1. La erradicación y substitución de cultivos ilícitos

Este punto involucra la promoción del reemplazo voluntario de los cultivos ilícitos al transformar las condiciones de la agricultura en aquellas áreas donde actualmente se están produciendo. Asimismo, el acuerdo abarca la reforma rural y medidas de apoyo a los agricultores, entre las que se incluye el desarrollo de proyectos productivos para asegurar su manutención y seguridad alimenticia.

Las partes reconocieron que se les debe ofrecer alternativas viables a los agricultores si han de abandonar los cultivos ilícitos. Las autoridades deben cooperar para limpiar las áreas de minas y otros explosivos.

Finalmente, en los casos en que los agricultores no cumplan sus compromisos o no participen en el programa, el gobierno impondrá una erradicación manual. En la región, se ha estado prestando más atención a la violencia generada por la producción y el tráfico de drogas en el área y el fracaso de las respuestas militares al problema.

2. Programas de prevención y salud pública

Las partes acordaron crear un Programa Nacional de Intervención Integral contra las drogas y formar grupos para que afronten el consumo de drogas y puedan influir en las políticas públicas en este asunto. Además se creará un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas para la rehabilitación y la integración social.

3. Cómo resolver el asunto de la producción y tráfico de narcóticos

El gobierno colombiano y los rebeldes de las FARC-EP coinciden en la necesidad de una estrategia comprensiva para luchar contra el crimen organizado, especialmente en las regiones más afectadas por la producción de drogas. El Gobierno se comprometió a lanzar una nueva estrategia de políticas contra el crimen, con el fin de combatir al tráfico de drogas y el lavado de dinero en todos los sectores de la economía, además de una nueva estrategia para luchar contra la corrupción relacionada con las drogas y endurecer los controles en la producción y tráfico de información.

Las drogas y su comercio han sido los principales contribuyentes a la violencia, no solo en relación al asunto de las tierras, su uso y distribución, sino también debido al financiamiento de los narcotraficantes a actores armados incluyendo los militares.

En particular, los narcotraficantes, terratenientes y paramilitares de derecha -quienes han sido responsabilizados por una enorme cantidad de atrocidades y abusos a los derechos humanos durante el conflicto- han continuado sus ataques contra el proceso de paz y sus defensores.

La magnitud del dinero en juego es enorme y los participantes no han sido persuadidos fácilmente a pesar de las multimillonarias estrategias previas, incluido el Plan Colombia.

Un ejemplo de ello es Uruguay que legalizó el uso de la marihuana y la colocó bajo el control del Gobierno; esa es una manera de proveer un marco de estrategias alternativas para erradicar la violencia y la base financiera de los grupos criminales.