El Salvador emitirá bonos para financiar seguridad pública
Por unanimidad, el Congreso aprobó la emisión de bonos para hacerle frente a las pandillas que operan en el país y que hacen que este sea uno de los más violentos en Centroamérica.
En El Salvador, el Congreso aprobó por unanimidad la emisión de 152 millones de dólares en bonos para financiar estrategias de seguridad para combatir la delincuencia organizada en pandillas que aqueja al país con uno de los índices más elevados de asesinatos, convirtiéndolo en uno de los más violentos.
La iniciativa aprobada por 84 diputados, indica que los recursos "se utilizarán para financiar las medidas extraordinarias de seguridad pública, ya que en las actuales circunstancias se vuelve indispensable fortalecer la atención a todo plan de lucha contra la inseguridad".
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Del monto aprobado, 43,5 millones serán destinado para el sistema penitenciario para construir tres centros de reclusión temporal para reos de alta peligrosidad y para reforzar las cárceles existentes. Otros 43,7 millones serán empleados para la compra de armamento, drones y la creación de un fondo para los "policías caídos". A la Fiscalía se le asignaron 7,5 millones para la renovación de vehículos, aplicaciones tecnológicas y fortalecimiento de oficinas.
El Ejército, por su parte, contará con 19,95 millones para activar a 6 mil 300 efectivos que patrullen las calles, para pagar el sueldo de mil nuevos reservistas y también para crear un fondo para familiares de militares muertos. Otros 37,3 millones de dólares fueron aprobados para el pago de las pensiones de militares retirados.
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La aprobación del proyecto impulsado por el Ejecutivo del país, Salvador Sánchez Cerén, ocurre luego de acaloradas discusiones por la negativa del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quien cedió su voto a favor si el proyecto admitía mecanismos para hacer el proceso transparente.
Para esto se incluyó en el decreto la obligación por parte del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) de contratar una auditoría externa para fiscalizar el dinero que debe entregar la Corte de Cuentas. Esta auditoría debe presentar un informe cada 90 días. Además, se estableció que los fondos no pueden ser transferidos a otros proyectos fuera de lo establecido por el decreto para la emisión de bonos.
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