Analizar las constantes “noticias urgentes” de Venezuela promovidas por los grandes consorcios internacionales de información, nos obliga a considerar dos dimensiones fundamentales: la primera, el corrimiento del escenario regional tras el triunfo de Mauricio Macri en Argentina y el golpe de Estado en Brasil; la segunda, el asedio múltiple que recibe Venezuela desde 1999, itensificado desde 2013 con la muerte de Hugo Chávez y luego, con el triunfo legislativo de la oposición en 2015. 

Resulta poco auspicioso analizar Venezuela perdiendo de vista el corrimiento regional. El ciclo de gobiernos progresistas inciado con Hugo Chávez en 1999, encontró una decáda y media después, un intento más o menos sincronizado por parte de las derechas continentales por reagruparse. Estas derechas confeccionaron acciones tácticas más sofisticadas, que buscaron articular presión judicial, económica y mediática como el modo de desmontar, entre otras cosas, la centralidad del Estado en los asuntos económicos, los altos niveles de popularidad de algunos dirigentes, distintas políticas en materia de soberanía y, sobre todo, la inédita creación de instituciones de cooperación regional, a partir de una nueva geometría en materia de políticas de integración no neoliberales. 

En Venezuela, el escenario desde hace algunos meses, ha sido de una violencia organizada en ascenso y una inédita sincronía internacional de asedio vía comunicacional, política y económica. 

Durante las últimas dos décadas, Venezuela ha sido asediada de múltiples formas: golpe de Estado, sabotaje petrolero, guarimbas violentas combinadas con asesinatos, intento de juicio político, desabastecimiento y acaparamiento organizado; junto con las declaraciones permanentes de tono injerencista de organismos supranacionales como la OEA, los socios fundadores del Mercosur –conviertiendo al organismo en un órgano de persecución a Venezuela- y los principales dirigentes norteamericanos en una avanzada en materia de sanciones y amenazadas injerencistas.

En el último tramo de la escalada de asedio, desde hace cuatro meses hemos observado un nuevo tipo de asesinatos –selectivos- junto a una situación de terror permanente sobre la vida social del país. Mientras la violencia aumentaba y la guerra económica ahogaba a buena parte de la población, bandas organizadas expresaron incesantes situaciones de terror, buscando mostrar al mundo una situación ingobernable, susceptible de ayuda humanitaria y de intervención. La última semana de campaña hacia la ANC contó con el recrudecimiento de las amenazas por parte de Estados Unidos, explícitamente sanciones económicas, y el inmediato cumplimiento de países como México, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Argentina, Brasil y Costa Rica a los postulados del norte.

Ese escenario hacía difícil un acompañamiento masivo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Lo que estaba en juego era si el gobierno de Maduro recuperaría parte de los dos millones de chavistas que no fueron a votar en 2015. 

Sin embargo, tanto asedio y violencia, lograron cohesionado al chavismo -el madurista y el crítico- detrás de la ANC, cuando la campaña se estructuró en torno a un llamamiento a la paz. La ANC permitió la emergencia de nuevas dirigencias de base, con propuestas ancladas en sus sectores y territorios. Esos representantes de distintos sectores y territorios, que irán a discutir la próxima Constitución, lograron implicar nuevamente la participación popular, revitalizándola, buscando componer una nueva correlación de fuerzas hacia adentro y hacia afuera de las filas chavistas.

Sin embargo, otro es el dato que completa el cuadro propuesto por la ANC, y que hacía esperar una violenta reacción en términos regionales y mediáticos: la elección del 30 de julio, puso en discusión aquella máxima de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que decía que desde 2015 el chavismo ya no era mayoría. Pero, sobre todo, la vocación de la MUD por solucionar los problemas que aquejan a la población venezolana.

Resulta paradójico que, el sistema de gobierno que empezó a clausurarse desde 1999, buscando una transición hacia una democracia de nuevo tipo, todavía organiza la valoración que muchos analistas de nuestra región quieren proponer para caracterizar al modelo bolivariano, sus límites y sus alcances. No se quiere, parece analizar Venezuela bajo la naturaleza política, jurídica y social de la vida venezolana y de su democracia. Cuando eso sucede se corre el riesgo de sorprenderse con manifestaciones populares como la del 30 de julio, encarnadas en esos más de ocho millones de votos.

Cuando en 2002 se produjo el golpe de Estado que duró 47 horas, el pueblo se lanzó a las calles a defender la revolución con la Constitución en la mano, de la cual había sido su artífice. Esta vez, frente a tanto asedio violento, se expresó agobiado, pidiendo terminar con la violencia, al mismo tiempo que defendiendo un proceso político susceptible de ser modificado nuevamente, pero no de espaldas a las necesidades de la sociedad.

Finalmente, en San Pablo, los socios fundadores del Mercosur, cumplieron su cometido: desarmar -ahora oficialmente- un Mercosur que desde 2015 ya no mira hacia América Latina. Esta vez el argumento ha sido la avanzada de Venezuela en cuento a la elección de la ANC. Pasando por alto la propia Constitución bolivariana, contaron para ello con la adhesión de los países que ya habían, junto a Estados Unidos, desconocido la elección del 30 de julio. Como tantas veces en nuestra historia, han promovido una fragmentación regional, aislando a un país que se niega a seguir recomendaciones neoliberales y sancionando toda expectativa de autodeterminación de nuestros pueblos.