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Desde principios del mes de marzo, los líderes de la Unión Europea (UE) estudiaron distintas alternativas para legalizar un acuerdo con Turquía, que planteaba la expulsión de refugiados fuera del territorio comunitario. Sin embargo, las organizaciones internacionales y humanitarias denunciaron que el preacuerdo alcanzado entre el bloque comunitario y Ankara violaría el derecho a la protección.
El proyecto de acuerdo provisional de la UE y Ankara sostenía que los refugiados que lleguen a Grecia desde Turquía serían registrados y cualquier solicitud de asilo sería procesada, según el derecho europeo, y los devueltos serán protegidos de acuerdo con los estándares internacionales.
El texto señala que "se dará prioridad a los inmigrantes que no han entrado previamente o intentado entrar a la UE de manera ilegal".
La declaración indica que, solo una vez que el número de llegadas ilegales desde Turquía a la UE "se haya frenado o al menos sustancialmente reducido", se activará el sistema de admisión humanitaria, que será "voluntario" para los Estados miembros.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, cerraron el pasado 18 de marzo el acuerdo para devolver a Turquía a todos los refugiados nuevos, inclusive los sirios, que crucen desde este país hacia las islas griegas desde el domingo 20 de marzo, además de aclarar que aquellos que no deseen pedir asilo o que no cumplan los requisitos para recibirlo tendrán que ser deportados.
"Acuerdo. La prueba de su implementación empieza el domingo", señaló la presidenta de Lituania, Dalia Grybuskaitè, en un mensaje de la red social Twitter, al tiempo que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó que "hay un acuerdo unánime entre todos los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y el primer ministro turco".
#EU-#Turkey Agreement in place. A test of implementation starts on Sunday.#EUCO
— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) 18 de marzo de 2016
La UE y Turquía precisan que todos los refugiados que lleguen a las islas griegas serán debidamente registrados y sus solicitudes de asilo procesadas "de forma individual" por las autoridades helenas, de acuerdo con la directiva europea de asilo y en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Dentro del acuerdo se estableció un intercambio denominado "Uno por uno", es decir, por cada sirio devuelto a Turquía, la UE se compromete a aceptar por vías legales a otro sirio desde este país, e indica que este proceso se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de vulnerabilidad de la ONU, organización que desde el principio no ha estado de acuerdo con el intercambio de personas.
La vocera para temas de migración de la Comisión Europea, Natasha Bertaud, explica que la idea es que todos los inmigrantes detenidos en aguas griegas sean llevados a alguna isla griega para un primer cribado, según información de un medio de noticias internacionales.
Estos, serán luego regresados a Turquía para un nuevo estudio de sus casos y "si no tienen derecho a protección internacional" (lo que actualmente solo aplica a los ciudadanos sirios) serán enviados a sus países de origen; mientras que todos los que sean "rescatados por la OTAN" en aguas turcas serán llevados a Turquía, país que se encargará de definir su estatus.
El dato: El año pasado, más de un millón de personas se dirigieron a Alemania, Austria y Suecia. Precisamente, el alto comisionado reconoció "la generosidad" alemana.
Hasta el momento no se ha aclarado qué pasará con los miles de refugiados que ya están en Grecia, cifra que alcanza las 46 mil personas.
Según el responsable europeo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Vicente Cochelet, una "expulsión colectiva de extranjeros [...] no sería consistente con la legislación europea ni con la legislación internacional".
Por otra parte, el jefe de Acnur, Filippo Grandi, también le dijo al Parlamento Europeo que la idea de devolver a solicitantes de asilo sin tener seguridad de que se iban a respetar sus derechos bajo la ley internacional era motivo de profunda preocupación.
El Gobierno de Ankara pactó recibir unos 3 mil millones de euros de la Unión Europa (más de tres mil 375 millones de dólares), la posibilidad de liberación de visados y la agilización de su inclusión en el bloque comunitario como parte del Acuerdo, donde adicionalmente, como contrapartida se incluirán otros 3 mil millones de euros de ayuda para los casi tres millones de refugiados que alberga Turquía.
Fuentes citadas por la agencia de noticias EFE señalan que la UE evalúa la posibilidad de realizar entrevistas particulares con cada refugiado antes de iniciar un proceso de deportación hacia territorio turco.
El analista José Antonio Egido dijo a teleSUR que la Unión Europea y Turquía son grandes responsables del drama de los refugiados y ahora lo tratan de paliar de manera cínica, dando millones de euros no a la reconstrucción de Siria para que los refugiados puedan volver, sino a financiar el gobierno de Recep Tayip Erdogan.
Según el analista, Danilo Albin Turquía podría haber actuado antes y no esperar el dinero de la Unión. Albin, afirmó que en ese país funciona la mafia del tráfico de refugiados y recalcó que Ankara no ha mostrado la disposición para resolver el asunto.
Días antes de la firma del acuerdo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, acusó a las autoridades europeas de violar principios fundamentales como la solidaridad, la dignidad y los derechos humanos de concretarse el proyecto de expulsar colectivamente a los refugiados que lleguen a sus costas, además de despojarlos de sus pertenencias y evitar la agrupación familiar.
Por otra parte, distintas organizaciones defensoras de DD.HH. y a favor de los refugiados señalaron que llevarán la resolución al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque viola los tratados europeos, así como puntos del convenio de Ginebra en materia de derechos humanos.
El colaborador de teleSUR en Europa, Hibai Arbide, informó que el acuerdo entre la UE y Turquía desconoce a todos los refugiados que huyen de la guerra en Siria y los califica de migrantes irregulares, por lo que serán devueltos a Turquía, violando los acuerdos europeos e internacionales sobre derechos humanos.
También, el analista español Danilo Albin en entrevista para teleSUR declaró que Turquía se va a convertir en un gran campo de concentración de refugiados y recordó que el país se caracteriza por el respeto a las personas.
Con la aprobación de la nueva resolución, la UE está violando sus propias leyes y las internacionales sobre refugiados y derechos humanos, afirmó Albin.
El polémico pacto incumple al menos cinco convenciones o tratados sobre derechos humanos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, pasando por la Convención de Ginebra sobre los Refugiados (1951) o la propia Convención Europea de Derechos Humanos, en vigor desde 1953.
El derecho de asilo: Quedó severamente restringido tras la aprobación del Acuerdo. Está explícitamente garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 14 señala: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en otros países”.
Asimismo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, proclamada en el 2000, “garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea”.
Prohibición de las expulsiones colectivas: El artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, reza: “Se prohíben las expulsiones colectivas (...) Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes”.
Prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros: En la Convención Europea de Derechos Humanos, protocolo IV, artículo 4, acuerda: “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia oficial, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales” (artículo 13).
Prohibición de expulsión o devolución: El proyecto de la Convención de Ginebra, en su artículo 33 establece: “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
Protección especial a menores de edad: Por último, el acuerdo infringe también la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado universal que se aprobó en 1989 para defender en el mundo los derechos de la infancia, uno de los colectivos más vulnerables en la actual crisis migratoria.
En este convenio se fija el derecho a la reunificación familiar y a la asistencia jurídica en cualquier infracción legal, pero sobre todo, se establecen los derechos de los niños refugiados, a quienes “se proporcionará protección especial (…) y es obligación del Estado cooperar con los organismos competentes para garantizar dicha protección y asistencia” (artículo 22).
