El largo litigio que el Estado argentino mantiene con un pequeño grupo de bonistas que rehusó entrar en los dos canjes de deuda planteados por el Gobierno en 2005 y 2010, tal como sí lo hizo el 95% de los acreedores,  permitió empezar a poner en evidencia el profundo y costoso vacío legal que existe a nivel internacional en materia de reestructuración de deudas.

Esta vacancia, en absoluto casual, de un marco normativo que funja como paraguas de protección para los Estados nacionales frente a la voracidad del capital especulativo, se fortaleció posteriormente a la luz del resonado caso griego y –con mucha menor prensa- con la aguda y actual crisis fiscal de Puerto Rico.

Más allá de las diferencias coyunturales, los tres países mencionados fueron víctimas del accionar de los fondos buitre, nombre con el que se conoce a los grupos de capital de alto riesgo, generalmente radicados en paraísos fiscales, que se dedican a comprar títulos de deuda de economías de países débiles o a punto de colapsar –la cual, por ese motivo, adquieren a precios muy bajos-, para luego reclamar por la vía judicial el valor total de esos bonos, más los intereses devengados, una vez que los países recuperan sus posibilidades de pago o bien reciben préstamos internacionales para afrontar los mismos. La operatoria, que encarna el paroxismo del capitalismo financiero –en tanto se trata de dinero que produce dinero prescindiendo de la fase productiva- sólo se explica por la connivencia entre estos grupos especuladores y los sistemas judiciales de algunos países, principalmente potencias económicas, siempre bien dispuestos a hacer prevalecer los intereses privados por sobre el de los Estados nacionales.    

Está de más decir que, ni por asomo, la situación descripta se restringe a los tres casos citados. Por el contrario, el peligro de caer bajo las garras especuladoras de los buitres es extensible a todo país que pase por una situación de urgencia económica, lo que en las condiciones actuales de la economía internacional es lo mismo decir “al mundo y sus alrededores”. Al respecto, según datos de la ONG Jubilee Debt Campaing, en los últimos años los fondos buitre han iniciado alrededor de 54 procesos judiciales por un total de 1.500 millones de dólares, en 12 de los países más pobres del mundo. El FMI aporta otro dato que da cuenta de la relevancia del asunto: desde 1950, hubo más de 600 procesos de canje de deudas en todo el mundo.

Ahora bien, de manera muy incipiente, la inteligente estrategia argentina de llevar su conflicto fronteras afuera, logró posicionar el tema a nivel internacional, lo cual fue produciendo algunos primeros movimientos de fuerte cuestionamiento a la actual arquitectura financiera mundial, verdadera condición de posibilidad de la existencia de los buitres. En ese sentido, varios fueron los organismos -Mercosur, Unasur, Celac, ALBA, OEA, Aladi, G77+China, entre varios más- que brindaron su solidaridad al reclamo argentino y sumaron sus voces a la demanda por la creación de mecanismos contra la especulación financiera.

En el marco de esa táctica, no obstante, la apuesta más fuerte fue la realizada en el ámbito de la ONU, lo que constituyó un hito al interior de dicho organismo, puesto que es la primera vez que se trata allí un tema relacionado con deudas nacionales. Así, en septiembre del año pasado, 124 naciones se pronunciaron a favor de crear un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. La votación se completó con cuarenta y un abstenciones y once votos en contra, entre los que se destacan el de EE.UU., Alemania y Reino Unido, países que habían logrado vetar hasta ahora cualquier iniciativa similar.

Posteriormente, tras un trabajo de cinco meses, en julio de este año un comité de Naciones Unidas creado especialmente para tal fin, presentó los nueve puntos centrales sobre los cuales versará el futuro marco jurídico, entre los que se destacan: el reconocimiento y la inclusión de la reestructuración de pasivos como una de las tantas decisiones macroeconómicas de cualquier país; la “sustentabilidad” del proceso de reestructuración, orientado a resguardar los intereses estatales; y el principio de “reestructuración de mayorías”, norma que buscará minimizar el accionar carroñero frente a los acuerdos mayoritarios.

Este proceso inédito llega hoy a su instancia decisiva, donde los 193 miembros del septuagenario organismo decidirán finalmente si se crea o no la herramienta para limitar la especulación, al menos en su forma más obscena. Ayer, un grupo de diecinueve reconocidos economistas internacionales –entre los que se destacan Piketty, Varoufakis y Galbraith- respaldaron el proyecto aduciendo que el mismo permitirá “que cada Estado pueda resolver sus problemas de deuda sin riesgo de colapso financiero o la pérdida de su soberanía”.

De más está decir que –de concretarse- el proyecto lejos estará de resolver en su totalidad las casi infinitas desigualdades que componen la trama capitalista mundial. Pero sí habrá significado un primer paso tan inédito como imprescindible en el necesario y postergado empoderamiento de los Estados –sobre todo los periféricos- frente a una lógica especulativa dañina para las mayorías. Lo cual, va de suyo, es sumamente celebrable.