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  • Un 13 por ciento de Brasil está demarcado como tierras indígenas. Están pendientes unos 800 lotes a la espera de que concluya el proceso de demarcación, y en muchas comunidades indígenas, ni siquiera se inició el proceso.
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    Un 13 por ciento de Brasil está demarcado como tierras indígenas. Están pendientes unos 800 lotes a la espera de que concluya el proceso de demarcación, y en muchas comunidades indígenas, ni siquiera se inició el proceso.

La demanda de recuperación fue establecida por el Gobierno del sureño estado de Santa Catarina contra el pueblo Xokleng. Se trata de las tierras aborígenes Ibirama-Laklãno.

Un juicio histórico definirá el destino de las tierras ancestrales en Brasil. El Supremo Tribunal Federal (STF) debate la validez del “marco temporal”, que reconocería únicamente como territorios nativos los ocupados por los pueblos originarios cuando fue promulgada la Constitución federal del 5 de octubre de 1988.

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La demanda de recuperación fue establecida por el Gobierno del sureño estado de Santa Catarina contra el pueblo Xokleng. O sea, se trata de las tierras aborígenes Ibirama-Laklãno, de los pueblos guaraníes y kaingang.

Para los originarios queda claro que se les va la vida en ello, sus reclamos de tierras son necesarios para la supervivencia indígena. Mientras el Gobierno de Jair Bolsonaro defiende a ultranza la seguridad jurídica de los agricultores y propietarios en dichas zonas, sobre un marco impuesto, a todas luces inconstitucional desde el punto de vista de los pueblos nativos.

El Marco Temporal

“Existe un escenario de inseguridad jurídica y violencia contra los indígenas” y el marco temporal “legalizaría actos ilegales cometidos antes de 1988”, denuncia el representante de la etnia Xokleng, Rafael Modesto dos Santos.

No hay tiempo en la Constitución, no hay tiempo de posesión y ocupación, precisa también a nombre de la etnia en litigio -los Xokleng- Carlos Frederico Marés de Souza Filho. 

“El marco temporal resulta perjudicial porque erosiona, contamina el concepto que la Constitución establece”. En ello la “Constitución es categórica, al reconocer el derecho originario de los pueblos indígenas a la tierra”, dice el integrante de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, Luiz Eloy Amado. 

Foto: Karla Mendez

“Adoptar el hito temporal es ignorar todas las violaciones a las que están sometidos las comunidades originarias”, acota.

La comunidad Xokleng que habita en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, reclama las hectáreas de tierras que les pertenecieron hasta la llegada de colonos europeos que se asentaron en sus territorios ancestrales.

Ahora, la Corte analiza si el Gobierno estatal aplicó una interpretación demasiado estrecha de los derechos indígenas al reconocer únicamente las tierras ocupadas por comunidades nativas en el momento en que se ratificó la Constitución de Brasil, en 1988.

El derecho a las tierras ancestrales está determinado en la Constitución y negarlo crearía un nefasto precedente.

Demarcación

Unas 900.000 indígenas hablantes de casi 300 lenguas habitan Brasil en 305 tribus. Ser indígena en Brasil significa vivir en alerta frente a la violencia de los invasores, la discriminación racial, la inseguridad alimentaria y la insalubridad. 

Una infancia lastrada por la desnutrición crónica, enfermedades parasitarias e infecciosas de un 25 por ciento de los niños indígenas menores de 5 años de edad, más la Covid-19. 

Los originarios nativos ocupan alrededor de un 13 por ciento de la superficie del país, de los 690 territorios con habitantes indígenas reconocidos, hasta ahora, por el Gobierno.

La demarcación de una tierra Indígena tiene como objetivo garantizar el derecho indígena a la tierra. Debe establecer la real extensión de la posesión indígena, asegurar la protección de los límites demarcados e impedir su ocupación por terceros.

Desde la aprobación del Estatuto del Indio, en 1973, ese reconocimiento formal obedece a un procedimiento administrativo, previsto en el artículo 19 de aquella Ley. 

Tal procedimiento estipula las etapas de un largo proceso de demarcación, regulado por Decreto del Poder Ejecutivo. Con el paso de los años sufrió varias modificaciones. La última y más importante tuvo lugar a través del Decreto 1.775 en enero de 1996.

Para la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) el llamado "marco temporal" es "una tesis ruralista que restringe los derechos indígenas”. 

La interpretación indígena considera inconstitucional el marco temporal. En cambio, esta tesis es defendida por empresas y sectores económicos interesados ​​en explorar y apropiarse de tierras indígenas. A ello se opone la llamada “teoría del indigenato”, consagrada en la Constitución de 1988. 

APIB refiere que “el derecho indígena a la tierra es original, es decir, es anterior a la formación del propio Estado brasileño, independientemente de una fecha concreta de la posesión de la tierra (“marco temporal”) e incluso el procedimiento administrativo de demarcación territorial”.

Luiz Eloy Amado, abogado de APIB, aseguró que es inconstitucional porque no había un plazo en la Carta Magna de 1988 que garantiza el derecho a las tierras ancestrales. 

“La cuestión de la tierra -dijo el letrado- es fundamental para los pueblos indígenas de Brasil” y agregó que unas 800 reclamaciones se paralizarán, si el tribunal no rechaza el plazo de 1988.

A nombre del Gobierno, el procurador general Bruno Bianco argumenta que la “tesis del marco temporal” brinda seguridad jurídica a los agricultores. 

Muchos rancheros han vivido durante décadas en tierras que alguna vez estuvieron habitadas por nativos, expulsados ​​por la llegada de los colonos europeos.  

Según la antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, los indígenas sólo pueden solicitar las áreas que ocuparon en esa fecha. Pero resulta -enfatiza la especialista- que las expulsiones forzosas de indígenas se produjeron en Mato Grosso do Sul y el oeste de Paraná en la década de 1940, lo que no invalida su derecho a la tierra.   

El coordinador ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), Dinamam Tuxá, agregó que llevan un largo tiempo sin delimitar la tierra, aun así, confía en que los ministros del STF fallarán a favor de los pueblos originarios.

Desconfianza

La mayoría no confía. Es también la suspicacia del 8 por ciento de la población en América Latina, donde unos 45 millones pertenecen a etnias originarias marginadas. 

Por todos, miles de indígenas brasileños levantan su voz. Se han manifestado durante los últimos días frente al STF para exigir el respeto al derecho originario sobre sus tierras.

Hacia ello también va el reclamo de unas 4.000 mujeres. Provienen de 150 pueblos de todas las regiones del país, sumadas a las movilizaciones de los indígena en la capital federal en defensa de sus derechos. 

Delante de sus ojos han visto el infierno. El fuego devastador consume miles de hectáreas en la selva brasileña y amplios territorios habitados. Durante este año se produjo un aumento de un 85 por ciento de la deforestación en relación con el anterior. 

De acuerdo con el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, estos incendios ocurren -en su mayor parte- en áreas privadas y en selvas públicas sin uso o en áreas sin escrituras de propiedad. 

O sea, podría bien ser un fuego para garantizar el control privado de la tierra, en consonancia con la política del Gobierno federal de Jair Bolsonaro. El anti-indigenismo no es algo secundario, es una de las prioridades del presidente. Lo dejó claro en la campaña electoral.

Ha sido necesario luchar. Enfrentados los pueblos indígenas como fuerza política contra la devastación. Aunque las áreas indígenas fueron las menos quemadas dentro de las unidades de conservación, cuyos incendios son responsabilidad de invasores de sus tierras.

Más de 160 invasiones de tierras indígenas fueron documentadas en 2020 por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI). El grupo vinculado a la Iglesia católica denuncia la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil. 

También fueron identificadas 21 áreas quemadas de ese total que afectan a pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Las comunidades retiradas, por su vulnerabilidad epidemiológica, representan el mayor riesgo de genocidio.

Según el Instituto Socioambiental, el 2020 ha sido el peor año para las tierras indígenas y las Unidades de Conservación desde 2008. 

Se han destruido 188.000 hectáreas de bosques en estos territorios, es decir, una extensión más grande que la ciudad de Sao Paulo, solo superada por las casi 200.000 hectáreas registradas en 2019. 

Estas catástrofes pueden ser la consecuencia de un conjunto de medidas que tienen como objetivo final la implementación del plan de desarrollo ejecutado por el actual Gobierno.

Foto: Scarlett Rocha

Podríamos citar la congelación de las multas cobradas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), propuestas legislativas que amenazan áreas protegidas, la asesoría técnica para liberar madera ilegal.

O el hostigamiento de agentes ambientales y exoneración de los culpables, no ejecutar el presupuesto de inspección y extinción de incendios.

Quizá las fallidas operaciones militares para combatir la deforestación o las reducciones de las acciones y embargos ilegales por deforestación. Hasta la difamación del conocimiento científico del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. 

Las áreas indígenas más afectadas por la acción conjunta de minería ilegal, el frente agrícola, la quema y las invasiones ilegales fueron la cuenca del Xingu, TI Munduruku, TI Urubu Branco, TI Manoki, TI Karipuna; las Unidades de Conservación: Suroeste de Pará, Área de Preservación Ambiental (APA) Triunfo do Xingu. 

Mobu Odo, guacamayo indígena y jefe de la aldea Cachoeira Seca, sentencia: “estamos amenazados, la deforestación acabará con nuestro territorio”.

Entonces la guerra ha sido declarada. Por eso fueron los indígenas los primeros en enfrentarse a las políticas del actual presidente. La disyuntiva es luchar o ser exterminados. 

Guerra de desgaste

La violencia contra los pueblos indígenas se vive día a día. Racismo institucional, descalificación mediática, asesinatos de líderes, ataques en las aldeas, amenazas, falta de oportunidades, de acceso a necesidades básicas, de servicios de salud y públicos.

Constantemente se publican declaraciones denigrantes en las redes sociales y medios de información. Por ejemplo, de los generales Hamilton Mourão (vicepresidente) y Augusto Heleno (ministro del Gabinete de Seguridad Institucional). 

Son conocidas las expresiones ofensivas de los ministros Nahban Garcia, ruralista, fundador de la Unión Democrática Ruralista, calificados como instigadores del asesinato del sindicalista Chico Mendes. El sindicalista y activista ambiental brasileño, luchador pacífico contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre la Amazonía, fue asesinado por rancheros.

Igualmente de la terrateniente Tereza Cristina da Costa, ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, así como de parlamentarios que apoyan los Gobiernos en estados y municipios. 

Todo un discurso fascista que estimula el aniquilamiento de los indígenas. Encaminado a forzar las reservas indígenas a la explotación capitalista y retirar las garantías legales de demarcación de tierras.

Pero la respuesta indígena, es silenciada, en su mayor parte. ¿Quién defiende a los pueblos originarios que estaban antes que los invasores europeos?

Un 13 por ciento de Brasil está demarcado como tierras indígenas. Están pendientes unos 800 lotes a la espera de que concluya el proceso de demarcación, y en muchas comunidades indígenas, ni siquiera se inició el proceso. 

El presidente Jair Bolsonaro firmó un decreto de amnistía, a finales de diciembre del 2019, para las adquisiciones irregulares de tierra. 

La norma 910 permite la privatización de tierras públicas invadidas ilegalmente hasta final del 2018, sobre todo áreas sin uso. Igualmente en reservas naturales que pueden ser anuladas. Levantó el banderín de la carrera para la mafia y el capital financiero internacional.

En Brasil existen 114 pueblos indígenas aislados, de acuerdo con el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) y de 104, según el registro de la Fundación Nacional del Indio (Funai). 

Son pueblos en resistencia contra el colonizador. Autónomos. Muchas de sus tierras deben ser demarcadas. Mientras tanto, más de una veintena de pueblos aislados indígenas fueron invadidos por madereros, mineros ilegales, buscadores de oro, cazadores, grileiros, pescadores y extractivistas, denuncia el CIMI. 

Amazonas

Los pueblos aislados deben ser preservados. Muchas de las aldeas son encabezadas por mujeres indígenas. Lideran con la influencia de medidas educativas y de salud. Tal es el caso de las concejales indígenas, en Atalaia do Norte.

Así lo narran historias de los invasores españoles, como las de Francisco de Orellana y el misionero Gaspar de Carvajal, sobre las mujeres guerreras, las amazonas.

Cinco aldeas del pueblo Kayapó son dirigidas por mujeres en la Amazonia. También en el pueblo Xavante, Carolina Rewaptu, lidera la tierra indígena Marãiwatsédé.

Para el sur, destaca Eunice Kerexu del pueblo Guaraní Mbya, que dirige la aldea Morro dos Cavalos. En el alto Xingú, surgió el movimiento Yamarikumã de mujeres guerreras. Enfatizan Watatakalu y Ana Terra. Ambas hijas de un gran jefe -fallecido- del pueblo Yawalapiti, Pirakuma.

Por primera vez en el Parlamento, una mujer indígena representa a los derechos indígenas. Se trata de Joenia Wapichana, abogada brasileña. La primera mujer indígena en ejercer tal profesión en Brasil. 

En las elecciones de 2018 se convirtió en la primera mujer indígena en ser electa a la Cámara de Diputados de Brasil, en representación del estado de Roraima y como afiliada a Red de Sostenibilidad (REDE)

Destaca Sonia Guajajara, coordinadora ejecutiva del gran movimiento institucional, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), aspirante a la Vicepresidencia de la República en las elecciones del 2018. 

En agosto del 2019, tuvo lugar en Brasilia la primera marcha de las mujeres indígenas, con más de 2.000 mujeres de 113 poblados. 

De acuerdo con la lideresa indígena Joziléia Kaigang, una de nuestras victorias fue la aprobación, por parte del Tribunal Supremo, de la demanda de incumplimiento de los preceptos constitucionales (DPF 709).

La Unión se vio obligada a elaborar un plan de lucha contra la Covid-19 para los pueblos indígenas. Se establecían barreras sanitarias en 33 tierras, con presencia confirmada de indígenas aislados y también permitía contener a los invasores o diseminadores potenciales de la enfermedad.

Según dicha acción, “la tasa de mortalidad de la Covid-19 entre los pueblos indígenas es del 9.6 por ciento, mientras que entre la población brasileña en general es del 5.6 por ciento”.

Ello obligó al Gobierno a llevar a cabo en un plazo de 30 días, un plan para hacer frente a la Covid-19, con garantía  de las barreras sanitarias y el aislamiento de las tierras indígenas. “Esta fue una gran victoria”.

La cobra

En medio de la pandemia agravada en Brasil se avecina una decisión histórica, trascendente para los pueblos indígenas.

Si el marco temporal se regulariza, abre -por decreto- la posibilidad de hacer inviables numerosas demarcaciones de tierras indígenas, que aún no han completado sus trámites. 

Según datos del Conselho Indigenista Missionário (CIMI), el 63 por ciento de las tierras indígenas no están legalizadas. 

Es decir, de las 1.290 tierras indígenas, 821 no tienen límites demarcados y la mayoría de estas, sin trámites de legalización. Eso bien lo saben los que se afilan los dientes, con la capitalización de esas tierras.

Con ello, se exponen los derechos de los pueblos originarios a su autodeterminación, como ha sido observado en el informe de la Misión Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, en agosto de 2016.

La saga del pueblo indígena puede ser sintetizada por el mito de la cobra grande, del pueblo Katxuyana, frente a los abusos practicados por el poder público, a favor de los invasores. 

En el contexto de la lucha por la posesión del suelo ancestral, quizá la verdadera serpiente es el Estado actual brasileño preparado para tragarse a los pueblos originarios.  

Foto: T. Turner.

El uso de la estructura de las instituciones estatales -por parte del grupo político dominante- para conseguir sus propósitos privados, es parte de la historia patrimonial brasileña. 

Sin dudas, una gran amenaza para los pueblos indígenas que luchan contra los Estados y municipios brasileños, administrados por intereses de los invasores de tierras públicas.

Esto recuerda la trama de una gran obra literaria, sobre la explotación del cacao en la región de Ilheus en el sur de Bahía.  

Los más diversos tipos humanos, atraídos por las tierras fértiles y el dinero en abundancia, como bien lo describe el célebre escritor brasileño Jorge Amado, en su libro “Tierras del sin fin”. 

Pero esta historia, que también lleva memoria, es demasiado actual.


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