La noticia del secuestro y muerte de tres periodistas ecuatorianos, en territorio colombiano, prendió las alarmas. Pero ni la crisis empieza en esta masacre, ni el responsable de todos los males de frontera es alias Guacho.

La verdad es que la situación de frontera colombo-ecuatoriana, está determinada, por lo menos, por cuatro variables: 

a) el impacto y las consecuencias del conflicto armado colombiano; por ejemplo, el desplazamiento de refugiados y las acciones de grupos armados organizados en frontera, 
b) las complejas y extensas dinámicas asociadas con el narcotráfico; por ejemplo, rutas, corrupción, lavado de activos, laboratorios y tierras aptas para cultivos, 
c) la dinámica propia de ser una región de frontera; por ejemplo, familias binacionales, economía de frontera, abandono estatal como consecuencia del centralismo, y 
d) las dinámicas geopolíticas en la región; por ejemplo la mal llamada guerra contra el narcotráfico y las políticas de Estados Unidos para la región.

En ese sentido, el fenómeno “Guacho” es sólo una expresión puntual de uno de los eslabones de la cadena de narcotráfico: sus aparatos de seguridad. Es necesario tener en cuenta que la cadena del narcotráfico incluye: producción, suministro de insumos, procesamiento, almacenamiento y transporte, y  distribución en los centros de consumo. Para todas estas tareas ilegales se requiere, por lo menos, dos cosas: un sistema de seguridad, y una ramificación del negocio en la legalidad.

Estos sistemas de seguridad del narcotráfico se han alimentado del paramilitarismo colombiano, de grupos guerrilleros y, recientemente, de los graves errores en los planes de reinserción de guerrilleros colombianos, a los que se suman las fallas en la implementación del reciente acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano.  

La mal llamada guerra contra el narcotráfico, cuyos resultados son altamente discutibles, está basada por lo menos en dos errores: 

a) el énfasis en la respuesta represiva basada en la visión policial y militar, pues esta lógica conduce a acciones tales como la radicación forzada, la fumigación y la criminalización de los pequeños cultivadores, prácticas estas que no han dado soluciones en el caso colombiano; y 
b) el énfasis en la responsabilidad de los productores, lo que significa el desarrollo de acciones, casi exclusivamente, en países donde están los cultivos. 

En otras palabras, no se asume de manera adecuada la corresponsabilidad de, por ejemplo, Estados Unidos para la persecución en su propio territorio de prácticas como la distribución y el lavado de activos.

Según algunos expertos, el porcentaje de dinero que queda en los países productores es marginal en relación con las grandes ganancias que van a los circuitos internacionales (entre el 2 y el 4%). Es decir, los circuitos financieros internacionales terminan por beneficiarse de un mercado altamente lucrativo. Así las cosas, un modelo integral de lucha contra el narcotráfico debería, incluso, ahondar más en el consumo y el lavado de activos, que en el campesino productor de hoja de coca.

El Gobierno del presidente Lenin Moreno, de Ecuador, desarrolla una respuesta que corre el riesgo de priorizar solo la presión mediática y social. A esto hay que agregar la presión de los Estados Unidos por reabrir sus antiguas bases militares en territorio ecuatoriano. El problema es que la experiencia demuestra, por lo menos en los casos de Afganistán  y Colombia, que la política antidrogas dirigida desde Washington no ha sido exitosa. En todo caso, en honor al concepto de soberanía, es el presidente Moreno quien tiene la última palabra al respecto.

Lo que Ecuador se juega va a determinar no solo su política antidroga, sino su postura frente al conflicto colombiano y su relación con los Estados Unidos, los cuales insisten en la reapertura de la base militar de Manta, bajo la lógica (a pesar de todas las evidencias en contra) de que el camino de la represión al productor es necesario y suficiente para acabar con los cultivos ilícitos y sus mercados anexos. 

Pero hay otro escenario que cuenta: la sociedad civil ecuatoriana. La gran conmoción que han producido los diferentes actos de violencia en Ecuador, desde enero de 2018, son algo más que un reclamo social, son una oportunidad de construcción social. Desafortunadamente, la agenda política ha llevado a la politización de la lucha contra el narcotráfico. Buscar solo en el expresidente Correa o solo en el presidente Moreno, la responsabilidad de la situación actual, no solamente es miope sino contraproducente. Hoy deberían primar otras banderas: la defensa de la soberanía de Ecuador, la unidad en torno a la vida y el rechazo a la violencia.