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El texto estipula que será sancionado quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Las reformas que agregan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, precisan que se aplicará el doble la sanción cuando las conductas descritas se practiquen contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

Asimismo, si es el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

También será castigada quien tuviere una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier subordinación de la víctima.

Además, el documento subraya que los profesionales, técnicos, auxiliares de la salud o relacionados con prácticas quirúrgicas que menoscaben la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio de la profesión por espacio de uno a tres años.

Dichas modificaciones al Código Penal y la Ley General de Salud incluyen multas de más de 12.600 dólares y se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

Trascendió que estos cambios se aprobaron sin debate, tras varios años de haber sido propuestos por primera vez y con la oposición de los integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), quienes votaron directamente en contra o se abstuvieron. No obstante, la iniciativa consiguió una mayoría.

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Oposición lidera intención de voto en Uruguay, según encuestadora

Según las autoridades sanitarias, el país reporta un total de 804 casos de dengue, cifra que no solo supone un récord para el año, sino que por primera vez Uruguay supera esa marca desde que se tienen registros del virus que transmiten los mosquitos Aedes aegypti.

El ente sanitario confesó que en estos momentos procesa también otros 37 casos sospechosos con antecedente de viaje, 14 sin este antecedente y tres sin datos previos.

Hasta el momento han fallecido tres personas en la nación a causa de las complicaciones asociadas a la enfermedad fallecieron con dengue.

No obstante, la institución aclaró que solo uno de los tres murió a causa de esta enfermedad. Los otros dos traían "comorbilidades que pudieron ser determinantes del fallecimiento".

Por su parte, el MSP recomienda el uso de repelente así como vaciar o tapas todos los recipientes de agua limpia para que no se reproduzca el agente transmisor y se propague el virus.

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Informan continuidad de votación adelantada en Panamá

Esta medida se ha tomado debido a la desconfianza expresada por los partidos políticos en el sistema de votación electrónica.

La suspensión del voto electrónico afecta a 20 mesas que habían sido instaladas en el Centro de Convenciones Atlántico Pacífico (Atlapa) para los comicios del próximo 5 de mayo.

En su lugar, se utilizará el sistema de votación y escrutinio manual establecido en el Código Electoral en las 20 mesas afectadas, al igual que en las otras 32 mesas ubicadas en Atlapa.

El TE tomó  esta medida con el objetivo de mantener la transparencia del proceso electoral, eliminar posibles causas de preocupación y fortalecer la integridad del sistema. Esta decisión se enmarca en el compromiso de garantizar la confiabilidad y legitimidad de las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de mayo.

Cabe destacar que aproximadamente 3 millones de panameños están convocados a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidente, así como a otros representantes, para el período constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029. 

Ocho candidatos se disputan la presidencia, entre los cuales José Raúl Mulino, Rómulo Roux, Ricardo Lombana y el expresidente Martín Torrijos parecen ser los más destacados según las encuestas.

El Tribunal Electoral reitera su compromiso con la transparencia y la legitimidad del proceso electoral, y continuará trabajando para garantizar unas elecciones justas y equitativas para todos los ciudadanos panameños.

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Envían a juicio a ambientalistas de Santa Marta, El Salvador

Según informó el ministerio público en sus redes sociales: "Esto es solo el inicio de una amplia investigación, para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción. (...) Flores será presentado a los tribunales correspondientes para que sea procesado y responda ante las leyes", indicó.

Al mismo tiempo, las autoridades del país centroamericano informaron también de la detención del asistente del comisionado, José Ángel Quintanilla Rosales, a quien se le imputan cargos de “cómplice necesario”, por su presunta vinculación directa  en los actos de corrupción antes señalados.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se encuentra cumpliendo una licencia de seis meses tras haber sido candidato presidencial y en espera del inicio de su nuevo periodo, celebró la detención del comisionado.

“No es el primero, y tampoco será el último. Sí Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas (…) Yo quisiera que me recordaran como el presidente que no robó ni tampoco dejó que nadie a su alrededor robara”, declaró el presidente durante una reunión ejecutiva.

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Asesinan a alcalde en la provincia ecuatoriana de Azuay

A través de un comunicado el ente militar indicó que en el helicóptero se movilizaban un grupo de cinco militares y tres civiles. También añadió que el accidente ocurrió en la zona de Tiwino, provincia de Pastaza.

Los civiles muertos eran funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) del Gobierno ecuatoriano que llevaban ayuda humanitaria a sectores de la  provincia de Pastaza, afectados por inundaciones ante la crecida de los ríos.

Las víctimas del accidente aéreo fueron identificadas como el mayor Andrés Sierra, que pilotaba la aeronave; el teniente Jaime Cordones, que ejercía de copiloto; el sargento Leonardo Gutiérrez, que tenía la función de ingeniero de vuelo, y los cabos Cristian Morales y Édgar Montesdeoca, que eran mecánicos.

Según el Ejército ecuatoriano, el helicóptero, modelo Mi-171E se precipitó a las 09H36 hora local y sus restos no pudieron ser ubicados hasta casi cinco horas después.

En su comunicado, el Ejército ecuatoriano precisó que el rescate de los cuerpos se realizará el sábado debido a las condiciones climáticas en la zona selvática que se presentaron este viernes.

Al conocer sobre el saldo fatal del accidente del helicóptero militar, el presidente Daniel Noboa expresó a través de su cuenta X su pesar por  el trágico accidente que sufrieron militares y servidores públicos.

También señaló que desplegará todos los esfuerzos necesarios en la búsqueda de la tripulación y pasajeros quienes se encontraban a bordo de la aeronave.

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La convocatoria incluye sindicalistas, organizaciones sociales y la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, quienes se concentrarán en la Caja del Seguro Social a las 08h30, para luego marchar por las calles del Centro Histórico hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo.

La movilización, que contará con un tinte especial, celebrará el triunfo del No en las preguntas sobre trabajo por horas y arbitraje internacional en la reciente consulta popular. 

Sin embargo, se mantienen vigilantes para asegurar que las decisiones democráticas se respeten y no se intenten reintroducir a través de proyectos legislativos.

Además, se rechazará el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se criticarán las políticas neoliberales del presidente Daniel Noboa, incluyendo el perdón de deudas a grandes empresarios. 

Las organizaciones también cuestionaron el nuevo préstamo al FMI para pagar deudas mientras persiste la crisis social en Ecuador. Instaron a llevar el rechazo a Noboa de las urnas a las calles, destacando la importancia de la protesta como forma de expresión ciudadana.

La marcha en Quito partirá desde las afueras de la sede del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a las 08h30 y culminará en la Plaza Santo Domingo. Se espera una participación masiva en este evento que busca visibilizar las demandas laborales y sociales de la población ecuatoriana.

Este llamado también estará planificado para rechazar la militarización que reina en el país ecuatoriano.

¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? Se está presentando ante la OACI una demanda, ¿en qué se traduce esto? ¿Por qué llega el Gobierno venezolano a la OACI?

- Porque dentro de lo que ha ocurrido en estos últimos meses, indudablemente hay una violación flagrante de 13 artículos del Convenio de Chicago y la OACI, dentro de su normativa, así como lo reza el artículo 44 en el inciso F, dice que los fines y objetivos de la OACI son asegurar que se respeten plenamente los derechos de los Estados contratantes y que cada Estado se respete unos con otros. 

Por eso es importante esta demanda que se ha presentado ante la OACI, donde ahora pasa al Consejo de la OACI, donde existen 36 miembros, de los cuales Venezuela es miembro activo de ese Consejo hasta el año 2025.

Dentro de toda esta controversia que se ha generado, Venezuela ha tenido de alguna manera un eco internacional bastante importante. Los medios de comunicación incluso han colocado, dentro de toda esta controversia a otros países de la región. ¿Qué precedente está marcando esto, ministro? ¿Cómo lo ve el Gobierno de Venezuela? No solamente desde el punto de vista diplomático, político, sino también comunicacional.

- Es notorio y público que ha existido una violación a toda la normativa internacional y a los convenios bilaterales que ha firmado Argentina y Venezuela como miembro signatario de la OAIC de los 193 países, somos miembros desde 1944 y aquí reviste gran importancia lo que Venezuela ahora está propiciando a través de esta demanda, que ha llegado al seno del Consejo de la OACI como un mecanismo para evaluar todas las condiciones que se han generado, todas las trasgresiones que se han generado, principalmente, para llegar a un consenso internacional que estas conductas no pueden ser repetitivas, ya que trasgreden el derecho internacional y trasgreden, inclusive, la soberanía de los Estados.

El Convenio de Chicago, ¿cuáles son esos puntos, esos aspectos en específico que lleva a Venezuela ante la OACI y que estaría violando Argentina?

- Son efectivamente 12 artículos del Convenio de Chicago. Es importante destacar que data de 1944 y allí se establecen las reglas del juego, que involucran las relaciones bilaterales entre los países y más si son países contratantes, son países que están activos y estamos en la obligación de regir las relaciones bilaterales en materia de aviación a través de los convenios bilaterales y a través del órgano rector que es la OACI.

Han sido 12 artículos que se han violado en toda esta trama desde junio de 2022 hasta la reciente destrucción de nuestro avión de Emtrasur, y donde hay violaciones tan sencillas como lo es el desconocimiento o el no reconocer una obligación que tienen los Estados sobre los derechos de los pilotos, de los tripulantes; cosas tan sencillas como decirle cómo vamos a darle una acusación a personas sin tener ninguna prueba, darle medidas preventivas, prácticamente le dieron ilegitimidad en su derecho a la libertad, les quitaron sus documentos. 

Un grupo pasó más de tres meses en un hotel sin posibilidad de moverse, otro grupo pasó más de cinco meses. Inclusive, ahí había madres con hijos aquí en Venezuela y el presidente Nicolás Maduro ordenó que lleváramos los familiares al encuentro de esas personas inocentes que estaban en Argentina, como un mecanismo de reencuentro de la familia, porque lo que hubo fue una violación de los derechos humanos de estos tripulantes, 19 tripulantes.

También hay que acotar que son tripulantes venezolanos e instructores de nacionalidad iraníes, y todo viene por el tema de que los instructores eran iraníes. Bueno, pero si Venezuela estaba con una aeronave que no tenía instructores, indudablemente producto del bloqueo también, donde el Estado fabricante de la aeronave no nos permite ni acceder a los repuestos ni acceder a entrenamiento, nosotros hemos buscado asesoría de instructores iraníes, quienes son altamente profesionales. Por el simple hecho de ser iraníes, viene lo que denominan “acusaciones infundadas”, que en el transcurso de los meses se determinó, aplicando los órganos de inteligencia, se activaron los órganos de inteligencia de otros países: el FBI, el Mossad, y no pudieron demostrar ni una de las acusaciones que le imputaban a la tripulación, ni a ellos ni al avión.

Más allá de toda esta situación de lo que representa para la soberanía argentina, y por supuesto para el continente latinoamericano, también han tenido la solidaridad de algunos países, de algunas organizaciones, de pueblos del mundo, que han tenido un afectó a Venezuela, no solamente en este, sino en otros casos tan importantes.

- Lo podemos ver en las declaraciones que emitieron los diferentes organismos internacionales a favor de nuestro país e inclusive, países que no son tan afines, tan amigo de nosotros como Gobierno por las diferentes circunstancias que ellos alegan, también emitieron sus posiciones dándole el apoyo a Venezuela. Allí es donde nosotros, indudablemente, tenemos que ser certeros en lo que estamos haciendo como país porque estamos reclamando un derecho legítimo; un accionar de dos Gobiernos, dos países que violaron toda la normativa internacional para consumar un delito, llevarse el avión, destruirlo, como un mecanismo también de demostrarle al mundo que ellos son los amos del mundo, para desmoralizar al pueblo de Venezuela.

Pero el pueblo de Venezuela ha demostrado que es un pueblo que se resiste, que se levanta, y es un pueblo que, liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro, está llevando un desarrollo a un nivel que nunca antes en la historia lo habíamos tenido, así lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro.

Aquí hay que resaltar también que la OACI dentro de su normativa, el Convenio de Chicago, establece los mecanismos para resolver controversias entre los Estados. Venezuela hizo lo que tenía que hacer: hizo comunicaciones oficiales a través de las embajadas, de las autoridades aeronáuticas, de los canales de WhatsApp, inclusive, a través de las reuniones bilaterales que se presentaron en el continente, producto de reuniones técnicas, pero nunca hubo una respuesta de la autoridad argentina, ni sí ni no. Al mismo tiempo están transgrediendo un articulado muy importante que establece el Convenio de Chicago que tiene que ver con el establecido en el artículo 27: exención de embargo por reclamación sobre patente; ningún avión en el mundo, así lo dice tácitamente el Convenio de Chicago, no puede ser objeto de enajenación o de embargo cuando se encuentre en servicio y ese avión se mantenía en servicio.

Otro de los articulados que es muy importante también formular es el artículo 82, donde también el Convenio de Chicago establece los acuerdos que deben seguir los Gobiernos para establecer soluciones a controversias y, en este caso, entre el Gobierno de Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos aplicaron un acuerdo que fue firmado en el 91 entre ambas naciones, donde Venezuela no es signatario de ese acuerdo, por lo tanto hay una trasgresión también a la normativa internacional. Aparte de eso también es importante resaltar que el acuerdo firmado en el 91 entre Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos, es un acuerdo que tiene que ver en el caso de llevar causas penales.

Ahora, el caso que llevaba la misma legislación argentina en Buenos Aires era un caso civil, entonces no entendemos cómo un caso civil, que era determinar si había alguna violación o, al final ello se dieron cuenta que no hubo ninguna prueba de los delitos que estaban siendo acusados tanto la tripulación en el avión, utilizan un acuerdo que no lo hemos reconocido y que a los ojos de la Convención de Chicago no tiene ninguna validez.

Dentro de los medios de comunicación se quiso posicionar la irrelevancia del aparato, es decir, del avión, luego de que se liberara la tripulación, secuestrada en Argentina, una detención que no tuvo razón de ser y que posteriormente se le dio poca importancia en los titulares de la prensa internacional la causa que llevaba este avión. Quería preguntarle, ¿por qué ha sido tan importante el avión? ¿Por qué, desde Estados Unidos, pudiese ser una amenaza? Teniendo en cuenta lo que el avión de Emtrasur ha hecho por los venezolanos y por los pueblos del mundo.

- Así lo ha resaltado el presidente Nicolás Maduro. El avión de Emtrasur, desde que llegó aquí a Venezuela, fue un avión para llevar carga humanitaria a los países que lo necesitaban. Es una lástima que, bajo una visión mezquina del mundo, el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el Gobierno de Argentina se hayan prestado para robarle este bien de los venezolanos.

Hay que tomar en cuenta también que no es sólo el avión, sino también las circunstancias, las violaciones a la normativa internacional, a los tratados internacionales, a los convenios bilaterales, que están inmersos en este delito, que nosotros calificamos es un robo de un bien del Estado venezolano y por eso que, dentro de los petitorios que nosotros le hemos hecho a la OACI a través del Consejo de la OACI, tiene que ver en primer lugar que ya aceptaron la demanda, pasó por toda la formalidad, todo el articulado, ese era el petitorio número uno; ahora vamos al Consejo, como le dije Venezuela forma parte del Consejo y ahí vamos a defender la posición no solamente de Venezuela, sino la posición de todos los países del mundo, porque todos los países del mundo tienen que verse en ese espejo, que cuando Gobiernos imperiales que se creen dueños del mundo no respetan la normativa internacional, le puede pasar a cualquier país del mundo.

Por eso es que, así como lo han hecho nuestros libertadores, nuestro Libertador Simón Bolívar, nuestro comandante Hugo Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro, que es fiel defensor de la causa, fiel defensor de las cosas que merecen defenderla en Venezuela y en el mundo, así nosotros como Gobierno y el presidente Nicolás Maduro así lo ha instruido, hacer nuestra defensa no sólo por Venezuela, sino para evitar que otros países también les suceda lo que le ha sucedido a Venezuela con este caso.

Solidaridad internacional, por supuesto ha habido desde el continente un claro respaldo a este tipo de inconvenientes y de controversias que se han generado, pero una controversia que genera también respuestas dentro del neoliberalismo, dentro de estos países que están de alguna manera violentando las leyes. ¿Cómo califica usted? Precisamente hace un mes Argentina también se dirigía a la OACI a demandar a Venezuela sobre el espacio aéreo venezolano.

- Nosotros lo calificamos, no sé si esas palabras fueron entendidas en Argentina como cara de tabla, porque los argumentos que estaban utilizando en esa carta fueron los argumentos que ellos trasgredieron una y otra vez, multiplicado por mil, en contra de Venezuela, y Venezuela es un país independiente, autónomo, y nosotros también visualizamos una amenaza, por eso es la decisión del Gobierno de Venezuela. Dos países que se ponen de acuerdo para trasgredir la normativa internacional, donde un avión de uso civil lo disfrazan bajo una normativa militar para robárselo, llevárselo a otro país, quiere decir que son dos países que no respetan ninguna regla internacional.

Por lo tanto, nosotros no podíamos tener una amenaza, pasando un avión con sigla argentina sobre nuestro espacio aéreo porque no sabíamos o no teníamos certeza de las intenciones que puede hacer un avión cuando sobrevuela el espacio aéreo tan delicado de un país como lo es Venezuela.

Es decir, las comunicaciones entonces no están fluyendo entre ambos países en este momento sobre el espacio aéreo.

- La idea, y así lo hemos establecido también, de llevar esta controversia ante la OACI es buscar respuesta del Gobierno argentino porque no hubo respuesta por ningún medio. Nosotros tenemos que obligar, así como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades, cuando Gobierno de otros países o la oposición de nuestro país los ha obligado a sentarse, eso es lo que nosotros estamos buscando con esta defensa que estamos haciendo. Vamos a sentarnos, vamos a hablar de los acontecimientos; eso sí, tienen que reconocer la trasgresión que han hecho porque son trasgresiones a la normativa que lesionaron el patrimonio de los venezolanos y las venezolanas. Es un avión que está valorado sobre los 40 millones de dólares, es un avión que durante estos dos años que estuvo retenido generó pérdidas al Estado venezolano por más de 120 millones de dólares.

Ahora, ¿quién responde por esas pérdidas al Estado? ¿Quién responde por el avión que nos destruyeron? Valga la pena resaltar, cuando el Gobierno de Argentina accede a entregarle el avión al Gobierno de los Estados Unidos, lo entregó con una condición, que se nombrara un representante de las oficinas del FBI que funcionan en Argentina como el custodio de ese avión y, si en algún momento se presentaba alguna decisión que favoreciera el retorno del avión, ese avión regresaba a la Argentina y de la Argentina a Venezuela. Entre ellos mismos que tienen un convenio bilateral firmado no se respetan las mismas reglas, qué quedará para el mundo que está desprovisto de organismos que verdaderamente responda a los intereses. 

Por eso es que es muy delicado lo que ha ocurrido, porque el bien del Estado lo destruyeron. Nos buscaban desmoralizar, pero ¿qué pasaría ahora en esta controversia que estamos llevando? ¿Qué pasaría si la OACI determina que Argentina tiene que devolverle el avión a Venezuela? Cuando en cuestión de tres o cuatro días el Gobierno de los Estados Unidos lo destruyó, lo demolió. Ahí se tiene que poner de acuerdo entonces el Poder Judicial argentino con el estadounidense y ver cómo nos reponen nuestro avión.

Muchos en redes sociales y en ese debate sobre la aceptación de la OACI también ven con recelo porque como hay intervención dentro de las organizaciones internacionales de Estados Unidos, de países neoliberales, pues se pretende también por esa vía coartar cualquier intento de justicia internacional para los pueblos del mundo. ¿Cómo ve usted ese proceso?.

- Bueno lo que estamos viendo en el resultado de la encuesta es el sentir de lo que nosotros hemos recibido, percibido también, como le dije tanto de gobiernos muy amigos como de gobiernos no muy amigos. Porque lo que ha ocurrido es una deformación de la legislación internacional del cumplimiento de todas las normativas y convenios bilaterales.

Por eso, es que Estados Unidos siempre ha buscado influir en las decisiones de los organismos internacionales y aquí como lo dije al principio en el artículo 44 la OACI tiene una obligación de darle respuesta y evitar que estos sucesos se vuelvan a repetir, por qué de hecho yo tuve la oportunidad de una intervención en el consejo de la OACI, inmediatamente como autoridad al terminar la intervención el representante del Gobierno de los Estados Unidos pidió la palabra y dijo que había sucedido con el avión de Emtrasur, había sido un caso en el marco de la justicia y que Venezuela estaba inconforme con esos resultados así como tratando de manipular la verdad, de manipular los acontecimientos, que estamos en plena discusión que es la transgresión de toda la normativa internacional, que es la aplicación de un convenio bilateral de la cual Venezuela no forma parte, transgrediendo también el convenio de Chicago y también hay que sentar un precedente que los gobiernos no pueden actuar unilateralmente.

Esas 930 sanciones que le han impuesto a nuestro país unilateralmente de una forma ilegítima, nosotros tenemos que evitar que otros países en el mundo sean objeto también de estas posiciones unilaterales y arbitrarias de los gobiernos que se creen dueños del mundo.

Ministro, la actividad de aeronáutica en Venezuela no se para,¿cómo va Conviasa?

- Bueno nosotros como país y así lo hemos informado, no dicho por nosotros, la Asociación Latinoamericana de Aviación Civil (ALAC), nos calificó en el 2023 como el país que tuvo mayor crecimiento en el sector aéreo y eso para nosotros es mecanismo de orgullo, un sentir de orgullo en saber que el sector aéreo pese a los bloqueos, las sanciones está creciendo.

Y nuestra línea aérea Conviasa, hoy en día es la línea aérea que abarca más destinos nacionales, son 34 destinos nacionales, abarca también 14 destinos internacionales, como línea aérea es la línea aérea más potente. Próximamente estaremos llegando a China, en el mes de junio estaremos haciendo el primer vuelo comercial hacia China. 

De tal manera que, el presidente Nicolás Maduro cuando hubo las primeras sanciones hacia Conviasa, reunió al personal de Conviasa y para nosotros fue muy satisfactorio escuchar a nuestro líder, a nuestro presidente la promesa al personal de trabajadores de Conviasa, en decirles que Conviasa iba a crecer y hoy en día tenemos una línea aérea sólida y en pleno crecimiento.

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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) manifestó que el pasado 12 de abril, un tribunal en Santa Ana (noreste) concedió por segunda vez medidas sustitutivas a la detención preventiva para Levi César Morales, acusado de asociación ilícita, por lo que se esperaba su liberación.

Morales fue arrestado mientras trabajaba en labores agrícolas en su comunidad, según la información de Fespad. Esta es la segunda vez que se le otorgan medidas sustitutivas, ya que en la primera ocasión no se hizo efectiva su liberación y fue nuevamente detenido cuando estaba a punto de ser liberado.

El tribunal indicó que enviaría la orden correspondiente a la Dirección de Centros Penales, por lo que se esperaba la liberación inmediata de Levi.

El joven detenido por el régimen salvadoreño es hijo de Silverio Morales, activista ambiental y líder indígena, y ambos se dedicaban a la agricultura. 

Fespad insistió a la Policía Nacional y a Centros Penales a cumplir con la orden judicial y liberar a Morales sin riesgo de ser nuevamente detenido y criminalizado.

Según el informe anual de Amnistía Internacional (AI), el estado de emergencia aprobado por el Congreso salvadoreño en marzo de 2022 para combatir a las pandillas se ha utilizado para perseguir a defensores de derechos humanos, especialmente a ecologistas, justificando detenciones arbitrarias.

Bajo esta medida, se han reportado más de 79,200 detenciones y se han recibido más de 6,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por arrestos arbitrarios y maltratos, además de más de 240 muertes de detenidos bajo custodia estatal.

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Justicia costarricense defiende derecho de informar al consumidor

La constante observación sobre el volcán se lleva a cabo por la Comisión Nacional de Emergencias costarricense (CNE) y expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori) de ese país.

Este ente ha advertido sobre “un aumento en la salida de gases y actividad sísmica” por lo que existen probabilidades de una erupción. Ante el panorama, el Ovsicori expone en su página oficial al Rincón de la Vieja en estado de preocupación. En tanto, las autoridades de la región han decidido cerrar los senderos que conducen a las partes altas del volcán.

Este volcán se encuentra al noroeste y a 280 kilómetros de la capital San José. Desde el año 2012 las autoridades han prohibido el acceso a la cima debido a que el coloso suele “lanzar erupciones de gases con cierta frecuencia y algunas veces ha provocado lahares que bajan por los ríos cercanos”. Asimismo, la CNE ha desarrollado una capacitación de los que habitan cerca para prevenir afectaciones.

El reporte emitido por Ovscari el 25 de abril, señala que "las energías sísmicas son las más altas de los últimos 5 años". Además indica que el monitoreo que se ha venido realizando, desde el pasado 17 de abril, muestran una “tendencia hacia un incremento en la actividad volcánica en el futuro cercano".

En esta semana, ese propio ente, registró 19 “pequeñas erupciones sin ceniza ni lahares”, en cambio si pudo precisar “columnas de gases que se elevaron entre 500 y 2000 metros sobre el cráter”.

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Avanza Campamento Tierra Libre 2024 en Brasil

Durante la jornada, el debate de ATL 2024 abogó por la unión de los pueblos indígenas del mundo para combatir la crisis climática, con la participación de líderes de diferentes naciones que dialogaron sobre los desafíos y consecuencias del cambio climático.

En este sentido, el coordinador ejecutivo, Kleber Karipuna, resaltó la urgencia de una acción internacional conjunta de las organizaciones indígenas para advertir políticas que pongan en riesgo sus derechos.

"La ATL está trayendo a familiares de otros países para que conozcan nuestra realidad, y nosotros podamos conocer su realidad, para que juntos, en esta alianza global de pueblos indígenas, podamos luchar por mejorar nuestros derechos", destacó Kleber.

Por su parte, la Alianza Mesoamericana de Pueblos de los Bosques de Costa Rica, representada por Levi Sucre, exigió que fueran reconocidos los conocimientos de los pueblos indígenas en el enfrentamiento al cambio climático y recalcó el derecho a la consulta previa, libre e informada.

“Exigimos consultas con nuestro pueblo para todos los proyectos, todos los derechos y todas las leyes. Como alianza global, creemos en el mensaje que trae Apib aquí en ATL: nuestro tiempo es ancestral, no temporal”, acotó el líder.

También en esta edición, líderes indígenas y quilombolas de Brasil ahondaron en las discusiones sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada durante el lanzamiento del libro “Los tribunales brasileños y el derecho a la consulta previa, libre e informada”.

Con anterioridad, se realizó una marcha en la capital brasileña en la que se solicitaron oficialmente las tierras en las que han vivido desde hace siglos y la protección de sus territorios de actividades criminales como la minería ilegal.

En la marcha hacia la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia donde se encuentran el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial de Planalto, portaron pancartas con mensajes como “El futuro es indígena” y sostuvieron un encuentro con el presidente Luiz Inácio Lula, quien se comprometió con el trabajo de demarcación de la tierra.

El Gobierno nacional anunció la creación de un grupo de trabajo para articular la garantía de este derecho constitucional. Las demarcaciones estuvieron paralizadas desde el golpe de Estado a la expresidenta  Dilma Rousseff en 2016 y fueron reactivadas por Lula en 2023.

Desde que asumió, el presidente Lula demarcó 10 tierras indígenas. El movimiento indígena solicita que otros cuatro territorios sean demarcados en los próximos días.