La inauguración oficial de los diálogos por la solución política del conflicto armado colombiano, en Oslo, Noruega, el 18 de octubre del 2012, abrió la posibilidad a preguntas de fondo sobre el conflicto, sus orígenes y sus responsables. Por ejemplo, convocar a un debate nacional serio y argumentado sobre cuál ha sido el papel que han jugado y que responsabilidad les compete a los grandes medios de comunicación durante el conflicto armado; y cuál el que cumplan a partir de ahora, en el contexto de los acuerdos, la refrendación e implementación de los mismos.

Sin duda es a partir de los espacios y escenarios de discusión y apertura que han abierto los diálogos de La Habana, que es posible formular preguntas de una dimensión impensable hasta hoy: ¿Qué responsabilidad les compete al Estado y las instituciones, a los partidos políticos tradicionales, a las corporaciones multinacionales y la iglesia en el conflicto? ¿Podrá la sociedad colombiana, con el respaldo internacional, derrotar las fuerzas contrarias a los diálogos de paz, como el Centro Democrático y la ultraderecha? ¿Qué papel le corresponde a las organizaciones políticas y movimientos sociales ante el nuevo momento que se ha abierto?

La experiencia y los estudios críticos sobre los objetivos de los grandes medios de comunicación enseñan que, la verdad sobre los orígenes, causas, beneficiarios y responsables principales del conflicto, no se obtiene con los diarios ni los programas radiales de las mañanas, mucho menos con los noticieros de las tardes o la televisión del reality y entretenimiento. La verdad sobre el diario acontecer, uno de los sustentos básicos de toda democracia, jamás ha hecho parte de sus matrices de opinión.

No viene empaquetada en los editoriales, ni en las noticias, ni en los twitter, ni las columnas de opinión o los análisis “sesudos” de politólogos y violentólogos, y menos en las campañas publicitarias a que están sometidas diariamente las mentes de la inmensa mayoría que se alimenta de la prensa oficial y comercial.

Por supuesto que hay honrosas excepciones en las visiones y narrativas que brindan un grupo de demócratas e intelectuales independientes, pero no obstante esto, no logran balancear el relato histórico sobre las raíces históricas del conflicto, sus causas y los responsables.

Y uno de éstos honrosos ejemplos de que los medios de comunicación son también un campo de batalla cultural y de ideas, la vienen dando los medios de comunicación alternativos y populares que poco a poco, más en unos lugares y realidades históricas que otras, como en la República Bolivariana de Venezuela, donde se comprobó la responsabilidad de los medios de comunicación privados con el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, golpe que respondió el pueblo desde las barriadas populares y pudo derrotarlo devolviendo al poder a su legítimo presidente, Hugo Chávez.

Los nuevos medios y nuevas formas de comunicar, vienen rompiendo el cerco y monopolio mediático que ejercen en todos los órdenes de la vida social las grandes empresas de comunicación al servicio de intereses económicos privados. Desde estos nuevos espacios para la comunicación e información, se viene confrontando la visión dominante y hegemónica que ha prevalecido en el mundo, donde cumplen un destacado papel las narrativas, vivencias, experiencias y tradiciones culturales e históricas de las comunidades, los pueblos, los movimientos sociales y las organizaciones populares.

De ahí la importancia de discutir una ley de medios que amplíe el espectro de medios de comunicación en el país, dándole prioridad a los medios alternativos, emisoras comunitarias y barriales, televisión, periódicos y radios para la oposición política y nuevos movimientos políticos que se conformen tras los acuerdos.

Hay otro asunto que es importante anotar en este debate sobre los medios de comunicación y su papel en las sociedades democráticas. La apropiación que los grandes medios de comunicación comerciales han hecho, sin el consentimiento del constituyente primario, del derecho a la información y comunicación “pública”, haciendo de cuarto poder suplantando la tarea de los partidos políticos, los movimientos sociales, las organizaciones de base y las instituciones públicas, en medio de la crisis sistémica del modelo capitalista y la deslegitimación de quienes gobiernan a su nombre, que no pueden ejercer como antes el poder de una clase sobre el Estado.

Es por ello que han querido borrar la línea divisoria entre “lo político” (contradicciones sociales, el antagonismo en las sociedades humanas), y “la política” (conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad social derivada de lo político). Apoyadas en esa confusión a la que han ayudado como ninguno los mass media, las democracias liberales se han basado en negar continuamente lo político, apoyadas en la tesis del fin y muerte de las ideologías, de la historia, del socialismo. Asfixiando y reprimiendo cualquier intento de gesto político, garantizando así el vacío perfecto para la imposición de la mercadocracia. 

Lo que hacen las llamadas democracias liberales, en su subordinación al poder económico, es envolver en una telaraña todas las demás formas de vida humana, es decir, las relaciones sociales, como la cultura, el tiempo libre, la  enfermedad, la educación, el sexo e incluso la muerte. De esta forma, la democracia deja de ser un fin en sí misma, y se convierte en un medio o vehículo para la defensa de intereses de una minoría capitalista; o como bien lo demuestra en sus trabajos Noam Chomsky y Edward Herman, los medios de alienación masiva (de comunicación), se han convertido en los guardianes ideológicos y culturales de los intereses de una clase y un sistema político que vive bajo un estado permanente de crisis.  

Partiendo de esta tesis, la llamada opinión pública se convirtió en un campo de batalla de ideas donde, aunque siguen gozando de buena salud las de las clases dominantes, vienen siendo confrontadas por el campo de las ideas democráticas y de izquierda a lo largo de la historia, a partir de la profundización de la crisis del sistema capitalista en general y el avance de las tecnologías de la comunicación. Por eso las redes sociales son también un campo de batalla donde cada segundo, la visión del bloque de poder dominante es confrontada por la visión del bloque de poder alternativo y popular.

No se puede soslayar que la opinión, análisis y propuestas de quienes ejercen oposición política al sistema ha sido obligada a vivir permanentemente bajo la “autocensura” que impone la amenaza de muerte, o el exilio por la misma razón; o la cárcel por un montaje judicial o la tumba como ha sucedido con miles de activistas de movimientos progresistas, de izquierda o comunistas, así como con decenas de intelectuales, artistas, periodistas, reporteros, humoristas, profesores, estudiantes, sindicalistas, obreros, indígenas, afro descendientes, disidentes sexuales, convirtiendo a Colombia en uno de los países más ricos en cementerios clandestinos donde yacen miles de desaparecidos, testigos olvidados, que fueron callados para siempre por una política asesina que se ha practicado desde el poder del Estado.

Se ha acallado y censurado a tal extremo las posturas políticas de la oposición democrática, popular y comunista, al punto que el anticomunismo sigue siendo una doctrina de Estado, y en la mente de una mayoría de la opinión pública colombiana parece (es la actitud mental o consenso que han configurado los medios de comunicación) que no existe nada distinto al modelo único de sociedad capitalista y neoliberal, algo así como un estado natural de la sociedad, eterno, duradero e inmodificable.

Esta es una de las razones por las cuales, muchos opositores de izquierda y demócratas han sido obligados a la autocensura, a ese perturbador silencio autoimpuesto que lo mantiene entre la disyuntiva de ser asesinado y vivir entre las fronteras de la conspiración o la militancia armada para hacer valer su palabra, así ésta sea la forma más extrema de existencia como sujeto político.

A partir de estos planteamientos, es válido preguntarnos entonces, qué espacio para la difusión de ideas ha tenido la oposición política en este país, y cómo ha sido tratada por los grandes medios de comunicación. Una posible respuesta es que lo que la oposición exprese, convoque o proponga es difícilmente presentado con seriedad y rigurosidad por dichos medios, por el contrario, generalmente el procedimiento que siguen es invisibilizarlo, atacarlo, y en el mejor de los casos tergiversarlo o caricaturizarlo.

No obstante, el más grave daño que se le ha hecho a la oposición, es señalarla de aliada o cómplice de la guerrilla con todas las consecuencias que este tipo de estigmatización ha significado para ella. En el fondo lo que se busca es que se propague la idea de que la posición política es aliada del “terrorismo”.

La manipulación ideológica y mediática a que ha estado sometida una considerable franja de la población a lo largo de la historia, explica en parte por qué el desconocimiento y “supuesto” rechazo de ésta a un posible acuerdo definitivo que ponga fin al enfrentamiento armado que hemos vivido durante décadas. No obstante, la importancia del Acuerdo general sobre el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, como condición para la conquista de la justicia social, ha venido ganando terreno en millones de colombianos.

La sociedad colombiana se debe un debate serio y profundo sobre cuál ha sido el papel de los grandes medios de comunicación en una sociedad caracterizada por un conflicto social y armado con raíces y causas históricas, y que está ad portas de la solución política del mismo. Ese debate es urgente y necesario exigirlo. ¿Cuál será su papel en una sociedad libre de conflicto armado, democrática y de derechos?, es una pregunta que reclama una respuesta urgente.

El país no ha vivido una apertura democrática donde la oposición política sea asumida con verdaderas garantías y respeto. Por el contrario, se la trata como a un enemigo al que hay que reprimir, exterminar y eliminar por la maquinaria de guerra estatal y para estatal, tal y como ha sucedido a lo largo de la historia. Es hora de una apertura democrática con reglas del juego claras y consensuadas para la participación con garantías jurídicas, políticas y económicas de la oposición, eso es lo que está acordado en el punto dos sobre Garantías de participación.

Pero no bastan los acuerdos firmados en un papel, nos toca asumir nuestra responsabilidad ante el nuevo momento que vivimos: romper el miedo y el sometimiento en que nos han mantenido a lo largo de décadas la clase dominante colombiana, amparada en la impunidad y cubrimiento que le otorgan las instituciones y los medios de comunicación de masas.