La migración de niños y niñas hacia los Estados Unidos, principalmente provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, devela el drama social y estatal de los países de esa región y la negación del país del Norte a acogerlos. Por tanto, podemos decir que ni los Estados de origen, ni el Estado de destino los desean. No existe, teniendo en cuenta esta situación, un territorio estatal que busque la realización de sus derechos.

Los niños migrantes –aunque regresen deportados a sus países- se han transformado en parias sociales, en out siders de sociedades que solo les ofrecen un “menú” de posibilidades lacerantes: la pobreza, la desigualdad, la participación en actividades ilícitas o la partida hacia el Norte. Entre otras posibilidades cabe indicar que esos niños y niñas se transforman en una promesa y posibilidad para sus familiares que quedan en los Estados de origen. El niño o niña puede ser el salvoconducto para el envió futuro de remesas, el ejemplo social de que alguien de la familia “pudo salvarse”. O tan solo, puede ser la demostración de que pudo sortear la violencia social y pandillera que obliga a los ciudadanos a migraciones internas. Por lo tanto, su deportación es percibida como un fracaso para todos aquellos familiares que colaboraron en su partida.

II

Nos preguntamos: ¿Quién o quiénes han transformado a este grupo humano en parias sociales? En principio, las rutinas y prácticas estatales y gubernamentales. Es decir, son el resultado de un conjunto de acuerdos que las élites políticas y económicas centroamericanas establecieron con otras de países centrales hace décadas y que se sostiene en la afirmación del libre mercado, la desregulación estatal y la lógica securitista. Por tanto, los “creadores” de ese contexto de desigualdad y pauperización que instituye a los parias sociales –ahora- deciden desterrarlos o no aceptarlos en el espacio de sus fronteras. De esta manera, los niños y niñas centroamericanos se encuentran ante un drama humano de proporciones.

III

Existe un destierro obligado para escapar de las penurias sociales y de la violencia pandillera –también, ejercida mayoritariamente por otros jóvenes-. Un exilio económico que afirma la situación de vulnerabilidad de estos pequeños migrantes. Pero la decisión de los Estados Unidos de sellar sus fronteras a esta situación, solo empuja a la producción de una situación trágica: migración económica y deportación masiva. Un circulo que ejercido al modo de un “escarmiento” para los países de origen afecta la condición de lo humano de esos niños y niñas.

Las comunidades estatales centroamericanas –con diversas intensidades- se encuentran, o bien en un proceso de disolución o de lentísima recuperación de sus instituciones o políticas integradoras. El freno o reducción de la pobreza –en algunos países- no ha obstaculizado el incremento de la desigualdad y de la desprotección social de niñas y niños, sino todo lo contrario. Por ejemplo, Guatemala es el país que menos invierte en la niñez, tan solo destina el 3.1% de su PBI. Mientras que Honduras, Costa Rica y Nicaragua invierten más del 6%. Pero pese a estas asimetrías, podemos indicar que los estados centroamericanos –como rasgo común- no protegen a sus niñas y niños y, por si fuera poco, los someten a una “desintegración social de alta intensidad”.

Entonces, ¿cómo debería denominarse la condición jurídica de aquellos que escapan de sus países para no morir de pobreza o de inseguridad? Estamos ante una nueva situación. ¿Estos niños deberán ser considerados “refugiados sociales”?

IV

La expulsión de niños y niñas –como parte de un flujo constante de de hombres y mujeres- está promovida por las escasas políticas de integración, la violencia social y una percepción empírica de que las instituciones estatales no pueden garantizar un bienestar futuro. Los estados guatemalteco, salvadoreño y hondureño no logran reconstruir una promesa de bienestar para niños y niñas. Es decir, la migración de niñas y niños es la mejor expresión que toda imaginación de un futuro mejor esta disuelta y en profunda crisis. Este nuevo sujeto migrante constituye una patente realidad política: son aquellos que fueron soslayados de las prioridades políticas.

V

La deportación y regreso a sus países de orígen solo puede amplificar la desigualdad y pobreza intrafamiliar, como la de niños y niñas (las cuales, se encuentran fuera del régimen escolar y sanitario). Es decir, es posible que se produzca una revictimización de estos sujetos migrantes, provocando nuevos daños. A su vez, esto coloca a los Estados ante la necesidad de repensar sus políticas para niñas y niños, fundamentalmente, si desean garantizarles sus derechos y que no culminen en manos de las pandillas, del trabajo esclavo, del abuso laboral, como de las “garras” de polleros y coyotes. Los estados centroamericanos tendrán que decidir si integran a estos grupos o si los reafirman en su condición de parias sociales o de out siders. Si este último es el camino propuesto por la dirigencia política, posiblemente observemos en el futuro mayores tragedias sociales.