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    En Profundidad

    Ante las acciones de EE.UU. contra el pueblo nicaragüense, la comunidad internacional ha emitido su profundo rechazo e instan a respetar la soberanía de esa nación.

Nicaragua considera que Washington busca obstaculizar un modelo de desarrollo soberano, inclusivo, popular, que deja atrás la pobreza.

El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras Cortés, declaró este miércoles que el pueblo no aceptará que Estados Unidos (EE.UU.) u otra nación extranjera determinen el futuro de ese país.

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Al analizar las recientes medidas restrictivas unilaterales impuestas por la Casa Blanca contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, el parlamentario valoró que se está produciendo otro capítulo en la apetencia de EE.UU. por controlar a su país.

Se trata de una lucha histórica que se extiende a lo largo de 170 años, durante los cuales Washington invadió Nicaragua en 12 oportunidades, y “en la que venceremos porque nuestro pueblo apoya la independencia, autodeterminación y soberanía”, dijo el legislador.

Herramientas de injerencia

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció nuevas medidas ilegales y unilaterales de presión contra el Gobierno nicaragüense.

A juicio del periodista nicaragüense Wiliam Grigsby Vado, la adopción de estas medidas de represalia forma parte de la estrategia de Washington para debilitar al Gobierno de Nicaragua por su política independiente de los intereses estadounidenses.

El director de Radio La Primerísima considera que otras herramientas de injerencia de la Casa Blanca son el financiamiento abierto y total de actividades políticas y el montaje de una campaña de propaganda a partir de medios corporativos y redes sociales.

Para el experto, este despliegue comunicativo procura “sembrar el odio y la idea de que EE.UU. es el salvador de Nicaragua”, cuestiones clave en la pretensión de que candidatos afines a su política se erijan vencedores en las elecciones generales de noviembre próximo.

Valoró que esa campaña se arreció a partir de la detención de Cristiana Chamorro, a quien medios de prensa occidentales describen como figura opositora con mayor probabilidad de ganar esas elecciones.

Grigsby Vado aclaró que Chamorro no ha sido electa candidata de su partido para esos comicios y sobre ella pesa una acusación de lavado de dinero. Recordó que en sus cuentas bancarias se le encontraron 7 millones de dólares que provienen de EE.UU.

Asimismo, dijo que los medios occidentales ocultan que una reciente encuesta de la firma estadounidense CID Gallup arrojó que el presidente Daniel Ortega cuenta con un respaldo popular que triplica el de cualquier opositor.

De la vía violenta a la intervención en los comicios

En consideración de Grigsby Vado, EE.UU. fracasó al utilizar la violencia para interrumpir el desarrollo político y el crecimiento económico de Nicaragua, pues el pueblo frustró el intento de golpe de Estado ocurrido entre abril y julio de 2018.

Afirmó que, contrario a lo previsto por la Casa Blanca, el Ejército y la Policía Nacional nicaragüenses no solo no se unieron a la intentona, sino que desmantelaron a los grupos armados que Washington ayudó a organizar en su país.

El periodista manifestó que a partir de esa derrota, EE.UU. se propuso intervenir en los comicios generales del 7 de noviembre, en los cuales se elegirá al presidente de la nación y a los diputados a la Asamblea Nacional.

De acuerdo con Porras Cortés, Washington paga a mercenarios para obstaculizar un modelo de desarrollo político y económico soberano, pensado en favor del pueblo y para dejar atrás la pobreza.

Precisó que las autoridades nicaragüenses no reprimen a candidatos, en realidad desarticulan un esquema de desestabilización construido por la Casa Blanca mediante mercenarios con conductas antipatrióticas que quieren presentar como aspirantes electorales.

Recordó que, a finales de 2020, fue aprobada la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. 

Al respecto, el parlamentario sandinista Wilfredo Navarro recalcó que la ley se está aplicando a personas que han pedido públicamente la intervención de EE.UU. para alcanzar un cargo político que no pueden obtener mediante la voluntad popular.


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