Que el Mercosur no pasa por su mejor momento no es novedad para nadie. A las turbulencias económicas que aquejan a algunos de sus miembros –especialmente Brasil y Venezuela- se agregan el cansancio manifiesto de sus socios menores –Uruguay y, en menor medida, Paraguay- y sus consecuentes deseos de buscar nuevos horizontes. A ello se suma, además, las discrepancias respecto a cuestiones centrales, entre las que sobresale el postergado acuerdo económico con la Unión Europea.

Aunque en principio, y pese a las especulaciones, los cuatro países suramericanos –Venezuela no participa de las negociaciones- llegaron, en el marco de la reciente Cumbre Celac-UE, a un acuerdo en común con delegados europeos para presentar propuestas formales sobre el acuerdo económico en el último trimestre del año, las semanas previas dejaron aflorar algunas diferencias importantes -arrastradas, en realidad, desde hace tiempo- entre los socios mercosureños sobre dicho tema.

Uruguay, por caso, es quien con mayor decisión en el último tiempo ha planteado la necesidad de que el Mercosur flexibilice sus normas y permita, o bien habilitar la posibilidad de firmar acuerdos por fuera del bloque, o bien implementar mecanismos dentro del mismo para que los miembros puedan negociar a distintas velocidades, en los casos en que no haya consenso. El ministro de Economía charrúa, Danilo Astori, y el canciller Nin Novoa son quienes más fuertemente se pusieron al frente de dichas demandas, sin escatimar críticas más generales al bloque suramericano, lo que terminó por dejar en claro que hoy por hoy -para Uruguay- el mismo es más un obstáculo que un espacio de contención. Tal postura se reafirma, además, al contemplar los coqueteos de Uruguay por incoporarse a la Alianza del Pacífico, como así también por las negociaciones para suscribir al tratado de libre comercio de servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que promueve EEUU.

Por su parte, las urgencias económicas por las que atraviesa Brasil empujaron a Dilma a plegarse al apuro uruguayo. En un reciente encuentro en Brasilia -en un gesto que no puede leerse sino como un mensaje a la Argentina-, ambos mandatarios coincidieron en que el acuerdo con Europa es la prioridad máxima del bloque. Con una lógica eminentemente pragmática, la mandataria brasileña se esperanza con que el acuerdo con el Viejo Continente traiga un poco de aire a una economía que ha entrado recientemente en recesión. De todas maneras, para la tranquilidad de algunos y la desazón de otros, Dilma aseguró que el Mercosur seguirá negociando con la UE de bloque a bloque. No sólo los uruguayos habrán refunfuñado por ello: la propia canciller alemán Ángela Merkel ya había dado el aval para que las negociaciones se hicieran “a dos velocidades”. Y es que, aun padeciendo los coletazos de la crisis económica de 2008, la UE es la parte más interesada por que el acuerdo con el bloque suramericano se concrete.

De diferentes formas y en distintos momentos, Argentina es quien más reticente se ha mostrado al avance del acuerdo. La presidenta Cristina Fernández, así como varios de sus ministros, han advertido más de una vez sobre los peligros y el retroceso que supondría para la región adherir a un acuerdo de libre comercio con potencias económicas sin ningún tipo de salvaguardas, máxime cuando las mismas son conocidas por implementar prácticas deshonestas como otorgar subsidios a sus productores o imponer medidas paraarancelarias.

La postura de argentina es compartida tanto por Venezuela como por Bolivia, país éste que se encuentra en proceso de incorporación formal al Mercosur, y cuyo presidente -Evo Morales- advirtió hace unas semanas que la firma del TLC con Europa supondría una suspensión inmediata de dicho proceso.

Más allá de volver notorias las diferencias al interior del vecindario, que terminarán definiendo -ya sea que se agudicen o se resuelvan hacia adentro- el propio futuro del Mercosur, las negociaciones con Europa han permitido que asome de manera muy gráfica una de las tensiones principales que atravesó las últimas décadas latinoamericanas.

En efecto, si durante los noventa se instaló con abrumadora fuerza en la región la idea de que la única alternativa para no caernos del mundo y quedar afuera de la globalización era suscribir cuanto tratado de libre comercio se cruce por el camino, la última década demostró -sobre todo a la luz de las dolorosas crisis neoliberales- la importancia de que el Estado regule e intervenga en el mercado con diferentes instrumentos proteccionistas. No sólo eso: los últimos años también fueron testigos de la emergencia de un mundo multipolar que abre novedosas posibilidades para tender vínculos menos asimétricos y más diversificados con los distintos actores emergentes. Por si fuera poco, casos como los de Colombia o México asoman como la prueba viva de los efectos nocivos que supone -para los campesinos, los trabajadores en general y el propio rumbo macroeconómico- liberar el comercio con los países centrales.

La pregunta de fondo es: ¿Hay alternativas a un TLC con Europa? Sí, pero hay que generarlas. Y dichas alternativas dependen, antes que nada, de la voluntad conjunta de los países de la región para avanzar en la integración económica y forjar nuevos destinos que rompan con lógicas centenarias de desigualdad. Algo que hoy parece difícil pero que en absoluto es imposible.