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Los dirigentes de la Organización Nacional de Mártires y Víctimas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 plantearon sus demandas de justicia por las vidas perdidas y celeridad en las indagaciones.
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, recibió este jueves a una delegación de los familiares de los 49 fallecidos debido a la represión de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
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Los dirigentes de la Organización Nacional de Mártires y Víctimas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 plantearon sus demandas de justicia por las vidas perdidas y celeridad en las indagaciones para establecer responsabilidades y juzgar a los perpetradores directos e indirectos.
Además, se solidarizaron con la demanda sindical de respeto a los derechos laborales y salarios, así como exigieron elecciones adelantadas presidenciales y parlamentarias.
#Perú en este momento familiares de las víctimas y heridos de las masacres en Ayacucho y Juliaca son impedidos de protestar en los alrededores del @congresoperu @teleSURtv pic.twitter.com/JNqNXtp27n
— JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) May 2, 2024
También se reunieron frente al Palacio de Justicia (PNP), donde expusieron las fotos de los caídos y resultaron atacados por la policía de forma violenta.
También marcharon hasta la sede central del Ministerio Público, espacio del cual también fueron desalojados.
Los informes de organismos internacionales destacan que casi todas las muertes durante las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte, en 2022-2023, se produjeron a causa de armas de fuego o perdigones.
La mayoría de ellas se produjeron en Puno, Ayacucho, Cusco y Apurímac, tres regiones de los Andes con población mayoritariamente indígena.
