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“La crisis económico-sanitaria ha empobrecido a muchas familias", afirma en exclusiva a teleSUR, Simón Timichelle.
“Hace años no ocurría de esta manera” y Simón Timichelle sabe lo que habla. La articulación social en Chile viene acompañada de una discusión más profunda, esa que cuestiona el eje del debate político cuando se define: justicia, equidad, abusados y abusadores.
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Los acontecimientos que dieron origen al estallido social en octubre de 2019 anticiparon movimientos estructurales que pueden más que un malestar contra el Gobierno. La crisis chilena es considerada por el 70 por ciento de la ciudadanía como la peor desde “el retorno a la democracia”.
“Son redes colaborativas entre individualidades y organizaciones, algo que hace años no ocurría de esta manera. Desde finales de 2019, en Chile han pasado muchas cosas, y eso ha acelerado algunos procesos históricos, en especial la organización y la politización de la sociedad chilena”, afirma el historiador titulado por la Universidad de Santiago de Chile, Simón Timichelle González Monarde.
“La crisis económico-sanitaria ha empobrecido a muchas familias", afirma en exclusiva a teleSUR, Simón Timichelle, también miembro de la Red de Abastecimiento Territorial de La Pincoya, quien asevera que "siguen siendo las mujeres pobres de todas las edades, las más vulnerables. Muchas de ellas, luego de sufrir algún tipo de violencia de género en su hogar, no pueden abandonarlo porque son menores o no cuentan con dinero o las redes de apoyo para hacerlo".
Timichelle precisa que, en las actuales condiciones de confinamiento, se "ha generado un aumento de un 5 por ciento en las denuncias de abusos sexuales con respecto al año anterior, existiendo más de 1.686 denuncias durante el primer semestre de 2021, siendo el 85 por ciento menores de edad”.
La presencia femenina frente a la crisis convierte a las mujeres en protagonistas. Lo explica la feminización de la pobreza en Chile, son “ellas” el 54, 3 por ciento de los más vulnerables. Y seguirán siendo mayoría, ellas y sus hijos, en el pronóstico del aumento de la pobreza, prevista de un 8,1 por ciento a un 12,2 por ciento.
“También los pueblos indígenas. Los pueblos originarios, en especial el mapuche, se encuentran presionando desde distintos frentes en su búsqueda por lograr derechos sociales, espacios de participación o recuperar sus tierras ancestrales. Y en ese camino chocan directamente con el interés de empresas forestales o mineras que no entregarán fácilmente las tierras que adquirieron de manera fraudulenta, ya sea en la dictadura de (Augusto) Pinochet o antes”.
“En esa línea -afirma el historiador- muchos movimientos territoriales coinciden con los pueblos indígenas en la defensa de la naturaleza y todas las formas de vida, abriéndose muchas perspectivas en torno a los aportes que pueden generar la organizaciones medioambientales a la formación de las nuevas comunidades organizadas que han hecho irrupción el último tiempo”.
“Debemos mencionar a los migrantes, los trabajadores informales y cesantes. Los enfermos crónicos, los sectores rurales sin acceso al agua, en general los que no pueden resolver sus necesidades dentro del neoliberalismo. Entonces, desde la revuelta de octubre de 2019, han sido los sectores más vulnerables los que han generado distintos estallidos en torno a sus demandas específicas, pero que en conjunto constituyen los derechos que se buscan recuperar”, prosigue.
“Según estudios de la Fundación Sol, el 38.9 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada (3.6 millones) no tienen contrato de trabajo, la mayoría no tiene escolarización y realizan trabajos informales. Del 61.1 por ciento tiene contrato en ocupaciones de precaria remuneración, un 50 por ciento sólo gana menos de 400.000 pesos”, equivalente a unos 500 dólares americanos.
“Por ejemplo, hoy se vive un estallido habitacional. Las familias allegadas que son afectadas por el hacinamiento, intentan resolver su necesidad de vivienda digna por fuera del Estado, mediante ocupaciones o tomas de terrenos. Si en 2019 había 47.000 familias viviendo en campamentos, en 2021 hay más 82.000 en todo Chile”, detalla.
“En Huechuraba se expresó en una ola de tomas de terreno, donde más de 250 familias -presentes en seis ocupaciones- intervinieron los terrenos de las laderas de los cerros que son propiedad fiscal, mientras que en Ciudad Empresarial se construyen edificios con departamentos imposibles de comprar por los pobladores”, explica el historiador de titulado por USCH.
“Durante la crisis económica provocada por la pandemia, el Gobierno ha asegurado a las empresas que no les toquen su bolsillo, mientras ha dejado a miles de personas chilenas y migrantes en la calle. Aunque los datos no están actualizados, ya había entre 500 y 700.000 familias sin casa”, precisa.
“Dentro de los sectores sin casa, también se expresan otros sectores vulnerables, donde se ven mujeres madres solteras, familias migrantes o personas cesantes que no logran financiar un arriendo. De hecho, muchos jefes de hogar de estas familias son también trabajadores informales que aprovechan cualquier momento de relajo en las cuarentenas para salir a trabajar, ya que son familias que tienen que pagar deudas o simplemente sobrevivir a un nuevo día”, manifiesta Timichelle.
“En el ámbito de la vivienda, el Gobierno también tiene la intención de beneficiar a los dueños del suelo bien ubicado en la ciudad o a las inmobiliarias asociadas a la Cámara Chilena de la Construcción”.
“Por ejemplo, la actual Ley de Integración Social y Urbana que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo busca desesperadamente aprobar antes que termine el Gobierno de (Sebastián) Piñera, no toca ni cuestiona la especulación sobre el valor de los terrenos, la principal barrera actual para acceder a la vivienda", dijo.
El historiador acota que, con ello, "el aumento de recursos destinados a compra de suelo para comités de allegadas, que además se condiciona al aumento del ahorro familiar, terminará absorbido por los dueños de los terrenos, tal como ocurrió en el pasado con el subsidio a la localización y como ocurre hoy con el valor de los arriendos, lo cual profundizará una larga crisis ya derivada en estallido habitacional”.
“Lo anterior, sumado a la situación de confinamiento en que viven muchas familias, va empeorando también las condiciones en las que las y los niños se educan de manera remota, interfiere con su proceso de aprendizaje. No es lo mismo estudiar en una casa donde viven cinco personas, que estudiar en un departamento de 54 metros cuadrados donde viven dos, tres o hasta cuatro familias", enfatizó Timichelle.
"Muchas veces, ni siquiera cuentan con un lugar para poder aprender, situación que experimentan tanto las familias pobres chilenas, como los extranjeros que viven en “cites” (viviendas colectivas precarias) con muchas más familias”, afirma en entrevista exclusiva a teleSUR.
“A esto se agregan las alarmantes cifras sobre desnutrición infantil en algunos sectores de la Región Metropolitana. De hecho, en marzo la comuna de Huechuraba destacó por el aumento de un 2 por ciento a un 5 por ciento la desnutrición infantil (alrededor de 108 niños), lo que está por sobre el 2 por ciento que es la media nacional”.
Declaraciones del director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, Francisco Pérez Bravo, afirman los efectos de la crisis sanitaria, asociado a la crisis económica que vive el país. En ese sentido, advirtió que las consecuencias son profundas: obesidad y aparición de focos de desnutrición en las familias vulnerables de Chile.
“En un periodo de pandemia generalmente la economía, pensando en historias anteriores, las economías pueden caer entre un 40 por ciento a un 60 por ciento, por lo tanto va a haber más pobreza (…) debe haber un sistema de protección de precios para que la gente, con el poco dinero que va a tener, tenga acceso a una alimentación saludable y no se potencie la comida chatarra ni los alimentos altamente refinados”, señala el doctor en Ciencias Biológicas.
“Lo que se ha producido es algo que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) define muy bien como inseguridad alimentaria, que es la incapacidad de solventar en forma correcta las necesidades alimentarias de la población y en eso entra la carencia de alimentos, en el caso de que sean deficitarios, o malos alimentos, con productos ultra procesados que van a potenciar la obesidad en los grupos que los consumen”, apuntó.
Sobre ello “se ha crecido dentro del área de aprendizaje”, señala el miembro de la Red de Abastecimiento Territorial - La Pincoya. Quienes intentan con esfuerzo, “ser una alternativa la economía neoliberal, frente a quienes durante décadas se han alimentado de nuestra hambre, son los protagonistas. Somos las familias pobladoras, y no el municipio, ni las ONG (organización no gubernamental). La mercadería recaudada es ayuda para familias enfermas o cesantes y se transforman en canastas solidarias o mercadería para olla comunes”.
“Lo interesante aquí es que algunas ollas comunes; ya se encuentran buscando formas de generar demandas en torno al tema. Por ejemplo, nuevos espacios como la Mesa Comunal por el Derecho a la Alimentación. Allí, las organizaciones que componen este espacio, hacen catastros a las familias que reciben apoyo alimentario en ollas comunes, para fortalecer sus redes de apoyo mediante espacios recreativos y de estudio”.
La situación sanitaria en Chile,es vista como una alerta para el resto de América Latina. Desde finales de febrero del 2021, el país suramericano comenzó a rondar otra vez los 5.000 nuevos casos de enfermos de la Covid-19 por día.
Entretanto, las autoridades chilenas reconocieron que la variante brasileña estaba en el país desde hacía semanas y antes identificaron también la variante británica.
El repunte de casos es similar al de junio y julio del 2020. La saturación hospitalaria se mantiene alta, parecida a la que se registró durante el mes de abril 2021, cuando la pandemia la ocupación en unidades de cuidados intensivos (UCI) se mantuvo durante semanas por encima del 95 por ciento.
La tasa de positividad -número de positivos por cada 100 test realizados- se elevó a finales de junio al 11,87 por ciento en el país y hasta el 13 por ciento en la Región Metropolitana, según reportó el Ministerio de Salud.
Estas son cifras muy superiores a la tasa de positividad de un máximo de 5 por ciento sostenida durante dos semanas seguidas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los criterios epidemiológicos para dar por controlada la pandemia. Cómo sucede esto, con tan amplio proceso de vacunación.
La situación actual en Chile es muy grave. Fatiga respecto a la pandemia, la fragilidad económica y social del país y la elevada tasa de empleo informal, especialmente en las comunas más pobres, han hecho que las personas tengan que salir a trabajar a pesar de las restricciones a la movilidad. ¿Cuáles son las causas del aumento de contagios?
“Se puede explicar por varios factores, y deduzco que el principal es el doble estándar del Gobierno al abordar la pandemia, donde si bien afirma proteger a la población, en la práctica sus políticas van en la línea de reactivar la economía obligando a las familias a buscar un sustento económico mediante un trabajo precario o la informalidad laboral”, dice el historiador, desde su análisis.
“Ese doble estándar también se expresa en la desinformación en torno a las vacunas, dónde políticas como el Pase de Movilidad (de la cual se retractaron) invitan a las personas a creer que por el sólo hecho de estar vacunados son inmunes. Eso explica también el relajo de las medidas de confinamiento tras las elecciones de mayo, donde hoy vemos los Mall, el Barrio Bellavista (con discotecas y pubs), o el parque de diversiones de Fantasilandia abiertos en el mismo momento del actual pico de contagios”.
“Esta situación ha ocurrido además luego de cada entrega de bono, préstamo o retiro de la AFP (Administradora de Fondos de Pensiones). Asimismo, los bonos por debajo de la línea de la pobreza ($176.000 o 246 dólares) entregados durante el último año, obligan a las familias que no les alcanza a aprovechar esa reactivación económica momentánea para trabajar y solventar sus gastos de mejor forma. Y esto le ha funcionado al Gobierno para disminuir la presión por la Renta Básica Universal que recién esta semana fue aprobado para que sea igual a la línea de la pobreza”, precisó.
Con conocimiento de causa, continua su análisis, el miembro de la Red de Abastecimiento Territorial - La Pincoya. “Entonces, estas medidas llaman constantemente a la reactivación económica, a la vuelta a clases presenciales o al trabajo precario, han producido que en Chile hoy sea muy difícil seguir la trazabilidad de los contagios y de las diferentes cepas que continúan llegando debido a que los viajes internacionales se han detenido durante el último mes, pudiendo reactivarse en cualquier momento”.
“La alta cantidad de contagios también han producido que queden muy pocas camas UCI disponibles, situación que en un sistema de salud precaria como en nuestro produce inmediatamente el aumento de las muertes de personas con enfermedades preexistentes como cáncer o hipertensión, quienes llegan a los hospitales colapsados y muchas veces no pueden ser atendidos correctamente. Ahora si agregamos el factor del allegamiento de chilenos y extranjeros en los barrios populares, la situación es aún peor”.
“Si, el “Piñeravirus” sigue siendo más mortal que el coronavirus. De hecho, sólo busca reactivar la economía de las grandes empresas para asegurar que los dineros de bonos o la AFP sean absorbidos por tales empresas”, dice el historiador.
“La peor cara es la represión y la impunidad en las violaciones a los derechos humanos. Así el 46 por ciento de las investigaciones por delitos cometidos por agentes del Estado fueron cerradas sin culpables, las que equivalen a 3.050 causas, existiendo sólo un caso donde fue declarado culpable un carabinero por lanzamiento de una bomba lacrimógena a la cabeza y por la espalda de un manifestante. Y no es todo, ya que fueron cerradas 541 de las 1.076 causas por delitos de violación a los derechos humanos contra menores de edad. Y a esto se agregan los casos sin resolver de los más de 450 estallidos oculares o las más de 40 muertes vinculadas a este proceso social”.
Sin embargo, continua: “decenas de personas que fueron parte de los más de 2.500 presos de la revuelta, han estado meses o más de un año detenidos en las cárceles o han sido condenados con pruebas insuficientes”.
En cambio, no se ha aplicado igual rigor frente los agentes del Estado que han cometido delitos contra los derechos humanos. “En especial en casos emblemáticos, el de Fabiola Campillay, Gustavo Gática y Mario Acuña Martínez. Por eso hoy en día se está instalando en el debate público la necesidad de una ley de indulto general para los procesos y condenados por delitos ocurridos durante el estallido social de octubre de 2019, en especial luego de que los candidatos de la Lista del Pueblo plantearon la posibilidad de un 'paro constituyente' si no se liberaba a los presos políticos de la revuelta, lo que es absolutamente necesario ya que fue un momento excepcional en donde muchas personas salieron a la calle a manifestar su descontento, resultando heridas o muertas por agentes del estado, o detenidos por delitos que no cometieron”.
Existen muchos sectores de la sociedad que buscan conseguir derechos universales que les han sido negados, desde que en 1980, Chile se convirtió en un Estado subsidiario y dejó de ser un Estado garante de derechos.
El Registro Social de Hogares ha sido el principal instrumento para focalizar el gasto social en los más pobres, medición pierde el sentido al acercarse la brecha entre los sectores pobres y la supuesta “clase media”. Luego de un año de pandemia, el Gobierno y los partidos políticos tradicionales chilenos, presentes en el Congreso Nacional, cedieron en su defensa de la focalización, para bajar la intensidad de los conflictos sociales.
Sin embargo, el pueblo ha vuelto a ser un actor político relevante. Varias organizaciones y sectores, han irrumpido en el debate público.
“En general las políticas aplicadas por el Gobierno han beneficiado mayoritariamente al gran empresariado. Así políticas como la llamada Ley de Protección al Empleo, permitió a muchas empresas suspender trabajadores sin pagar sueldos, ya que estos trabajadores estaban obligados a pagar su sueldo con el Seguro de Cesantía. También el subsidio al empleo ha beneficiado a las grandes empresas, en especial a las constructoras de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) las que a pesar de pagar sueldos completos subsidiados por el Estado han retirado enormes utilidades”.
Asimismo, y debido al escenario electoral que durará al menos dos años más, varios parlamentarios han buscado la adhesión de la ciudadanía apoyando medidas como del retiro, para el fondo de pensiones de las AFP.
Sin embargo, todo lo anterior refleja que “se han generado políticas en favor de las grandes fortunas, las que en algunos casos han duplicado sus millonarias reservas. Mientras que han sido las y los trabajadores los que han financiado la crisis económico-sanitaria con sus ahorros”, declara en exclusiva a teleSUR Timichelle, miembro de Red de Abastecimiento Territorial de La Pincoya.
Muchos sectores del pueblo chileno, mapuche y migrante, han reaccionado a la pandemia a través de la creación de organizaciones de sobrevivencia, para apoyar a los sectores más afectados.
“Es interesante que sostienen estos espacios solidarios y formaron sus redes solidarias, luego de la revuelta social de octubre de 2019, produciendo que muchas ollas comunes o redes de abastecimiento, sean espacios donde las personas hablan de actualidad y tienen una opinión crítica de cómo el Gobierno y las élites políticas han manejado la pandemia”, refirió.
“Lamentablemente, si bien hay muchas personas y organizaciones capaces de reducir los contagios, estas medidas no tienen resultado, debido a que las discotecas, los restaurantes y los centros comerciales se encuentran abiertos”, acotó.
“En torno a la pandemia, muchas personas han visto la necesidad de autoeducarse, lo que es realmente interesante. Por ejemplo, aquí en Huechuraba se han formado espacios educativos populares como la Escuela Comunitaria El Barrero del Movimiento Solidario Vida Digna, como una forma de aportar en la educación de niños y pobladores, generando espacios de autoeducación y sociabilización que les permiten durante el verano aprender sobre medio ambiente, alimentación saludable y alfabetización”.
En noviembre del 2021 termina el mandato del magnate Sebastián Piñera, cuya popularidad presidencial sigue en picada, como el modelo que representa. Desestabilización, galopante desigualdad y derechos sociales manejados con lógicas de mercado.
Frente a ello, también crece la importancia de cohesión social barrial para enfrentar los tiempos de crisis y puede que la procesión vaya por dentro.
