1. Reparaciones a las víctimas y derechos humanos

Los rebeldes y el Gobierno se han comprometido a un programa de reparaciones para las comunidades y las personas que han sido victimizadas durante el conflicto.

Esto abarca la reconstrucción de la infraestructura y el desminado de las áreas en conflicto y también la reparación a las víctimas de la guerra. También se incluye la compensación material y el apoyo sicológico para las personas que están en el país, al igual que las que se vieron forzadas a huir debido a la violencia.

De acuerdo a la Unidad de Víctimas de Colombia, existen más de 7 millones de víctimas en la guerra civil de ese país. Estas cifras incluyen los muertos, desaparecidos o desplazados desde 1956.

Además, los ataques contra los sindicalistas y los activistas políticos continúan, no solo de parte del Estado, sino también de los grupos paramilitares de derecha que supuestamente se habían desmovilizado.

2. La verdad

El gobierno colombiano y los rebeldes de las FARC-EP coinciden en la creación de un Tribunal Especial de Paz como parte de lo que se ha llamado el Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y no Repetición (SIVJRNR).

El tribunal va a investigar, clarificar, perseguir, juzgar y castigar las violaciones graves a los derechos humanos e infracciones a la Ley Internacional Humanitaria (IHL) que ocurrieron debido al conflicto armado, igualmente va a monitorear la amnistía para los crímenes cometidos que no estén en esta categoría.

A través del proceso de paz y la promoción de los derechos humanos entre otras medidas, el Gobierno y las FARC-EP se comprometieron a que los crímenes que se cometieron durante el conflicto no se repitan.

El Gobierno también prometió crear unas estructuras de apoyo para los funcionarios públicos que trabajan con los derechos humanos e incrementar las medidas de seguridad para los activistas de derechos humanos.

El castigo para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad se ha convertido en una batalla política entre los defensores y los opositores del proceso de paz; los segundos argumentan que con esta medida se dará impunidad a las guerrillas. Por otra parte, los sectores cercanos a los militares – y los acusados de tener vínculos paramilitares- se sentirán amenazados por la persecución de los que estén involucrados en dichos crímenes. Sin embargo, Colombia podría ser el primero en aplicar medidas de justicia y juicios como parte de la implementación de la paz. En la mayoría de los procesos de paz latinoamericanos, los actores armados han sido exentos de sus acciones en el conflicto.