Asociaciones de periodistas rechazan Ley de Medios en Uruguay

Gremios y asociaciones de periodistas de Uruguay expresaron el miércoles su rechazo a la nueva Ley de Medios aprobada en la víspera por el Senado.

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A través de un comunicado la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) afirmó que la normativa es una violación a la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa, consagradas en la Constitución del país suramericano.

En el texto la APU sostiene que la nueva ley tiene expresamente establecida la “obligación de los medios a brindar opiniones y comentarios de manera ‘seria’, ‘completa’ e ‘imparcial’ bajo pena de que el Estado los sancione”.

La APU advierte que la norma “constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos".

El gremio denunció que la votación y aprobación en el Senado se debió a la presión de los partidos políticos integrantes de la coalición de gobierno asociados a la campaña electoral que está en curso.

También la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) rechazaron la nueva legislación y adviertieron que constituye una violación a la Ley de Libertad de Prensa.

El martes pasado el Senado de Uruguay aprobó, con los votos de la mayoría que conforma la coalición de gobierno, una “ley de medios” que consagra aún más la concentración en las grandes empresas comunicacionales al tiempo que posibilita que capitales extranjeros adquieran licencias de televisión y radio.

Para la Fepalc y la FIP, la concentración implica un retroceso en la normativa de defensa de la libertad de expresión consagrados en estándares iberoamericanos, profundiza la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación. 

Otras de las críticas es la reducción, cuando no se elimina, la participación social. En suma, se vulnera parte de los derechos humanos de la ciudadanía.

Según el último informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), que monitorea la libertad de prensa, entre abril de 2023  al 31 de marzo de 2024 se registraron 59 casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión.