En Prensa Libre se publicó un reportaje-denuncia sobre el estado de la niñez en el país y de inmediato surgieron voces negando esa realidad cuyos efectos están a la vista de todos. Haber nacido en Guatemala es un castigo inmerecido para millones de niñas y niños cuya infancia permanece sumergida en la miseria, la desnutrición y la falta de acceso a lo que la Constitución promete y sus gobernantes ignoran. No es solo salud y educación la promesa violada, es protección integral en todos los aspectos del desarrollo.

Suelo revisar cuidadosamente las expresiones compartidas por internautas en redes sociales. Son variadas y reflejan en muchos aspectos la profunda crisis del Estado de Guatemala y de todas sus instituciones, públicas y privadas. Allí se estampa con prístina claridad el efecto catatónico provocado por un conflicto armado interno cuyos métodos represivos fueron científicamente calculados por los entrenadores estadounidenses para no dejar posibilidad alguna de rebelión en una sociedad acallada por el miedo.

La forma selectiva como se perpetraron los asesinatos de líderes y pueblos indígenas no fue un arrebato irracional de la soldadesca, sino una estrategia diseñada en el marco de la Guerra Fría. Esos métodos no han desaparecido y están patente en las estadísticas luctuosas de un país supuestamente democrático y en paz. Lo vivido en estas últimas décadas y sobre todo en el reciente año muestra cómo esa pasividad temerosa de la ciudadanía tiene un efecto directo en el empoderamiento de los sectores más corruptos y destructivos de la sociedad.

El impacto de las decisiones pergeñadas en los círculos poderosos de las organizaciones empresariales, el ejército, el Congreso de la República y el poder ejecutivo va directo al corazón mismo de la Nación. Guatemala es un país saqueado vilmente y sin el menor recato. Los acuerdos y compromisos internacionales son ignorados por los centros de poder y, peor aún, se emiten y modifican leyes cuyo único propósito es resguardar la impunidad de quienes cometen delitos desde esas instancias. Ante este escenario la ciudadanía espera a que alguien descienda de la Vía Láctea, tome la iniciativa y suceda el milagro del cambio.

Sin embargo, mientras eso suceda la niñez agoniza a la vista de todos. La pobreza, en Guatemala, es un crimen de lesa humanidad porque en Guatemala la riqueza abunda a manos llenas. El drama humano de la desnutrición, de la falta de vivienda, de la destrucción planificada de la infraestructura con fines de privatización, de la apropiación de bienes del Estado, del abandono de los migrantes y muchos otros actos abiertamente delictivos lleva al país hacia la pérdida total de la poca soberanía que aún le queda.

El nombramiento de amigos y cómplices en los puestos clave del gobierno incide de manera directa en la degradación ambiental, en el ocultamiento del saqueo, en garantías de impunidad para los involucrados en delitos fiscales y electorales, pero sobre todo en la cruda realidad de ese desfile interminable de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres de todas las edades hacia las fronteras, quienes prefieren arriesgar la vida en ese trayecto que hacerlo en su propia tierra. Claudia Patricia - la joven de Guatemala a quien asesinó de un disparo en la cabeza un agente de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos- es el símbolo de otras miles de jóvenes ansiosas por alcanzar un sueño fuera de su patria, porque en ella la han condenado a la miseria por mujer, pobre e indígena. Así es como Guatemala le responde a su pueblo. Lo más perverso de esta política de exclusión, es que al reducir drásticamente las perspectivas de desarrollo los expulsa del territorio para que, desde el norte, alimenten las arcas desde las cuales los gobernantes y su círculo de amigos obtienen su riqueza mal habida.

Si la gente buena espera a que suceda un milagro, terminará quedándose sin país.

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