Los grupos paramilitares tienen ya una existencia de más de cuarenta años en nuestro país. Durante esos cuatro decenios, los paramilitares han estado dedicados al aniquilamiento de las organizaciones guerrilleras, y al acoso violento de movimientos estudiantiles y populares.

El paramilitarismo está reconocido en el léxico militar de todos los ejércitos del mundo, incluido el mexicano. El general brigadier retirado Leopoldo Martínez Caraza, en su libro Léxico histórico militar[1], publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), señala: "Paramilitar: que tiene organización con procedimientos semejantes a los militares, sin tener este carácter". La definición ayuda, pero es vaga y completamente insuficiente. No aclara cómo se llega a tener esa semejanza con las fuerzas armadas en la organización, o los procedimientos militares.

John Quick es más preciso. Define a los paramilitares como: "aquellos grupos que son distintos de las fuerzas armadas regulares de cualquier país o Estado pero que observan la misma organización, equipo, entrenamiento o misión que las primeras."[2] Esta es una aproximación mayor: tanto militares como paramilitares tienen la misma organización, entrenamiento y misión. Sin embargo, se mantiene vago el origen de la organización paramilitar. ¿Cómo se alcanzó esa organización? ¿Por qué tiene el militar profesional y el paramilitar la misma misión? ¿Quién le otorga a este último la misma misión?

En todo caso, los grupos paramilitares actúan por una delegación del poder del Estado y colaboran a los fines de éste, pero sin formar parte propiamente de la “administración pública”. Así lo paramilitar no se define sólo por similitud de misiones u organización, sino porque se origina en una delegación de la fuerza punitiva del Estado.

En México, esta delegación de funciones ha provenido directamente del ejército, de los cuerpos de inteligencia-seguridad, o de la combinación de ambos, pero usualmente bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas, y siempre como delegación directa del Estado.

"Los halcones", uno de los primero grupos paramilitares, se creó por iniciativa de oficiales del ejército, aunque bajo la administración del entonces Departamento del Distrito Federal. Sus integrantes eran jóvenes pandilleros con entrenamiento y jefatura militar, dedicados al control, infiltración y destrucción del movimiento estudiantil, así como de cualquier foco de guerrilla que pudiera salir de las filas de éste. Está plenamente documentado que este grupo fue creado por un coronel del ejército mexicano cuyos servicios fueron premiados después con la impunidad y el ascenso militar.

Gustavo Castillo García dio información detallada en el periódico La Jornada, en el 2008, sobre el más conocido grupo paramilitar durante la llamada “guerra sucia”, a partir de su investigación documental en el Archivo General de la Nación:

La Brigada Especial, como se le llamó oficialmente a la Brigada Blanca, integró en junio de 1976 un grupo con 240 elementos, entre policías capitalinos y mexiquenses; militares y personal de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), así como de la Policía Judicial Federal, para “investigar y localizar por todos los medios a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre. La orden era limitar las actividades de la liga y detener” a los guerrilleros que actuaban en el valle de México, revelan documentos obtenidos de la Procuraduría General de la República (PGR), que son el respaldo de las investigaciones que aún se realizan en torno a hechos sucedidos durante la llamada guerra sucia. Según los reportes oficiales, aunque la Brigada Blanca se formó en 1972 y operó en Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Morelos, fue hasta junio de 1976 cuando el gobierno de Luis Echeverría decidió que se integrara un grupo especial que actuara en la ciudad de México, y en el que los mandos estaban en manos del coronel Francisco Quiroz Hermosillo, el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.Los documentos consultados tienen su original bajo resguardo en el Archivo General de la Nación. En ellos se detalla el “Plan de Operaciones Número Uno: Rastreo”. El grupo contaba con 55 vehículos, 253 armas: de ellas 153 eran Browning calibre nueve milímetros[3].

Así, el vínculo estatal otorga un elemento fundamental para una comprensión más apegadaa la experiencia mexicana. Con base en esta experiencia, propongo la siguiente definición: los grupos paramilitares son aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que eso implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste, entonces, en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia.

Históricamente, el paramilitarismo ha sido una fase de la contrainsurgencia, que se aplica cuando el poder de las fuerzas armadas no es suficiente para aniquilar a los grupos insurgentes, o cuando el desprestigio militar obliga a la creación de un brazo paramilitar, ligado clandestinamente a la institución castrense.

La doctrina militar mexicana no le llama paramilitar sino "personal civil" y establece su necesidad imperiosa para controlar a la población durante las operaciones de contraguerrilla. Sostiene el Manual de Guerra Irregular de SEDENA:

531. las operaciones de contraguerrilla forman parte de las medidas de seguridad que adopta un comandante de teatro de operaciones en su zona de retaguardia, para evitar que las operaciones regulares sufran interferencias ocasionadas para la acción de bandas de traidores y enemigos, para lo cual el comandante de un teatro de operaciones deberá emplear a todos los elementos organizados y aun a la población civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas adversarias[4].

Los fines del empleo de la población civil son evidentes en este párrafo. Pero aquí, la necesidad de la población civil es aleatoria y sólo se le usa en caso de interferencia del enemigo. Sin embargo, más adelante, el manual militar mexicano establece un modo más permanente y orgánico de utilización de civiles en las operaciones de contraguerrilla rural:

547. Cuando Mao afirma que "el pueblo es a la guerrilla como el agua a pez", indudablemente que es un dicho de validez perdurable, pues ya hemos visto que las guerrillas crecen y se fortalecen con  el apoyo de la población civil, pero, volviendo al ejemplo de Mao, al pez se le puede hace imposible la vida en el agua, agitándola, o introduciendo elementos perjudiciales para la subsistencia, o peces más bravos que lo ataquen, lo persigan y lo obliguen a desaparecer o a correr el riesgo de ser comido por estos peces voraces y agresivos que no son otra cosa que los contra guerrilleros.[5]

La experiencia del Ejército mexicano en el aniquilamiento de la guerrilla que dirigió el profesor Lucio Cabañas entre 1968 y 1974 demostró que el uso de campesinos y gavilleros como informantes fue fundamental para ubicar, cercar y aniquilar a las Brigadas de Ajustamiento del Partido de los Pobres.

Pero el uso de civiles va más allá: según el Manual de Guerra Irregular, las operaciones de la contraguerrilla se conducen también con personal civil o militarizado (civiles o policías dirigidos por jefes militares). Veamos el párrafo siguiente del Manual:

551. Por lo antes expuesto, se puede definir que las operaciones de contraguerrilla son aquellas que se conducen con unidades de personal militar, civil o militarizado en terreno propio para localizar, hostigar y destruir a fuerzas integradas por enemigos y traidores a la patria que conducen operaciones militares con tácticas de guerrilla.[6]

El tipo de operaciones de contraguerrilla se conduce con personal civil y está destinado al control de la población. Señala el Manual:

552. Las operaciones de contraguerrilla comprenden dos diferentes formas de operaciones interrelacionadas que son:

A: Operaciones para controlar a la población civil.

B. Operaciones tácticas de contraguerrilla.

553. Como puede apreciarse, la primera forma no es una operación militar clásica, por lo que puede ser conducida por personal civil o militarizado, aunque dirigido, asesorado y coordinador por el comandante militar del área, mientras que las operaciones tácticas de contraguerrilla son conducidas por unidades militares y militarizadas.[7]

Según el Manual de Guerra Irregular, la responsabilidad en el uso de la población civil recae en el gobierno federal y en los acuerdos con los gobiernos de los estados y autoridades diversas en el área de conflicto. El párrafo C del punto 562 detalla:

562. Los comandantes que planean operaciones de contraguerrilla y la población civil son regidos por restricciones y acuerdos que el gobierno federal tiene con los estados y autoridades diversas de los lugares en conflicto. En caso de que el problema se suscite en áreas ocupadas por el enemigo, las contraguerrillas establecerán coordinación con la resistencia para localizar y destruir a los grupos de traidores.[8]

Este párrafo indica que la responsabilidad del uso de civiles en operaciones de contraguerrilla recae directamente en el gobierno federal, así como en las autoridades locales y estatales del área de conflicto. El mismo Manual establece que el derecho internacional es aplicable en el caso de que las fuerzas armadas comentan tratos inhumanos o actos criminales contra la población civil.

F. Factores psicológicos. Una población que apoya activamente a la guerrilla  incrementa la posibilidad de detectar a las guerrillas. Generalmente en nuestro territorio encontraremos el apoyo de la población y específicamente en áreas liberadas en las que se oponían a los objetivos de la fuerza enemiga. La población que apoya los objetivos del enemigo favorece a sus guerrillas. El objetivo militar de destruir a la guerrilla adquiere mayor importancia sobre otras consideraciones, no obstante las operaciones deben de planearse procurando minimizar a los daños a la propiedad civil. Las contraguerrillas deben en todos los casos tratar a la población civil de manera justa y razonable, apoye a no a nuestra fuerza. El trato inhumano a los actos criminales son violaciones serias y punibles bajo el derecho internacional y nuestras leyes[9].

La doctrina militar mexicana sostiene que las operaciones de control de la población civil se ejercen mediante un comité que reúne a las autoridades militares con representes de la autoridad civil y de organizaciones afines al ejército:

592. Para controlar a la población civil, es necesario que existe una coordinación total entre las fuerzas militares y organizaciones que intervengan, para lo cual deberá establecerse un comité con representantes de todas las fuerzas para que bajo un solo mando planeen y coordinen sus acciones.

593. Las fuerzas que normalmente intervienen en las operaciones para controlar al pueblo y sus recursos son:

A. Organizaciones gubernamentales,

B. Fuerzas policíacas.

C. Fuerzas militares.

D. Organizaciones sociales, políticas y económicas, como partidos políticos, sindicatos, organizaciones deportivas, cámaras de comercio, etc.[10]

A partir de 1994, y al igual que los grupos paramilitares que existen durante las guerras internas en Guatemala y El Salvador, los grupos paramilitares en Chiapas se ha dedicado a sembrar el terror en las comunidades indígenas que simpatizan con el EZLN, mediante asesinatos, emboscadas, quema de poblados, amenazas de muerte, expulsiones, robo de ganado, detención y tortura de bases de apoyo o milicianos zapatistas.

Las denuncias de indígenas entregadas desde 1995 a los grupos de derechos humanos que han trabajado en Chiapas insisten en que los grupos paramilitares operan en coordinación con las corporaciones de seguridad pública, reciben apoyo y entrenamiento del Ejército Mexicano y que, en ocasiones, se mezclan entre los contingentes de soldados y policías que controlan los poblados del Norte y los Altos de Chiapas.

En mi calidad de Diputado Federal y presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), presenté una denuncia en la PGR por la existencia de grupos paramilitares en el estado en 1998; en una conversación de los miembros de esta comisión del Congreso de la Unión con el entonces Procurador General, Jorge Madrazo Cuellar, este funcionario nos informó de la existencia de al menos 12 grupos de “civiles presuntamente armados”, eufemismo para referir a los paramilitares. Se creó una fiscalía especial para el caso, misma que desapareció sin pena ni gloria, años después.

Es evidente, sin embargo, que el gobierno federal mexicano no pudo lograr que, como en el caso colombiano, los paramilitares quedaran a la vanguardia de la guerra del Estado contra los grupos insurgentes. En Colombia, como lo observé en el departamento de Putumayo, los paramilitares mantenían control efectivo de zonas extensas del territorio de esa nación y constituían la vanguardia semiclandestina de la contrainsurgencia. Aparentemente fuera ya de control del Estado colombiano, los paramilitares recibían financiamiento de terratenientes y narcotraficantes y han sido una fuerza que incluso ha exigido reconocimiento de beligerancia. Por recomendación de asesores de la CIA, el ejército colombiano integró alos grupos paramilitares en la estructura de la inteligencia militar nacional.

Para todos los observadores y ciudadanos que han observado el conflicto en Chiapas a partir de 1994,el gobierno federal, el estatal y los militares mexicanos confiaron en que las fuerzas paramilitares del norte de Chiapas, "Paz y Justicia" y "los Chinchulines", en un inicio, lograran el control territorial e hicieran innecesaria la intervención del ejército para sostener combate directo con las bases de apoyo zapatista. No obstante, las movilizaciones del ejército mexicano que se mantienen durante todos estos años, indican que el gobierno federal consideró necesario mantener su intensidad castrense en las zonas de alta presencia política zapatista. Es evidente, entonces, que los paramilitares no bastan para este propósito; sin embargo, la coexistencia de retenes militares y de paramilitares en los mismos teatros de operación implica la posibilidad de que en México ocurra lo que ya es cotidiano en otros países: operativos conjuntos de paramilitares y el ejército.

El gobierno ha mantenido el uso de los paramilitares a pesar de algunos síntomas de desgaste. Las Organizaciones No Gubernamentales chiapanecas reportaron hace diez años que las bases paramilitares vivían, en algunos casos, las mismas hambrunas que las zapatistas y que estaban descontentas porque sus líderes, como Samuel Sánchez, dirigente de Paz y Justicia, estaba desarrollando su propio emporio hotelero y turístico en el municipio de Tila, mientras los indígenas Choles siguen en la misma pobreza. En Tila, incluso, llego a crearse una Asociación de ex Militantes de Paz y Justicia y algunos  paramilitares sin tierra han realizado tomas de predios en el Norte de Chiapas.

En estos años proliferaron las siglas o los nombres de supuestos grupos dispuestos a la guerra contra el EZLN y sus comunidades de apoyo: "Los Tomates" en Bochil, "Los Chentes" en Tuxtia Gutiérrez, "Los Quintos" en el municipio de Venustiano Carranza, "Los Aguilares" en Bachajón, "los Puñales " en Atenango del Valle, Tepisca y Comitán.

Las actividades del Ejército, lejos de evidenciar ante la población una real política de paz del os ejecutivos federales priistas-panistas, demuestran lo contrario. La inquietud provocada en la población por la presencia de paramilitares, el acoso a las bases de apoyo zapatistas que operan en los Municipio Autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, la mayor presencia del Ejército en Chiapas, y en otras regiones indígenas de la geografía nacional, ponen de relieve tácticas tendientes a provocar agresiones y desplazamientos masivos de cara a la creación de condiciones óptimas para el desenvolvimiento del gran capital en el proceso de ocupación integral por parte de las corporaciones de toda índole.

El Ejército Federal mantiene una intensa labor en las comarcas zapatistas y extensas zonas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otros estados con población indígena. Desde la instrumentación de labores de inteligencia que tienen que ver con un trazado más preciso de mapas que reflejen la dinámica de la población, para entender y controlar la cotidianidad de las comunidades indígenas mediante el conocimiento a plenitud de sus caminos rurales, sus labores y la ubicación precisa de sus hábitats, pero sobretodo, los alcances de recursos naturales y estratégicos ambicionados por  compañías trasnacionales.

Es de destacar que fenómenos como el militarismo y el concomitante paramilitarismo se dan en función de una nueva división internacional del trabajo que pretende otorgar a México y la región centroamericana un papel de proveedor de biodiversidad, de mano de obra barata y de ruta de salida de las mercancías estadounidenses hacia los mercados del Pacífico, además de lo que el país representa para esa otra corporación transnacional, que es la delincuencia organizada. Con esa estrategia en mente, han sido puestos en práctica programas gubernamentales mexicanos como el de Atención a las 250 micro-regiones, Desarrollo Sustentable de la Selva e Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva, etc.

Los intentos de desalojo de 110 comunidades de la Selva Lacandona y de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules, por ejemplo, van precisamente en la dirección de crear condiciones de inhabitabilidad para estas comunidades. Quienes han estado haciendo el trabajo sucio, reciben las presiones de empresas trasnacionales como las mineras o como las corporaciones supuestamente ecologistas, Conservación Internacional, Grupo Pulsar, Mc Donalds, Disney, Exxon, Ford e Intel, esta última, con una inversión de 250 millones de dólares.

Para lograr sus propósitos han contado con el auxilio inestimable de dependencias del ámbito federal como son la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Acompañando a estas instancias ha estado el Ejército mexicano, con sus programas de contrainsurgencia activa o latente y el uso de peces bravos o paramilitares.

Lejos de demostrar vocación de diálogo y paz, el Ejército realiza patrullajes constantes en comunidades indígenas apartadas. Mostrando una ignorancia suprema de la Constitución, o conscientemente pasando por encima de la Ley Suprema, se ha otorgado al Ejército funciones de policía, y para ello, se auxilia de policías judiciales, paramilitares, vendedores o predicadores religiosos, al más viejo estilo del Instituto Lingüístico del Verano.

Asimismo,  el Estado va descomponiendo el tejido social mediante el financiamiento de proyectos productivos que rompen con la vocación tradicional del suelo y las formas consuetudinarias de producción y propiedad colectiva de la tierra. Tal es los casos de lo emprendido por los pasados gobiernos panistas que introducen actividades altamente depredadores y rentables, como la ganadería o la palma real. En este sentido, hace unos años, se emprendieron acciones por parte de los cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes, con el auxilio de programas oficiales, desarrollaron actividades económicas sin el consenso de la comunidad, aumentando las acciones violentas contra ésta y las autoridades autónomas.

Recapitulando, el paramilitarismo sirve a los fines de la contrainsurgencia, destruyendo o deteriorando severamente el tejido social que apoya a la guerrilla. Actúa bajo las más diversas expresiones. Agrediendo a prestadores de servicios sociales en campamentos de desplazados, originando condiciones de inhabitabilidad a las comunidades indígenas y campesinas que provoquen desplazamientos, coaligándose con autoridades civiles, ejerciendo acoso mediante el accionar de jueces venales, infiltrando asociaciones religiosas, realizando labores de inteligencia, planteando disyuntivas desarrollistas que ocasionen deterioro ambiental, ubicando como enemigos del desarrollo a las comunidades que se niegan a seguir la lógica de la ganancia del capital, con las situaciones de inestabilidad consecuentes, y sobre todo originando o aumentando el espiral de la violencia en las comunidades haciendo de ésta un modo de vida a través del narcotráfico, la militarización y la criminalización de las oposiciones.

La fisonomía de muchas comunidades ha cambiado a partir del militarismo, el crimen organizado y el paramilitarismo. La llegada de fenómenos como la prostitución, la drogadicción y el narcotráfico no son circunstancias naturales sino resultado de una estrategia de penetración del capital, con sus brazos armados múltiples al servicio del Estado.

La praxis autonómica expresada precisamente en los Municipios Autónomos zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno, en las comunidades adheridas a la CRAC, de Guerrero, en Cherán, Michoacán,o en municipios de Oaxaca, por mencionar, los casos más visible, ha llamado la atención y ha significado el incremento de las actividades de militares, y toda la gama de grupos armados relacionados al crimen organizado y alos paramilitares. Estas experiencias, al ir adquiriendo protagonismo mediante autonomías de facto se han puesto una vez más en la mira del Estado. Al desplegar estrategias de resistencia, amparadas en la jurisprudencia internacional, como las expresadas en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas emanada de las Naciones Unidas, las comunidades autónomas dan un ejemplo de lucha anti-capitalista.

Por ello, en cualquier proyecto de rescate de la nación hacía el futuro, se requerirían debatir a fondo las tareas constitucionales de las fuerzas armadas con el propósito de dar un giro total a su actual condición: en los hechos, verdaderas fuerzas de ocupación de los pueblos. Un proyecto para democratizar al país requiere fortalecer el control civil y legislativo de las fuerzas armadas y la desaparición definitiva de la cuarta fuerza armada, ilegal y clandestina, que agrupa a los paramilitares y sobre la que se fincan las operaciones encubiertas del gobierno en contra del EZLN, otros grupos armados y organizaciones civiles de toda la gama de la resistencia pacífica en el territorio nacional.

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[1]Leopoldo Martínez Caraza, Léxico histórico militar. Biblioteca del oficial mexicano. Secretaria de la Defensa Nacional, México, 1993.
[2] John Quick. Dictionary of weapons and military terms. McGraw Hill. Estados Unidos, 1973.
[3]“El gobierno creó en 1976 brigada especial para “aplastar” a guerrilleros en el valle de México” La Jornada,  7 de julio de 2008.
[4]  Manual de guerra irregular. Operaciones de contraguerrilla o restauración del orden. T. II, SEDENA, enero de 1995.
[5] Ibíd.
[6] Ibíd.
[7] Ibíd.
[8] Ibíd.
[9] Ibíd.
[10] Ibíd.