La discusión del fin del conflicto va más allá de la firma del acuerdo, se trata de qué viene y del respeto a la diversidad.
Desde 2012, el Gobierno colombiano y las FARC-EP instalaron en Cuba una mesa de diálogo para poner fin al conflicto armado que ha dejado desde 1958, 7.383.997 víctimas, 6.414.700 desplazados internos, 327 mil refugiados externos, 79 mil desaparecidos y más de 220 mil muertos.
La lógica territorial de inclusión social, la reinserción en función de las políticas anticonsumo, la lucha contra el crimen organizado y el fin de cualquier relación de rebelión entre los colombianos son los puntos destacados en las más de 60 páginas de acuerdos alcanzados en los Diálogos de Paz.
Para finalizar el conflicto suman casi cuatro años de negociaciones en los que se ha logrado pactar sobre el desarrollo agrario, que llevaría a la solución del conflicto de la tierra; la participación política, que permitirá a los miembros de la insurgencia ejercer cargos políticos tras dejar las armas; las drogas ilícitas, que contempla atender la sustitución del cultivo y programas públicos de prevención y por último el acuerdo de las víctimas, con el cual se reivindicará a todas las personas que han sufrido algún tipo de vejación por la guerra en Colombia.
Aún queda pendiente el fin del conflicto y la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Mucho se ha dicho de que las partes podían pactar antes de finalizar el mes de marzo, pero pasados tres meses de dicha fecha la delegación del Gobierno no había presentado propuestas para avanzar en la dejación de armas (una de las condiciones para el fin del conflicto) y no había discutido las ideas aportadas por las FARC-EP.
El vocero de la insurgencia en la mesa de diálogos, Pablo Catatumbo, llamó a desmontar el paramilitarismo para llegar al final del conflicto colombiano entre la organización insurgente y el Gobierno. Resalta que es imposible sellar un acuerdo si esto no se cumple puesto que las FARC-EP no acudirán a la lucha política legal si continúa vigente la amenaza del paramilitarismo, “la presencia de los grupos paramilitares en la política y economía dificultan el avance hacia la paz”.
La guerrilla también ha exigido en reiteradas oportunidades al Gobierno colombiano la garantía de su seguridad integral, una vez que se convierta en movimiento político legal tras la firma del acuerdo definitivo de paz.
En cuanto a la supervisión del fin del conflicto, el Consejo de Seguridad de la ONU ha comenzado a preparar una resolución sobre el papel que cumplirá en el proceso tras la solicitud del gobierno colombiano y de las FARC-EP.
Se espera que la resolución del organismo dé garantía a las dos partes para establecer un cese al fuego y el abandono de las armas por parte de la guerrilla.
Partes Involucradas
ACTORES EN CONFLICTO: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Gobierno colombiano
PAÍSES GARANTES DEL PROCESO DE PAZ: Cuba y Noruega
SUPERVISOR DEL FIN DEL CONFLICTO: Consejo de Seguridad de la ONU
1: El apoyo y la participación activa de la comunidad internacional, especialmente de aquellos países que cuenten con experiencia en el manejo de situaciones de posconflicto. Incluye la presencia de una misión internacional en Colombia para verificar un futuro cese al fuego bilateral y el desarme de las FARC-EP.
2: Desescalar el conflicto. Si bien hay un claro compromiso de las FARC-EP también lo debe haber del lado de los militares en la dinámica del desescalamiento para reducir la desconfianza entre las partes y establecer un cese al fuego definitivo. ¿Cómo? Fin a la instalación de minas antipersonal y el paso que ya dio las FARC de no reclutar menores de 17 años en sus filas.
3: Conversaciones de paz con el ELN
4: La desaparición efectiva del paramilitarismo
Subpuntos del fin del conflicto
1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo
Garantías para la movilización y la protesta, como formas de acción política y cuyos ejercicios legítimos son el derecho a la reunión, a la libre circulación, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, y la oposición en democracia.
2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil
Este punto establece que habrá dejación de las armas y reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, punto que aún el Gobierno no termina de concretar.
3. Revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP
El numeral tercero del punto tres de la Agenda del Acuerdo General para la terminación del conflicto expresa que la discusión debe ser un proceso integral y simultáneo, que implica entre sus varios aspectos que “el Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP”.
4. Intensificación del combate contra organizaciones criminales y sus redes de apoyo
El combate a las organizaciones criminales y sus redes de apoyo incluye la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
5. Ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz
El sub-punto sobre las reformas y los ajustes institucionales para la construcción de la paz trata de cómo hacer viable su implementación. Se trata del desarrollo normativo constitucional y legal porque la refrendación del Acuerdo final no resuelve el problema.
6. Garantías de seguridad
La normalización integral de la vida nacional comprende el compromiso del Estado de proveer garantías de seguridad integral para la población en general y para el movimiento político legal en el que se transformen las FARC-EP.
7. Esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo
Este punto requiere de la acción decidida del Estado y del conjunto de la sociedad de combatir organizaciones criminales y estructuras de soporte, particularmente responsables “de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”, tal y como lo señala la Agenda.