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El Nakba evoca la expulsión de 800.000 civiles palestinos, tras la ocupación de sus tierras y hogares en 1948.
Esta vez el Día de la Nakba o catástrofe Palestina no fue conmemorada, sino tendida como mortaja sobre las vidas segadas, mientras se desangran y aterrorizan palestinos e israelíes.
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A inicios de mayo del 2021, la historia se repite. El barrio de Sheij Jarrah de Jerusalén Este fue el escenario de una manifestación de apoyo a 70 familias palestinas, amenazadas de expulsión de sus viviendas en beneficio de colonos israelíes, quienes respaldados por las fuerzas de seguridad, atacaron a los manifestantes palestinos.
Al final del Ramadán, la Policía israelí embistió contra los peregrinos dentro de la mezquita Al Aqsa, la tercera más importante del mundo árabe. A partir de ahí se desató una arremetida contra el pueblo palestino.
Se acabó la calma aparente en la Ciudad Santa. El ministro israelí de Asuntos Militares, Benny Gantz, ha ordenado más ataques aéreos contra la Franja de Gaza y la movilización de unos 5.000 soldados de la reserva para la represión contra los palestinos, quienes han replicado lanzando cohetes sobre la zona de Jerusalén, mientras exigen la retirada de los militares israelíes.
“Israel cumple su papel de muro de contención contra el terrorismo islámico”, justifica la ultraderecha sionista. En consonancia, el Gobierno de Estados Unidos, aliado de Israel, no condena la masacre contra civiles palestinos, sino que cuestiona el lanzamiento de cohetes hacia el territorio ocupado. “Esta es una escalada inaceptable”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Para el ideólogo de la adquisición de tierras para la comunidad judía en Palestina, todo está escrito. “Entre nosotros ha de quedar claro, que no hay lugar para los dos pueblos en este país”.
El director del Departamento de Tierras y Forestación del Fondo Nacional Judío, Yosef Weitz, fundamentó la política de expulsión: “No alcanzaremos nuestro objetivo de ser un pueblo independiente mientras haya árabes en este pequeño país. La única solución es una Palestina, por lo menos Palestina occidental (al oeste del río Jordán) sin árabes (…). El único medio de conseguirlo es trasladar a los árabes de aquí a países vecinos, trasladarlos a todos; no ha de quedar ni una aldea ni una tribu. Solo así el país podrá absorber a millones de nuestros propios hermanos. No hay otra solución (…)”.
Israel considera que toda la ciudad es su capital “indivisible”, mientras los palestinos necesitan hacer de Jerusalén Este la capital de su Estado. Un conflicto histórico, en el cual Israel ignora las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la población de Gaza sobrevive como en un gueto bloqueado por décadas. Sufren a diario la violencia del Ejército israelí, dependen de la ayuda humanitaria para subsistir y resisten.
La extrema derecha supremacista no observa en silencio, sienten cómo Jerusalén se escapa de la soberanía israelí. Difícil ignorar el arraigo de unos 300.000 palestinos dentro de las fronteras del municipio de Jerusalén.
Miles de manifestantes en todo el mundo también exigen el cese inmediato de los actos de violencia del Ejército israelí, de las políticas colonizadoras del Estado de Israel y el contubernio de Gobiernos aliados contra los palestinos.
El informe final de la Misión de Estudio Económico de las Naciones Unidas para el Medio Oriente en 1949 precisaba que el número de refugiados palestinos -resultantes de la violencia y la guerra posterior a la proclamación de Israel como Estado- ascendía a 726.000, la mitad de la población autóctona de esa región.
Desde ese entonces, suman 5,7 millones de refugiados palestinos, solo en las zonas de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, Gaza, Siria, Jordania y Líbano, reclamando el derecho de retornar a su país.
"La gente de Gaza ya ha vivido al límite y muchas familias sufren por llevar comida a sus mesas. Su situación se ha deteriorado aún más durante el último año por las restricciones de la pandemia de la Covid-19", afirmó la directora regional del Programa para Oriente Medio y el Norte de África, Corinne Fleischer.
Dos terceras partes de los más de 2 millones de habitantes de Gaza ya sufrían inseguridad alimentaria antes de la actual escalada bélica. El 53 por ciento vive en la pobreza y el desempleo alcanza el 45 por ciento, un número muy elevado antes del inicio de la pandemia de Covid-19 y del reciente deterioro de las condiciones de seguridad.
Más de 435.000 personas en Gaza y Cisjordania, durante los próximos seis meses, necesitan la ayuda humanitaria, para lo cual precisan 32 millones de dólares adicionales y otros 14 millones para la actual respuesta de emergencia, dice la ONU.
Y es que “Israel se siente por encima de las leyes”, afirmó para teleSUR el embajador en el gabinete del presidente palestino Mahmud Abás, Mohamed Odeh,.
“El Gobierno de Israel sólo dejará de anexar la parte cisjordana si la comunidad internacional juega el papel que le corresponde en proteger al pueblo palestino”. La ONU tiene la obligación de impedir esta nueva agresión, enfatizó. “En caso de que no suceda, de que no se impida anexar a Israel el 30 por ciento del territorio palestino, esto conllevará a que el pueblo palestino intente impedirlo”.
“Tenemos más de 150.000 trabajadores palestinos, que trabajan en Israel y al principio de la pandemia, los israelíes les abrían las fronteras para que salgan y entren, sin coordinación con Palestina, con el riesgo de que pueden ser factor de contagio en ambas direcciones”.
“Se le añade que los israelíes tienen secuestrado nuestro dinero que recaudan como impuestos. Ello provocó que Palestina entrara desde muy temprano en una crisis financiera, por tanto no pudo pagar los sueldos de los funcionarios. Estos y sus familias, forman una tercera parte del pueblo, de quienes depende la rueda del comercio interno. Esto trajo consecuencias sociales y económicas trágicas. A raíz de la ocupación y su control de las fronteras, lo que necesitamos importar o exportar tiene que atravesar a Israel. Para enfrentar la pandemia del coronavirus los países colaboran bilateralmente, pero en el caso nuestro no es así, porque la mayoría de los países árabes e islámicos no tienen relaciones con Israel, lo cual impide colaboración de dichos países con Palestina”.
“La economía palestina es mínima y está basada en la agricultura, el comercio interno, la industria ligera y los impuestos directos. En segundo lugar, el comercio con Israel, desequilibrado a favor de este: 15.000 millones frente a 3.000 millones en moneda israelí. El tercer factor, que forma casi el 30 por ciento de la economía palestina, son las ayudas internacionales condicionadas y que se vieron afectadas de una manera significativa durante la pandemia del coronavirus. Basándonos en los tres factores, podemos decir que estamos casi en un colapso económico y financiero”.
El doctor Mohamed Odeh ejemplifica, “un palestino que quiere ir de Ramallah a Hebrón, necesita unas dos horas, a distancia de 60 kilómetros pasando dos controles fijos y nadie sabe cuántas inspecciones móviles. “En el caso de intentar trasladar mercancías, el tiempo se triplica. En estos puntos de control un soldado -israelí- de 18 años de edad, tiene la facultad de impedir el paso de quien sea, sin justificarlo”.
Numerosos estudios confirman que la ocupación israelí adoptó hasta hoy una política de destrucción contra las infraestructuras que sirven a los intereses de los palestinos, desde la ocupación de sus territorios en 1948, luego en 1967. Así argumenta el documento: "Infraestructura y desarrollo en los territorios palestinos ocupados", preparado por el Instituto de Investigación Aplicada. Está basada en debilitar la capacidad de la infraestructura palestina para proporcionar los requisitos para una vida digna, limitando la libertad de movimiento, comunicación entre las áreas palestinas, y en el nivel de servicios prestados al ciudadano palestino.
“Últimamente, en esos puntos de control han matado a sangre fría a decenas de jóvenes palestinos”. “Otro ejemplo, concierne a los cuerpos de seguridad palestinos, que no pueden moverse para resolver un conflicto, antes de coordinar con la fuerza de ocupación y este trámite, puede tardar mucho o ser denegado”, indica Mohamed Odeh.
El contexto colonial ha multiplicado las herramientas de su control. Pretenden que los palestinos renuncien a su derecho a la soberanía y someterse a las aspiraciones israelíes para la anexión, expansión y control, represión, bloqueo, asesinato, arresto y humillación. Son las condiciones se les imponen a cambio de obtener derechos irrefutables: A la vida, al movimiento, al trabajo; sometiéndolos a la realidad impuesta por la fuerza, a cambio de que obtengan su derecho a existir como pueblo.
“Las ayudas internacionales casi forman una tercera parte de nuestro presupuesto -precisa el embajador- y a pesar de ello, con la pandemia casi no recibimos nada de ayudas monetarias”
Desde la sociedad civil palestina se realizan constantes denuncias porque el Ejército israelí y el Servicio de Prisiones han expuesto a la Covid-19 a los detenidos palestinos.
La Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos Addameer refiere que interrogadores, que dieron positivo al virus, han estado en contacto con personas prisioneras y detenidas palestinas, sin seguimiento médico. Pero, quizá la más tortuosa de las medidas desde el punto de vista psicológico, se está llevando a cabo por el Servicio Israelí de Prisiones, que es la completa falta de comunicación con sus familias y abogados.
Las visitas de familiares ya estaban restringidas a una de 45 minutos cada dos semanas, con familiares de primer grado de consanguinidad. En la actualidad, a los prisioneros se les niegan las visitas de sus abogados y sólo aquellos que están en fase de detención previa al juicio, son autorizados a llamadas de teléfono monitoreadas y breves. Hay cientos de personas detenidas sin cargos, otros esperando juicio y cuyas detenciones se están extendiendo de manera indefinida, negando a los detenidos palestinos, los derechos básicos.
La doctora en Ciencias Políticas, Maliha Muslimani, precisa sobre la estrategia israelí que "el proyecto sionista en su conjunto, y desde la aparición del pensamiento y movimiento sionista, se basa en una herramienta importante para promover a escala mundial, sus objetivos de expansionismo y para la fabricación de la imagen de "civilizado", "demócrata", "desarrollado" y "víctima judía", frente a la imagen del palestino, el atrasado y el terrorista ".
Después del desarrollo de los medios de comunicación, entre ellos los sitios de redes sociales, el Estado ocupante aprovechó rápidamente la oportunidad de penetrar en sus autoridades con estos sitios, con páginas que se dirigen a diferentes audiencias y diferentes idiomas. Entre estas páginas está lo que se dirige al público árabe y palestino, y lo que se dirige principalmente a su conciencia.
Tempranamente, el Gobierno palestino declaró el Estado de emergencia -sobre el brote del coronavirus en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza- y un protocolo sanitario. Desde poner un mapa de las zonas afectadas, restringiendo el desplazamiento de personas desde áreas de contagio a otras, se cerraron las mezquitas, iglesias y salas de eventos. Enfatizaron en la prevención, según los valores internacionales, aun sin tener el control de sus fronteras y sus limitadas condiciones de recursos.
Este año, una nueva ola de contagios golpeó con fuerza a Cisjordania. Los más de 20.000 casos activos de Covid-19 han agregado mucha presión al frágil sistema de salud y el personal sanitario tiene serias dificultades para brindar buena atención, al creciente número de pacientes.
“El número de casos positivos está en su nivel más alto desde que comenzó la pandemia”, explica el médico de la unidad de cuidados intensivos (UCI) de Médicos Sin Fronteras, doctor Juan Pablo Nahuel Sánchez. “El hospital está funcionando por encima de su capacidad, no hay suficiente espacio, camas o personal para asistir a todos los pacientes críticos, y la gente está muriendo”.
La masacre se manifiesta de muchas maneras. A inicios del 2020, el jefe de la Autoridad General de Asuntos Civiles de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Husein al-Sheij, denunció en Twitter que “el llamado Tribunal de Paz de Israel ha tomado la decisión de bloquear 450 millones de shekels (unos 129 millones de dólares) a pedido de algunos residentes”.
La retención de fondos palestinos se produjo en respuesta a 15 demandas presentadas por de familias israelíes contra la ANP, por supuestos ataques durante la Segunda Intifada palestina entre 2000 y 2005. Este tribunal considera a la ANP responsable de al menos 19 atentados contra israelíes y decidió indemnizar a sus familias. Mientras, durante la Segunda Intifada, murieron 4.412 palestinos y 48.322 resultaron lesionados, indicó una fuente de HispanTV.
“Sobre la agresión de Israel contra Palestina: No es un conflicto. No es una guerra. No es un enfrentamiento. No es defensa propia. Es la aplicación sistemática de una política de colonización, de ocupación de territorios ajenos, de violación del derecho internacional”, declaró de manera contundente el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti.
“Despreciable”, así califica el silencio prolongado de Luis Almagro y su camarilla, ante el crimen actual. El mismo que en funciones de secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó Israel y dijo que “representa un increíble ejemplo, de un pueblo superando dificultades extraordinarias para construir una sociedad próspera y vibrante enraizada en los principios de la libertad y democracia”. Lo dijo sobre tierra Palestina ocupada.
“A aquellos que perpetúan la ocupación -dijo Sacha Llorenti- ALBA-TCP pide cesar en sus acciones y respetar el derecho internacional, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. La Alianza condena la muerte de civiles israelíes y reafirma el apoyo a la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo de Palestina.
La situación actual es la esencia de la lucha del pueblo palestino por su independencia durante los últimos 73 años, expresa la naturaleza de las decisiones de la ONU y del Derecho Internacional. ¿Cuándo acaba la masacre? La paz no espera.
