitaciones de la fuerza pública, principalmente por parte del Esmad desde su llegada a la región por orden directa de la Gobernación de Antioquia, llegada que tornó la protesta pacífica en un contexto violento donde la población civil se ha visto fuertemente afectada.
Represión estatal
Las afirmaciones desde MMRS es que las medidas gubernamentales hasta ahora implementadas (como el decreto 1102) apuntan a la desaparición de la minería de forma ancestral, que es el oficio tradicional y enseñado de generación en generación por estas comunidades, además de utilizar los cuerpos represivos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para imponer ese marco legal.
El pasado viernes se presentó un nuevo enfrentamiento en la zona dejando un saldo de al menos un muerto y tres personas heridas.
La corresponsal de teleSUR en Colombia, Lorena Hoyos, ofreció detalles de los sucesos que se generaron durante la tarde y noche de este viernes en la población de Segovia. "Por más de una hora se reprimió a la población. Es como si hubiésemos estado en una guerra. La diferencia fue que los únicos que estaban armados eran los Esmad", explicó.
Queremos Paz gritan los pobladores de Segovia, el Esmad reprime violentamente la protesta pacífica en este momento #Colombia pic.twitter.com/RUghVfzpoP
— Lorena Hoyos (@LHoyosteleSUR) 18 de agosto de 2017
Los mineros han denunciado que sus demandas no han sido escuchadas y que el Estado mantiene la represión y criminalización de la protesta minera.
Las primeras acciones represivas tuvieron lugar una semana después de haber iniciado el paro y fueron escalando en intensidad y generando heridos en los cuerpos de seguridad y la población civil hasta registrar un pico el 1° de agosto cuando el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, decretó la implementación de un toque de queda.
Los mineros han indicado que los cuerpos de seguridad han abierto fuego letal contra los manifestantes hasta que el 15 de agosto se presentó el primer asesinato por arma de fuego, siendo la víctima el joven Brandon Stiven Ochoa, de 18 años de edad, quien recibió un impacto de bala en el pecho.
Otras dos personas también habrían resultado heridas por impactos de bala en esa fecha, quienes fueron trasladados a la ciudad de Medellín para recibir atención médica, indicó Jaime Gallego, vicepresidente de la Mesa Minera, Así también denunció negligencia por parte de la Defensoría del Pueblo que solo ha asistido al lugar en tres ocasiones tras 27 días de paro.