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    Los pobladores del departamento de Arequipa, al sur de Perú, se mantienen en constante movilización.

Tía María es un proyecto minero de explotación y procesamiento de cobre a cielo abierto, en la provincia de Islay en la región de Arequipa, distrito Cocacharra, al sur de Perú. Conozca aquí por qué los campesinos de la zona se enfrentan a esta iniciativa al punto tal de llevarlos a un paro de 48 horas.

El proyecto pertenece a la empresa mexicano-estadounidense Southern Copper Corporation (SCC) y tendría una duración de 21 años para extraer unas 10 mil toneladas de cobre diarias utilizando las aguas subterráneas a través de pozos que se ubicarán en el Valle del río Tambo.

Desde el primer trimestre del 2009, los pobladores locales han venido denunciando la iniciativa y señalan que éste afectaría la disponibilidad de agua y por tanto limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika (pimentón o ají rojo) en el valle del río Tambo. Las primeras protestas causaron enfrentamientos con la Policía que dejaron un saldo de tres muertos y medio centenar de heridos.

Vea aquí→ ¿Por qué en Perú protestan contra Tía María?

Lucha social

Ante la represión de las autoridades peruanas y el inminente impacto ambiental del proyecto, los campesinos y trabajadores se organizaron en el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Cocachacra.

En julio del 2009 la SCC presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el marco de los procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas de Perú. Dicho estudio debía ser presentado en audiencia pública a fines de agosto a la población del distrito de Cocachacra, pero la audiencia fue suspendida por la masiva oposición de los pobladores.

Vea también Tía María, el cobre y el agua

En ese sentido, los gobiernos municipales de los distritos de Cocachacra, Islay-Matarani, Mollendo, Punta de Bombón, Dean Valdivia y Mejía, emitieron la Ordenanza Municipal que convocaba a una consulta, realizada en septiembre de ese año, la cual arrojó que un 97 por ciento de la población se mostró contra del proyecto minero.

A pesar de la legitimidad y legalidad de la consulta, las propias autoridades que la convocaron no sólo la desconocieron, sino que convocaron a una audiencia pública para aprobar el EIA elaborado por la empresa y avalado por el gobierno.

En abril del 2010, cientos de agricultores y pobladores de la zona tomaron la carretera Panamericana Sur durante 6 días, señalando que el EIA no respondía al cuidado ambiental del valle.

El Frente de Defensa de Islay, que agrupa a campesinos, obreros, pobladores, movimientos sociales y medio ambientales, realizó cerca de 3 mil observaciones al EIA. El Gobierno de Perú declaró la intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas del Río Tambo.
 

La masiva resistencia comunitaria sufrió la arremetida de la empresa y el gobierno central. A finales de marzo del año 2011 se inició un paro indefinido y generalizado de la comunidad, que buscaba el rechazo definitivo de un nuevo EIA del proyecto, lo que dejó tres víctimas fatales.

Derechos y represión

Dado la represión contra los ciudadanos, el Ejecutivo peruano se vio en la obligación de considerar inadmisible el estudio de impacto ambiental.

El proyecto minero Tía María en Perú infringe en la:

*Violación al derecho de los ciudadanos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales.

*Negación del derecho a ser representado.

*Violaciones al derecho de los pueblos a la autodeterminación.

*Violaciones al derecho de los pueblos al desarrollo.

Vale destacar que las principales actividades económicas de Cocachacra son la agricultura, la ganadería y la transformación de materias primas agrícolas. Por tanto, la contaminación de las aguas subterráneas y los ríos tendría un efecto devastador sobre la vida material de los campesinos y pobladores.

Las primeras víctimas fatales de la represión gubernamental son las siguientes:

En 2011

4 de abril: Andrés Taype Choquepuma (22 años) por herida de bala.

7 de abril: Aurelio Huarca Puma (50 años), por herida de bala. Néstor Cerezo Patana (31 años), por impacto de bala. Miguel Ángel Pino (23), por herida de bala.

A pesar del rechazo total al proyecto y los muertos ocasionados por la represión policial, el 5 de noviembre de 2013, Southern Perú presentó al Ministerio de Energía y Minas el nuevo EIA de la iniciativa.

Para agosto de 2014, el Ejecutivo peruano aprobó el segundo EIA propuesto por la Southern Copper Corporation, luego de supuestamente “subsanarse las observaciones a dicho plan ambiental”. Los representantes de la transnacional minera afirmaron que el agua que utilizarían para operar la mina “sería obtenida del mar” y prometieron la construcción de una planta desalinizadora.

En ese sentido, a través de un comunicado, la SCC declaró en marzo de 2015 que continuará proyecto.

Nuevas protestas contra el proyecto Tía María

Desde la declaración de la compañía minera de continuar el proyecto, resurgieron las protestas de los campesinos y pobladores locales.

Diversas autoridades, como el alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale Cruz y de los distritos de Deán Valdivia, de Cocachacra y de la Punta de Bombón, se reunieron el 21 de abril con dirigentes de la provincia de Arequipa para ultimar detalles de un paro regional. Los alcaldes ratificaron en ese entonces su posición de no otorgar licencia social al proyecto minero Tía María.

La represión estatal no se hizo esperar y al día siguiente -cuando inició el paro- fue asesinado Victoriano Huayna Nina, de 61 años, por impacto de bala en el abdomen. Otras 20 personas resultaron también heridas de bala en enfrentamientos contra efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Islay, en Arequipa.

El 5 de mayo, luego de varias reuniones entre los campesinos y el Gobierno de Perú, se produjo otra arremetida contra la población civil.

En esta ocasión los choques se suscitaron en la zona de Alto Inclán en Mollendo, donde fueron asesinados Henry Checlla Chura, de 35 años, y Alberto Vázquez Durand, de 51 años, por heridas de bala y golpes, respectivamente.

En la primera semana de mayo fueron desplegados dos mil policías en la provincia de Islay, con el fin de “establecer el orden” en dicha demarcación. Desde el reinicio de las protestas el saldo oficial de heridos es de 120.

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Las autoridades peruanas insisten en que solo se abrirán al diálogo si cesan las actividades de protesta que desarrollan desde hace más de 40 días.

La Defensoría del Pueblo de Perú instó a la Policía Nacional y al Ministerio Público a garantizar la vida e integridad física de los pobladores en las protestas que éstos puedan convocar. El proyecto de cobre al sur de Perú, es uno de los 211 conflictos sociales registrados hasta el mes de marzo por la Defensoría del Pueblo, que por lo general atiende temas socioambientales de actividades extractivas.

El paro de los pobladores del valle del Tambo cumplió 52 días este miércoles 13 de mayo.

El presidente de Perú, Ollanta Humala, hizo un llamado a la calma y advirtió que puede declarar estado de emergencia si las acciones de calle continúan. Pidió a la población retomar el diálogo en torno al proyecto cuprífero Tía María, y se negó a viajar a Arequipa para enfrentar el problema.


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