Colombia Decide
Elecciones Presidenciales 2018
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Compromiso Ciudadano
Los Pendientes
Sistema Electoral
El sistema electoral de Colombia ha sido históricamente cuestionado en la opinión pública por factores internos y externos. Los internos, inherentes al sistema en sí, como la falta de claridad del proceso y los vacíos en el reglamento electoral que dan pie a interpretaciones y, por consiguiente, a la vulnerabilidad del sistema.
Los factores externos son la corrupción, compra de votos y la manipulación de material electoral por parte de miembros de mesa, según históricas denuncias que se han hecho contra el sistema.
El episodio más reciente fueron las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, en las que causó revuelo que el registrador Juan Carlos Galindo permitiera votar con fotocopias, en vista de que se acabó el material electoral.
Acuerdo de Paz
El Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y el exgrupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en noviembre de 2016, suponía el inicio de un nuevo camino en ese país.
Hasta enero de este año sólo se había cumplido un 18,5 por ciento de lo acordado en La Habana (Cuba), según datos de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia. El jefe del partido político (FARC), Rodrigo Londoño, advirtió en una carta enviada al secretario general de la ONU el incumplimiento de los compromisos de parte del Estado colombiano en la implementación de lo pactado.
En el informe de la Comisión se detalla que el gobierno ha puesto en marcha solo 12 de las 34 medidas acordadas para ejecutar durante el primer año del proceso de paz. Los puntos en cuya ejecución la FARC, líderes sociales y otras organizaciones han denunciado incumplimiento son:
- - La Jurisdicción Especial de Paz.
- - La implementación del acuerdo en el Congreso.
- - Garantías para la reincorporación de los excombatientes a la vida civil.
- - La situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto.
- - Garantías para la participación política.
Pobreza
Un informe de la Misión para la Transformación del Campo publicado en 2016 reveló que la pobreza en el sector rural de Colombia alcanzó un 70 por ciento. El 89 por ciento de la población rural es pobre o vulnerable, es decir, tienen una alta probabilidad de caer en pobreza.
"Aparte del hecho de que la pobreza multidimensional es muy superior en las zonas rurales, existe una diferencia notoria entre dicha pobreza en las cabeceras municipales en relación con la población dispersa", refiere el estudio.
Pero el plebiscito por el acuerdo de paz de Colombia arrojó otro poderoso indicador: en las zonas más afectadas por la pobreza y el conflicto armado ganó la opción del Sí al acuerdo entre el gobierno y las FARC-EP.
Paramilitarismo
Organizaciones sociales han informado que, tras la firma del Acuerdo de Paz en La Habana (Cuba) en 2016, el paramilitarismo ocupó los espacios dejados por la actual Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), lo que provocó el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales.
Algunas de las acciones cometidas son: saqueos a las viviendas, robos de alimentos, destrozos de bienes y ataques a movimientos sociales que han denunciado estas violaciones, pero no han obtenido una respuesta inmediata por parte de las autoridades.
La exsenadora y candidata presidencial, Piedad Córdoba, afirmó que el paramilitarismo es un obstáculo para que los colombianos consoliden una paz duradera y verdadera.
Líderes Sociales
La Defensoría de Colombia reveló que unos 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre 2016 y febrero de 2018, como parte del posicionamiento de grupos armados en varios departamentos del país.
Los movimientos sociales han responsabilizado tanto a grupos paramilitares como a integrantes del Ejército colombiano por los homicidios, ya que las víctimas denunciaron o expusieron violaciones de derechos humanos poco antes de ser silenciados.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por los asesinatos de activistas y líderes comunitarios que, según el informe anual de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en 2017 hubo más de 400 ataques que dejaron 121 fallecidos.